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Gloria Orellana
@DiarioCoLatino
Ivette Toledo, madre de los hermanos desaparecidos Karen y Eduardo Guerrero, refutó totalmente las declaraciones que hiciera el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quien relacionó el caso con una situación de venta y consumo de drogas.
“Lamento que las autoridades del Estado tengan un discurso que revictimice y estigmatice a mis hijos desaparecidos, por el simple hecho de ser jóvenes”, dijo la madre entre lágrimas.
“Quiero aclarar que mi hija y mi hijo no tenían vínculos con pandillas, ni ninguna estructura del crimen organizado, ni realizaban prácticas ilegales de ningún tipo”, aseveró, Ivette Toledo, y desmentir así al ministro de seguridad.
En las declaraciones que hiciera el pasado lunes 8 de noviembre, el ministro Villatoro, junto a personeros de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, acusó a los jóvenes de provocar su desaparecimiento por “consumo y venta de drogas”, además de culpar a los padres por no enterarse de lo que hacen sus hijos.
Las declaraciones de Villatoro generó una ola de rechazos en las redes sociales que señalaban a las autoridades de encubrir una realidad que golpea a miles de familias que se encuentran en similar situación.
“Eso no es solamente una falta de respeto a mí, como su madre, a mi familia, o cualquier víctima de desaparición forzada, sino también es una calumnia de las autoridades a quienes responsabilizo de antemano por cualquier represalia de la cual podamos ser objeto cada uno de los miembros de mi familia y esto tenga como consecuencia el peligro a nuestra integridad, incluso, nuestra vida”, sostuvo la madre víctima.
Sobre las declaraciones del ministro Villatoro en cuanto al tiempo de la denuncia, quien afirmó que fueron hechas 48 horas (2 días) después de la desaparición de Karen y Eduardo, Ivette Toledo lo desmintió al señalar que hay registro oficial en la sede de la Policía Nacional Civil de Santa Tecla, La Libertad, que fue el mismo día de su desaparición, 18 de septiembre del presente año, que se puso la denuncia en la sede policial.
Toledo agregó que fueron los agentes de la corporación policial, quienes les manifestaron enfáticamente que tenía que pasar un lapso de 72 horas (3 días), para poder interponer la denuncia de la desaparición de Karen y Eduardo Toledo, y, por tanto, no fue tomada.
“Mi angustia y preocupación como madre me hizo presentarme en la misma delegación a preguntar si se tenía información de Eduardo y Karen, el domingo 19 de septiembre, a las 8 de la mañana , llevaban 19 horas de desaparecidos. Y en esta ocasión el agente de turno si me atendió y logré hasta ese entonces interponer la denuncia. Tenemos una copia de la misma en donde constan estos datos”, señaló.
“Son completamente falsas las declaraciones de miembros del Gabinete de Seguridad del Gobierno en las que afirman que yo como madre esperé 48 horas para interponer la denuncia. Creemos, como familia que esta afirmación no solo es penosa al carecer de veracidad, sino, también, que intenten culpabilizar a las madres, padres y demás familias salvadoreñas de los problemas graves de seguridad que tiene el país”, subrayó.
Asimismo, Toledo denunció una serie de obstáculos que las autoridades de seguridad han generado, como falta de información sobre el caso de Karen y Eduardo; así como, el cambio de los primeros investigadores policiales y fiscales, que solo ha venido a retrasar su proceso de búsqueda, por lo que pidió a la institucionalidad del Estado realizar su trabajo encomendado por la Constitución de la República, de manera seria y con profesionalismo.
“Queremos que el caso se trabaje lejos de agendas políticas o mediáticas de las instituciones de Gobierno que quieren responsabilizar a las víctimas para evadir sus competencias legales y sus obligaciones de prevenir y sancionar la violencia y el crimen”, dijo la angustiada madre.
“Los problemas de seguridad del país, están latentes, las familias estamos sufriendo la desaparición de nuestros hijos e hijas, y no nos vamos a callar hasta encontrar una respuesta integral a este problema social tan grave”, expresó.
La “desaparición forzada”, que si bien, parece un fenómeno endémica en la historia del país, ha tenido un considerable aumento en los últimos meses, como presentó el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA (OUDH), luego de una audiencia que tuvo un colectivo de organizaciones no gubernamentales con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el tema de desaparecidos.
