Lourdes Argueta
Comisión Política FMLN
La clase trabajadora organizada ha salido a las calles a marchar, a recordar a las y los mártires de Chicago, que fueron ejecutados por demandar jornadas laborales de 8 horas, lo cual hoy en día sigue siendo un derecho, que si bien no elimina la explotación laboral sigue imperante a nivel mundial, lograr que se estableciera ocho horas ha sido una conquista de la clase trabajadora. No ha sido una concesión de nadie, ha costado la vida de mujeres y hombre a quienes reivindicamos.
Las y los trabajadores han demandado medidas para la reducción del alto costo de la vida, reflejados en los exacerbados costos de la alimentación, vivienda y servicios básicos principalmente. Se ha expuesto como el gobierno actual ha destruido la agricultura y la producción agrícola a nivel nacional, así como también, problemas no resueltos como el alto índice de desempleo y la falta de oportunidades que conllevan a que el alza de la migración no solo no se contenga, sino que se incrementa cada día, y con ello más desintegración familiar y deserción escolar. La amenaza del incremento al IVA del 13% al 16% sigue latente y se exige que no lo aprueben.
Pero este primero de mayo, también el país ha pasado de tener 262 municipios a solo reconocer jurídicamente 44, donde han asumido los nuevos concejos municipales, con un nuevo enfoque del trabajo administrativo y territorial, lo que ha generado mucha incertidumbre a la población en cuanto a que tengan la capacidad real de atender todas las demandas de las comunidades. Sabemos que con esa reducción el interés principal no son las comunidades, sino la concentración de poder y una forma de evitar que partidos de oposición recuperaran territorios donde alcaldes del partido oficialista y sus concejales han sido un desastre. En este sentido, también empleados municipales han expuesto su temor de quedar desempleados, por lo que la posición de las y los concejales del FMLN ha sido de no dar sus votos para despedir a ningún empleado municipal.
También, sesiono la primera bancada legislativa de 60 diputados, después que en la última sesión plenaria de la legislatura 2021- 2024 el oficialismo cerrara su primer periodo legislativo haciendo lo que han aprendido a hacer muy bien, imponerse con su correlación numérica para adecuar las normativas jurídicas a la conveniencia del grupo de poder que representan. En este caso, le pegaron una bofetada más a la ya calaceada democracia institucional de nuestro país, con la aprobación de la reforma al artículo 248 de la constitución, con la que podrán reformar la constitución las veces que quieran, en un solo periodo legislativo, sin ningún tipo de contrapeso a dicha facultad.
En la legislatura 2018-2021, se aprobó una reforma constitucional para que el derecho humano al agua y la alimentación se reconocieran como derechos fundamentales; sin embargo, la bancada oficialista, teniendo la correlación parlamentaria para ratificar no lo hizo, ya que no es de su interés, pero si dieron sus votos para esta orden desde casa presidencial. Con respecto a la lucha por el derecho al agua, lo que hicieron de manera oportunista, fue aprobar una Ley General de Recursos Hídricos que ni siquiera incluye todo lo que las organizaciones ambientalistas han demandado por muchos años, por el contrario esa ley del agua tiene un trasfondo privatizador, ya que favorece a empresas corporativas para la explotación comercial del vital líquido.
¿Por qué vamos a asumir que las reformas constitucionales que en adelante realicen, las harán para darle seguridad jurídica a la población sobre el respeto, promoción y garantía de sus derechos fundamentales? Si lo que han hecho en todo el periodo presidencial es desconocer derechos y garantías jurídicas, han reformado leyes que extralimitan el ejercicio del poder punitivo del Estado, lo cual convierte a El Salvador, en un país donde no se respetan los derechos humanos que ha ratificado en distintos convenios y tratados internacionales.
Basta el ejemplo mencionado, de la negativa de ratificar el derecho humano al agua y a la alimentación, para saber que el interés de hacer reformas es para mantener y concentrar poder sin ningún tipo de contrapeso institucional, cuando cada propuesta de reforma a la constitución debe ser informada y consultada al pueblo sin ningún tipo de amaño, para que de forma consciente se validen o se rechacen. Pero lo más seguro es que procedan como hasta ahora, que de forma exprés o fuera de tiempo y sin ningún debate, aprueban según lo mandata casa presidencial
La arbitrariedad es su carta de presentación; así como mienten, así actúan, impunemente. Y nuestro papel como oposición política deberá siempre asumir una posición consecuente con la visión transformadora de la sociedad, una sociedad plagada por mezquinos intereses de los que al interior de la misma izquierda no nos escapamos, lo que vuelve más complejo el camino por la unificación de criterios y acciones a emprender en esta etapa histórica.
El replanteamiento de la izquierda es inaplazable, para poder construir las definiciones más acertadas y unificadoras, que nos permita desarrollar y acumular fuerza social para darle impulso a una estrategia por el poder político, sin que tengamos que tranzar sin principios y sin memoria. Cuando hablo de la izquierda, lógicamente no me limito a hablar únicamente como partido, pues conscientes somos que el partido solo es una expresión organizativa de la izquierda salvadoreña y que hay más fuerzas o actores que se identifican con el pensamiento de la izquierda y asumen en la práctica una posición de clase.
El régimen pretende afianzar más poder y seguir hegemonizando es todos los aspectos de la vida nacional, y en la medida que la izquierda se mantenga fragmentada, dispersa, confundida, y reproduciendo la división desde diferentes modalidades, esa apuesta del régimen se puede ir consolidando cada vez más. Tiene la suficiente fuerza parlamentaria para seguir administrando el ejecutivo como si el país fuera su finca, y en medio de todo escenario, la izquierda tenemos una gran responsabilidad ante la historia.