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Una vez más, el movimiento popular marchó el viernes por las principales calles de la capital, para protestar por lo que ellos llaman la privatización del agua. A media semana hubo otra, en la que participaron estudiantes de la Universidad de El Salvador, para protestar por el mismo tema.
Las protestas han sido originadas luego que la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, aprobaron el artículo 14 del anteproyecto de ley del agua, en el que incluyó a dos sectores de la empresa privada, bajo el argumento que son los que utilizan el 50 % del agua que se consume en el país.
Las protestas vinieron de inmediato, pues está claro que lo que habían hecho los diputados de derecha en la Comisión de Medio Ambiente, era convertir al sector privado en juez y parte en el tema hídrico salvadoreño.
Tras las protestas, los diputados dieron marcha atrás y anularon los 14 artículos del nuevo anteproyecto de ley que habían aprobado a principios de la semana pasada
Anular el polémico artículo fue una acertada decisión, lo malo es que en el mismo momento los diputados acordaron comenzar de cero.
Para las organizaciones que conforman la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, que marcharon el viernes con motivo del Día Internacional del Agua, y para protestar por la amenaza de privatización del agua, es un contrasentido comenzar de cero.
La Alianza tiene razón, es que hace más de un año los diputados de la comisión de la legislatura anterior había consensuado 92 artículos de un anteproyecto de ley de agua, los cuales eran avalados por el movimiento social.
La discusión se paró, cuando se llegó al artículo para conformar el Ente Rector de la ley. Los actuales diputados en vez de retomar ese trabajo de los legisladores anteriores decidieron archivarlo, para discutir un anteproyecto de ley preparado por el sector privado, con los resultados ya conocidos, la protesta popular.
Los diputados, si son coherentes y si le han puesto atención al descontento popular, lo que deberían de hacer es desengavetar el anteproyecto de ley anterior, con sus 92 artículos consensuados y continuar la discusión del resto del articulado, sobre la base que en el tema del Ente Rector ya no habrá problema, pues, tiene claro que el pueblo no quiere que el sector privado forme parte del mismo. En este sentido es lógico pensar que no debe comenzarse de cero.
