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José Acosta
El incremento en el precio del frijol ha encendido un debate sobre la gestión del anterior gobierno, capsule store que no implementó medidas suficientes para estimular la producción nacional, generic también se cuestiona la veracidad de que en 2013 se haya obtenido la mayor cosecha de granos básicos en la historia del país, recipe 22.6 millones de quintales de maíz y 2.7 millones de quintales de frijol, así como lo informó el Ministerio de Agricultura, en diciembre pasado.
Reducir el análisis a las estadísticas de una sola cosecha o a la política agropecuaria de un gobierno en particular, es tener una visión limitada de la realidad y de la historia, ya que la situación actual es una consecuencia del modelo económico neoliberal, implementado en el país a partir de la década de los años noventa, en donde prevaleció la idea que la seguridad alimentaria no debería existir como política pública porque el libre mercado se hace cargo de ella. De esta manera se desmontaron las políticas sectoriales de la agricultura, con ello se logró un proceso acelerado de desarticulación y desaparición de las instituciones que apoyaban la agricultura campesina y los programas y proyectos que habían logrado que El Salvador produjera su propia alimentación, desaparecieron.
Para el economista Raúl Moreno, en el proceso de ajuste estructural, el sector agropecuario ha sido el gran perdedor, bastaron 17 años para terciarizar la economía salvadoreña y convertirla en una economía de servicios, dependiente de las remesas familiares y con un sector agropecuario en franco estado de postración. Esto se tradujo en una progresiva destrucción del empleo que ha profundizado los niveles de exclusión, pobreza y emigración en el área rural. En poco más de una década la población ocupada en el agro se redujo de 638,293 personas en 1991 a 438,188 en 2004.
Otras medidas neoliberales que profundizaron la crisis de la agricultura han sido la dolarización y la firma de Tratados de Libre Comercio que abrieron el país al mercado internacional agrícola eliminando todo tipo de protección a la producción nacional. Razón por la cual no debe extrañar que la tasa de pobreza de los ocupados en la agricultura sean casi el doble del promedio nacional.
Otra situación histórica que ha tenido mucha incidencia en el estancamiento de la agricultura nacional, es la injusta distribución de la tierra y el mal uso que se hace de ella. A pesar de las reformas agrarias, transferencias de tierra y otros procesos de legalización de propiedad, el acceso a la tierra y la garantía de hacer un uso sostenible y productivo de la misma es un problema no resuelto.
Al respecto, el Concejo Coordinador de Trabajadores del Campo (CNTC), sostiene que el 75.3% de la tierra agrícola del país es controlada por el 7.6% de los productores, con propiedades mayores a las 20 manzanas, en consecuencia solo el 24.7% de la tierra estaría controlada por el 92.4% de los pequeños productores, además, la misma fuente aclara que esta inequidad podría ser mayor, por los mecanismos indirectos que muchos miembros de la burguesía oligárquica del país han venido utilizando para reconcentrar la tierra. Al analizar el problema con visión de género, la realidad es más dramática, según lo reportado por el PNUD, en el año 2008, la tierra agrícola del país estaba bajo la propiedad de un 81.7% de hombres y tan solo el 18.3% de mujeres.
La destrucción de los recursos naturales es otro de los problemas que afectan seriamente las actividades agrícolas, por ejemplo, solo en lo que respecta a las condiciones del suelo, el Ministerio de Medio Ambiente señala que el 70% de los suelos se encuentra erosionados, debido a que 59 millones de toneladas métricas de suelo se pierden cada año producto de la deforestación, además, por lo menos 40 municipios, con un área total de 3,630 kilómetros cuadrados, están amenazados por la desertificación.
Aunado a la depredación de los ecosistemas, están las manifestaciones del cambio climático, las sequías y las inundaciones han sido recurrentes. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos reporta que la tormenta tropical 12E, en lo que se refiere al sector agropecuario, ocasionó la pérdida de 3,802 manzanas cultivadas con granos básicos y 591 manzanas de otros cultivos como frutas, hortalizas, café y caña de azúcar. Al cuantificar económicamente los daños al sector agrícola estos alcanzaron los 105.3 millones de dólares.
Ante esta realidad de la agricultura nacional y factores que la profundizan, el gobierno del FMLN, en el año 2009, se comprometió a incrementar la inversión en seguridad alimentaria y nutricional y se trazó como objetivo prioritario: aumentar de manera sostenida la producción nacional para el consumo interno, para la exportación y la sustitución eficiente de importaciones y disminuir así la dependencia del país de las importaciones de alimentos y de productos agroalimentarios.
A partir de este objetivo hubo mayor apoyo al sector agropecuario, en relación a los gobiernos anteriores. Durante la gestión del Presidente Funes se ampliaron los subsidios a los pequeños productores, al mismo tiempo su distribución fue más eficiente; se entregaron títulos de propiedad a unas 50,000 familias campesinas, se otorgó créditos a 27,000 pequeños agricultores y se facilitó apoyo tecnológico a 23,500 campesinos. En consecuencia incrementó la producción nacional de granos básicos.
Estos son signos positivos que iluminan un camino por el cual el nuevo gobierno debe seguir transitando; sin embargo, para salir de la crisis estructural en la cual la agricultura continúa sumergida, se vuelve necesario tomar decisiones impostergables, tales como: rehabilitar y proteger los recursos naturales, aprobar una ley de soberanía alimentaria, regular el uso de agro-tóxicos, aprobar la ley general de agua, prohibir la minería metálica, redistribuir la tierra, cancelar el tratado de libre comercio con los Estados Unidos y, sobre todo, renunciar a la doctrina económica neoliberal.
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