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Por Daniel Bosque
Barcelona/AFP
La alianza independentista en Cataluña se rompió este miércoles debido al rechazo de la izquierda radical a apoyar los presupuestos del gobierno, una pieza clave en el plan de ruptura unilateral con España.
Candidatura de Unidad Popular (CUP), el partido de la izquierda radical, se había comprometido en enero pasado a dar estabilidad al gobierno de la coalición Juntos por el Sí, formada por partidos independentistas de derecha e izquierda.
Sin embargo, la dirección de la CUP decidió el martes a última hora impedir este miércoles la tramitación parlamentaria de los presupuestos.
«Son manifiestamente insuficientes» marcados por «el mantenimiento de la austeridad y la sumisión al gobierno central», argumentó en el parlamento Eulàlia Reguant, diputada de la CUP, que reclama superar el objetivo de déficit marcado por el gobierno español y aumentar impuestos a las clases altas.
Salvo sorpresa, los diez diputados de la CUP se alinearán esta tarde con los 63 diputados no independentistas para dejar en minoría al gobierno, con sólo 62 escaños.
Esto impedirá la adopción del presupuesto en la región más rica de España y complica enormemente los planes secesionistas del gobierno del independentista Carles Puigdemont, que deberá prorrogar los presupuestos de 2015 con un nivel de gasto mucho más limitado.
Peligra el proceso independentista
Después de obtener la mayoría absoluta del parlamento regional en las elecciones de septiembre, los separatistas se comprometieron a lanzar un plan de 18 meses para convertir esta región mediterránea en una república independiente.
Para ello contemplaban la puesta en marcha de instituciones como un banco central o una hacienda independiente, a la que destinaban 48,5 millones de euros en este presupuesto.
También querían aumentar en 874 millones de euros el gasto social con el objetivo de aumentar el apoyo a la secesión entre la población catalana pues, a pesar del auge nacionalista de los últimos años, todavía no disponen de una mayoría clara de partidarios.
«Lo que ha sucedido es muy grave», afirmó a la radio Cadena Ser la portavoz del gobierno regional, Neus Munté. «Para llevar a cabo la hoja de ruta (…) los presupuestos eran absolutamente imprescindibles».
Incluso, no descartó una nueva convocatoria electoral apenas un año después de los últimos comicios que se habían presentado como el comienzo de la construcción de la independencia catalana.
Desde Madrid, donde los partidos se preparan para las elecciones legislativas del 26 de junio, la derecha del Partido Popular en el poder aprovechó la crisis catalana para atacar a los «radicales» del partido antiausteridad Podemos, que podrían alzarse como la segunda fuerza del país.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, criticó al gobierno catalán que se hubiera puesto «en manos de la radicalidad».
«Cuando uno se coloca a merced de esta gente sabe perfectamente en qué dinámica están», dijo en la radio Onda Cero.
La oposición en Cataluña tampoco dudó en poner el dedo en la llaga y reclamó al gobierno dejar de lado su alianza con la CUP para buscar socios más estables a cambio de abandonar el proyecto independentista.
«Vuelvan al camino de la sensatez», dijo Antonio Espino, portavoz del principal grupo opositor, Ciudadanos, poniendo en duda su capacidad de avanzar hacia la secesión si apenas pueden aprobar un presupuesto. «Nadie con conocimientos de escalada se propone escalar un 8.000 si no puede escalar un 2.000».
Según una fuente del gobierno, el presidente Carles Puigdemont comparecerá después de la votación para dar por finalizado el pacto con la CUP.
La duda será si dada la debilidad política y económica del gobierno regional, altamente endeudado y dependiente de los préstamos del ejecutivo central, podrá mantener su plan de ruptura unilateral o se verá forzado a cambiar de estrategia.
