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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
Acusados por los delitos como homicidio agravado, cialis agrupaciones ilícitas, cheap robo agravado, illness extorciones y homicidio en grado de tentativa, el Juzgado Especializado de Instrucción “A” decretó apertura a juicio contra 27 imputados, supuestos miembros activos de la pandilla “18 Revolucionarios”. A los 27 imputados la Policía Nacional Civil (PNC) los capturó en junio de 2015, y a la fecha esperan que un tribunal de Sentencia realice la audiencia de vista pública.
Según reporte judicial, a los imputados se les acusa de homicidios registrados entre marzo y mayo de 2014, en las zonas conocidas como La Zorra en San Luis La Herradura, hacienda Obrajuelo, San Nicolás Lempa; sector del Copinol y Tecoluca.
Uno de los homicidio se registró en una miembro de la propia pandilla, conocida como “La Chiqui”, por supuestas rivalidades con los demás, le dispararon y enterraron en una zona boscosa de la hacienda “el Obrajuelo”, en Tecoluca, San Vicente, el hecho se registró en marzo de 2014. A finales de abril, en los viveros de camarón del cantón La Zorra en San Luis La Herradura, varios de los imputados llegaron a la casa de Crisanto Buenaventura, a quien confundieron con un familiar de un pandillero de “Los Sureños”; lo sacaron de la casa por la noche y le dispararon.
Según testigos, los acusados iban vestidos con uniformes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército Nacional, usaron armas de grueso calibre y de uso privativo de las entidades ya referidas como fusiles AK-47, M-16. En mayo de 2014, los pandilleros irrumpieron en la gasolinera Puma, conocida como El Playón, en el cantón El Copinol, Zacatecoluca.
Presuntamente la orden de este hecho salió del centro penal de Gotera, Morazán; del lugar se llevaron mil 800 dólares, tres celulares y una gran cantidad de tarjetas para los mismos. Además, los acusados imponían la denominada “renta” a negocios como un prostíbulo donde cobraban $35 a la semana; similar a un servicios de pick-ups, $138, una cantina y un taller para bicicletas, $5 y unas moto taxis $90 mensuales. El Juzgado Especializado basó su resolución, de apertura de juicio, por la declaración de testigo bajo régimen de protección, en la penalidad de los ilícitos y la peligrosidad que representan los procesados.
