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Por Fredis Pereira
Máster en Administración y Gerencia Pública
La negligencia, incompetencia y descuido de las autoridades de la Universidad de El Salvador (UES) ha logrado mantener una administración irracional marcada por la ineficiencia y la ineficacia. Esta administración irracional es contraria a los intereses del pueblo y debe ser erradicada para procurar el progreso educativo en El Salvador.
La política de ahorro que debería funcionar para superar la irracionalidad administrativa solo ha sido un eslogan publicitario en la UES. En lo medular, la rutina de sobresueldos injustificados continúa en plena inobservancia del principio de eficiencia. Esta práctica se observa, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Económicas, donde a un profesor nombrado a medio tiempo se le asignan dos grupos de clase, y a los profesores de tiempo completo, que deberían atender cuatro grupos por el salario ordinario, se les paga un sobresueldo por atender el cuarto grupo.
La irracionalidad en la administración también es evidente en las contrataciones de jefaturas y personal eventual. Esto se descubre porque se gasta el dinero sin asegurar la contratación de personas idóneas, pues ni siquiera se tiene un manual de descripción de puestos que permita conocer los perfiles idóneos para el trabajo. Se contrata, por ejemplo, a un bachiller, en cargo de jefatura, donde racionalmente se requiere un profesional capacitado; y sucede así, a pesar de las observaciones de los informes de auditoría sobre las contrataciones.
La irracionalidad se ha sostenido porque las autoridades se han rehusado a transparentar los procesos de contratación. Por años se ha carecido de lineamientos estandarizados para la adecuada administración y control de contratos del personal de la Universidad de El Salvador, lo que impide tener certeza de los procedimiento que sigue la administración universitaria en estos procesos, generando así las condiciones para el clientelismo político, el nepotismo y el tráfico de influencia en las contrataciones, en contravención a la Ley de Ética Gubernamental y las convenciones contra la corrupción; que dicho sea de paso, que con estos contratos se benefician con recurrencia los jefes de unidades administrativas y los miembros de los órganos del gobierno universitario.
Las contrataciones en esta administración irracional se aprueban sin la debida deliberación y estudio. Un caso ejemplificante, son las contrataciones que se han realizado durante los últimos cinco años en la Escuela de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, donde con frecuencia se ha contratado personal docente en tiempo adicional, a pesar de que el director de la Escuela ha manifestado que la demanda de los estudiantes ha disminuido, y que la planta docente es suficiente para atender la demanda.
La irracionalidad se manifiesta además en el gasto de recursos distraídos de los fines institucionales. Así vemos cómo se mantiene una unidad administrativa denominada Fondo Universitario de Protección (FUP), que funciona con recursos públicos, por estar subvencionados los gastos de servicios de agua, luz e instalaciones, sin que exista un estudio de factibilidad que justifique su existencia y su conveniencia para los fines institucionales.
La creación de unidades administrativas sin un estudio de factibilidad es recurrente en la administración irracional de la UES. Así, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas tiene de hecho la unidad de Vinculación Universidad-Sociedad, que en esencia realiza tareas que en la legislación universitaria está previsto que realicen otras unidades, que también se financian con fondos públicos, creando condiciones de duplicidad del gasto.
Además, en la misma facultad se destinan recursos para la Unidad de Comunicaciones sin que se haya creado siguiendo el proceso legalmente establecido para justificar y legalizar su existencia. ¿Cuándo terminará la administración irracional en la UES?
