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Redacción Diario Co Latino
El Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque rechazó la petición de realizar una audiencia de revisión de medidas sustitutivas a la detención provisional, presentada por la defensa legal de los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES el pasado 8 de junio.
En la solicitud, la defensa planteó como principal argumento el mal estado de salud de los activistas ambientales, certificado con informes de evaluaciones realizadas por peritos del Instituto de Medicina Legal (IML) en los cuales se ordena a las autoridades penitenciarias dar tratamientos médicos a todos los detenidos. Sin embargo, el referido tribunal alegó que los informes del IML “no son recientes” y “no muestran una situación crítica de los detenidos”.
Según dijeron a Diario Co Latino fuentes cercanas al caso, el juzgado respondió que la defensa debió demostrar cuál es el estado de salud actual de los detenidos, aun cuando “la petición planteaba la verificación de la situación actual como parte del proceso de revisión de medidas sustitutivas a la detención”.
Esta es la segunda ocasión que el referido tribunal se niega a analizar la posibilidad de revertir la prisión preventiva de los luchadores sociales de Cabañas, quienes ya llevan más de cinco meses encarcelados por supuestos delitos cometidos durante la guerra civil.
El 8 de febrero el juzgado rechazó la misma petición, alegando básicamente los argumentos de la Fiscalía para justificar la detención provisional. Ahora respondió que la defensa “no aporta elementos adicionales” a los plantados en aquella ocasión y que “la solicitud es repetitiva”, a pesar de que ésta pueda presentarse en cualquier momento del proceso judicial, como lo establece el artículo 343 del Código Procesal Penal.
Con esta resolución del Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque los líderes comunitarios seguirán detenidos, a pesar de que el pasado 16 de mayo Naciones Unidas, a través de la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, pidió al Estado salvadoreño liberados inmediatamente.
Juzgado impide que defensa presente peritos independientes
En su resolución, el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque también rechazó la petición de la defensa de los líderes comunitarios referida a incorporar a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala en el proceso de exhumación que se realizará la próxima semana. La solicitud plantea la participación de personal de la referida fundación como peritos accidentales, junto a los personeros de Medicina Legal que realicen el procedimiento.
Sin embargo, el tribunal rechazó la petición por razones diversas e incluso contradictorias, por ejemplo: que la solicitud está fuera del plazo establecido para presentarse, que “no es momento procesal para ofrecer prueba de ningún tipo” y que la defensa no detalla el personal de la Fundación Guatemalteca de Medicina Forense ni acredita su experiencia.
Jueza amenaza con sancionar a la defensa legal
Este medio también constató que la resolución del Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque incluye una advertencia a la defensa legal de los líderes comunitarios, en represalia por sus expresiones de duda sobre la imparcialidad del tribunal.
“Prevéngase a los defensores particulares se abstengan de manifestar un actuar imparcial por parte de la suscrita, por existir los mecanismos respectivos en caso de advertir tal actuar de conformidad con el art. 66 C. Pr. Pn”, dice la resolución en poder de Diario Co Latino.
El llamado de atención de la titular del juzgado se debe a que, en la petición de incorporar a miembros de la Fundación Guatemalteca de Antropología Forense, la defensa legal de los defensores ambientales pone en duda la imparcialidad del tribunal en el procedimiento de exhumación solicitado por la Fiscalía.
La jueza basa su procedimiento sancionatorio en los artículos 131 y 132 del Código Procesal Penal, según los cuales son infracciones de los defensores particulares, entre otras, la aseveración de hechos falsos, ofrecimiento de prueba falsa, conductas dilatorias, reiteración de peticiones sobre cuestiones resueltas y la presentación de peticiones infundadas e improcedentes.
Recursos pendientes de resolución
La defensa legal de los ambientalistas de Santa Marta y ADES también ha presentado, en el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, una petición de nulidad de la acusación penal, amparándose en la Ley de Reconciliación Nacional de 1992 y en los Acuerdos de Paz.
La semana pasada también presentó un recurso de Hábeas Corpus en la Corte Suprema de Justicia, argumentando los problemas de salud de los detenidos, violaciones de derechos humanos y fallas del debido proceso. La demanda también se fundamenta en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos según la cual la detención provisional es una excepción y no la regla.
El pasado fin de semana, la Asociación Americana de Juristas (AAJ) pidió la inmediata libertad de los ambientalistas, que se respete el debido proceso legal y que el caso se procese fuera de las disposiciones del régimen de excepción.
Para la AAJ y otras organizaciones internacionales que se han pronunciado antes, la acción penal contra los activistas de Cabañas es una criminalización de la lucha ambiental y una instrumentalización del sistema judicial para perseguir a activistas sociales que se oponen a la minería metálica.