Las cifras que fueron presentadas ante la CIDH, dan cuenta que cifras oficiales de entes gubernamentales como la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil (PNC), era un porcentaje del 30%, alrededor de 1,192 personas desaparecidas, que al compararlas con cifras anteriores registra un aumento del 80%
Ante esta situación de incertidumbre generada por las autoridades, Ivette Toledo acudió a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de las y los desaparecidos, que brindan acompañamiento asesoría jurídica y representación legal en estos casos.
“Nuestros representantes legales se han hecho parte en el proceso, desde este 8 de noviembre y forman parte del proceso de investigación fiscal que se lleva y harán parte en el juicio penal contra los imputados y asegurarse que como familia tengamos información y conocer los hechos concretos, y que asegure nuestra voz como víctimas”, reiteró.
Mientras, Pedro Cruz, Idalia Zepeda de la Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos (ASDEHU) y Johanna Ramírez, coordinadora del Área de Atención a Víctimas de la Violencia del Servicio Social Pasionista (SSPAS), como representantes legales de Ivette Toledo, informaron sobre las primeras acciones que realizarán sobre el caso de los hermanos Guerrero.
“Ivette Toledo nos buscó ante la falta de información que ellos tenían de parte de las autoridades, así que desde ayer (8 de noviembre), y mi colega Pedro Cruz, nos hemos hecho presente ante la Fiscalía General de la República para mostrarnos como parte en representación de las víctimas y hemos pedido tener acceso a las diligencias de investigación, porque la familia no cuenta con información eficaz y diligente sobre este tema.
Y hemos solicitado el requerimiento fiscal para tener toda la información necesaria”, manifestó Zepeda.
Unido a esta diligencia, la representación particular se presentó ayer ante el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, en donde fueron presentados los imputados José Alexander Martínez Saavedra (conductor del vehículo de alquiler) y Víctor Alexander Ruiz Mejía, acusados del delito de desaparición de personas ( previsto y sancionado en el artículo 148 del Código Penal), para tener acceso a las diligencias.
Pedro Cruz agregó: “Vamos a velar para que se ejecute o se realicen las diligencias orientadas a la búsqueda de los jóvenes desaparecidos, que es el principal mandato que nos ha dado Ivette Toledo, y, en segundo lugar, para garantizar en las diligencias judiciales el respeto a la dignidad de las víctimas y derechos constitucionales y tratados internacionales”.
Sobre las declaraciones del ministro Villatoro, en torno al caso, Cruz las calificó de “irresponsables e injuriosas y contradictorias”, las que se agrava al pedir la reserva del caso y evitar el acceso de información , para mantener una sola versión oficial. Como el señalamiento que el funcionario adjudicó a la Ivette Toledo, al señalarle su retardo en la denuncia, cuando la Fiscalía cuenta con un Protocolo de Acción Urgente (PAU), que no fue activado, pese a la denuncia.
“Vamos a intervenir en el proceso y si dentro del mismo se logra determinar que hay veracidad en la investigación, nos vamos a constituir en parte querellante, de lo contrario solo actuaremos como representantes de la víctima, que se aclaren datos que según la familia nos ha manifestado, están alejados de la realidad y existen contradicciones”, dijo.
Ante los señalamientos de las autoridades de seguridad, que las organizaciones sociales que acompañan a Ivette Toledo en el caso del desaparecimiento de Karen y Eduardo, las están manipulando y las vinculan a un partido de izquierda, respondieron: “Nosotros vamos a trabajar profesionalmente este caso judicial y vamos a defender los derechos de las víctimas, y buscando que haya diligencias para encontrar a los jóvenes desaparecidos, otro tipo de connotaciones son alejadas de nuestro trabajo”, apuntó Cruz.
Mientras, Johanna Ramírez, del SSPAS, señaló que este fenómeno al que se suman miles de víctimas no ha sido atendido con prontitud por las autoridades de seguridad y el Estado, lo que ha generado un impacto social en la actualidad nacional.
“Estos lamentables hechos que ocurrieron en donde el Estado salvadoreño no ha establecido aún mecanismo de prevención ante las desapariciones, no podemos hablar de prevención solamente punitiva, sino también se debe hablar de los impactos que están viviendo las miles de familias que se encuentran sin respuesta de las autoridades estatales”, agregó.
“Es importante aclarar que las declaraciones del ministro Villatoro solo generan revictimización como ha dicho muy valientemente la madre de Karen y Eduardo, que como otras familias han denunciado la pasividad de las autoridades estatales en la búsqueda y acceso a la información de sus familiares que se encuentran desaparecidos. Y esas declaraciones del ministro, son insuficientes como para poder emitir algún tipo de valoración”, puntualizó.
