Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), explicó a través de la Clínica de Primeros Auxilios Jurídicos (CPAJ) que presentaron una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de agentes de seguridad públicos, quienes valiéndose de su cargo retuvieron a una periodista y su equipo de trabajo, cuando daba cobertura a los avances de construcción del penal de Tecoluca, San Vicente.
Cárcamo detalló que en diciembre de 2022 la periodista, un fotoperiodista y un motorista fueron retenidos durante dos horas por al menos 30 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), Fuerza Armada y Centros Penales, quienes les obligaron a borrar imágenes y videos de la cobertura que tenían en sus celulares y cámaras.
En ese momento, pese a que ella insistió en quererse retirar del lugar, no se les permitía, aunque no estaban cometiendo algún tipo de ilícito, la liberación sucedió cuando se hizo pública su privación.
“Estamos en representación de una mujer periodista que hace un año fue víctima de actos arbitrarios por parte de agentes de seguridad estatal, quienes revisaron todo su equipo de trabajo, los obligaron a borrar todas las fotografías y videos tanto en los equipos de trabajo como en los dispositivos personales invadiendo su privacidad”, enfatizó Cárcamos.
La presidenta de la APES dijo que duró casi un año en interponer la denuncia, demostrando lo complicado para un periodista hacer uso de las entidades del sistema de justicia, porque no hay credibilidad en las instituciones y existe temor por algún tipo de represalias.
La periodista se animó valientemente a denunciar el caso, ya que días atrás del hecho otros medios, incluyendo los oficialistas habían dado un tipo de cobertura similar sin ningún problema.
Los delitos que se señalan en la denuncia son atentados relativos a la libertad de expresión sancionado en el artículo 293 del Código Penal; privación de libertad por funcionario público y delito de actos arbitrarios, sancionado en el artículo 320 del Código Penal.
La APES reiteró que acompaña la denuncia de la periodista quien sienta un precedente en la FGR y poner así a prueba el sistema legal, que mantiene un silencio ante graves casos de vulneración a la prensa, como el caso de Pegasus, del que no se tiene avances de la investigación, o las denuncias sobre hackeos a cuentas de periodistas y de la Asociación misma ocurridas en 2022 e inicios de 2023.
Asimismo, denunció que durante la conferencia en las afueras de la FGR la Sultana, se estacionó una patrulla y un policía se dedicó a tomar fotografías. Al consultarle los motivos, dijo arrogantemente que eran “órdenes de su jefe”.
De enero a septiembre de 2023 la Asociación registra al menos 270 vulneraciones, un aumento del 400% comparado al año 2018, cuando se contabilizaban 65 afectaciones contra el gremio periodístico.
