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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
A 2 años de la aprobación y entrada en vigencia de la Ley General de Recursos Hídricos, diversas organizaciones ambientalistas, salud y de derechos humanos, aglutinados en la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, expresaron que la Autoridad Salvadoreña del Agua ha generado demoras en la operatividad de este marco jurídico e intensificado la injusticia hídrica en el país.
“Nuestra preocupación como Alianza Nacional contra la Privatización del Agua es que esta ley al final es un logro histórico de las organizaciones sociales y comunidades que lucharon por más de 10 años para que el recurso hídrico contara con marco jurídico que regulara el acceso al agua”, dijo Ariela González.
González lamentó que el artículo 1 de dicha normativa, que reconoce el derecho humano al agua, en sus “elementos integrales” no esté garantizado a la población salvadoreña. Y que por el contrario, el agua se ha visto como una mercancía, antes que un prerrogativa de vida digna para la población.
“Definitivamente, hemos reflexionado que esta ley debe reorientar su enfoque al abordar el tema hídrico, es decir, como derecho humano, antes que el desarrollo mercantil de este bien natural”, alegó.
“Como el discurso oficial plantea que es necesaria la inversión de la empresa privada, para que el país salga adelante y que sea altamente industrializado para mejorar la situación de las personas, es la forma en que se aborda el tema del agua en el país, pero definitivamente esto debe ser reorientado”, agregó González.
La Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua también llamó la atención en la demora para crear los “Organismos Zonales de Cuenca”, tal como lo establece el art.28, que serán las instancias técnico-administrativas de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), en los territorios que atenderán las demandas de la población.
“Es impresionante como un instrumento que pretendía dar certeza jurídica y acceso al derecho humano al agua a las comunidades más afectadas; sólo ha venido a acentuar la desigualdad del acceso del agua. Y consideramos, que la creación de este instrumento jurídico tiene más deudas que derechos reivindicados para la población”, observó Ariela González.
Sin organismos zonales de cuenca no hay recuperación hídrica
Para Rodolfo Calles, la Ley General de Recursos Hídricos adolece de un trabajo desde varios puntos de vista, como las comunidades, la ruralidad y las condiciones de vida, al reiterar que “el agua no nace en el chorro”, por tanto, el trabajo debe ser en el territorio donde se cosecha el agua.
“Si no tenemos claro que se debe dar un tratamiento especial a las cuencas hidrográficas, en donde se genera la captación de aguas lluvias y manantiales que luego llegan al río Lempa y otros, donde se infiltra el agua y es ahí donde la gente se abastece, estaríamos acentuando la vulnerabilidad del derecho humano al agua”, indicó.
“La ASA tiene el mandato de crear los Organismo Zonales de Cuenca, pero no lo ha hecho y con la parte de la participación ciudadana, tampoco, cuando son las comunidades con las que podría resolver, pero, claro, no es la prioridad de la Autoridad Salvadoreña del Agua”, sostuvo Calles.
Para el ambientalista trabajar con las comunidades en el rescate y restauración de las cuencas hidrográficas es estratégico, porque la infiltración del agua está en la zona rural en donde están las cuencas. Y con una aplicación ordenada y clara del reglamento las Juntas de Agua, que atienden la demanda de más de un millón de población, podría realizar este esfuerzo.
Sobre las Juntas de Agua y su inscripción en el Registro Hídrico, Calles manifestó que estas organizaciones, que según inventario de la ANDA suman alrededor de 2 mil 500 que autogestionan este servicio para lograr acceder a este derecho humano, enfrentan dificultades para legalizarse.
El asa, al centralizar la gestión administrativa les está dificultando los trámites para el registro y legalización de su actividad comunitaria en contra parte del sector empresarial privado que ha logrado registrarse y obtener factibilidades en el uso del agua.
“La ley tiene balance, registro e inventario hídrico, o sea, tiene todas las herramientas para que pueda funcionar para beneficio de la gente, sólo falta voluntad política para echarla a andar y favorecer a las Juntas de Agua Comunitarias”, acotó.
“Sin embargo, no conocemos a la junta directiva de la ASA o el Comité de Aguas Transfronterizas, y menos la representación de la sociedad civil en la junta directiva de la ASA. Y lo necesitamos para saber qué se está haciendo sobre este derecho, pero por el contrario nos recetan reserva de información de 7 años, eso es complicado si no hay voluntad política del gobierno”, indicó Calles.
Continúa la exacerbación de la crisis hídrica
“Sin duda a 2 años de la Ley General de Recursos Hídricos, la problemática y las crisis vinculadas al agua se mantiene o se ha exacerbado”, opinó Luis González, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua.
El objetivo 1 de este marco jurídico era el “recnocimiento al derecho humano al agua”, aunque la percepción general de la población y organizaciones es la “falta de operatividad” de la ley en su implementación y la falta de garantía de este derecho por parte del Estado salvadoreño.
“Seguimos con una población que no tiene agua o que les cae agua una vez por semana o sólo 3 veces al mes y en contraste tenemos urbanizaciones o edificios comerciales que cuentan con agua todos los días y a todas horas”, afirmó.
“¿Por qué hay sectores de la población que tienen agua siempre y otros sectores no?, ¿Por qué hay sectores que pagan barata el agua y otros sectores pagan un alto precio?, ¿Por qué hay sectores que consumen mejor calidad de agua y otros sectores no?, entonces, todo esto sólo indica injusticia hídrica”, explicó González.
Para González, el fin de esta normativa es “atenuar las crisis hídrica” y garantizar el derecho al acceso al agua de toda la población, al considerar que a 2 años, solo se ha fortalecido la “injusticia hídrica”. Y que este derecho humano conlleva el acceso en cantidad y calidad suficiente para una vida digna.
“La problemática de la escasez hídrica en invierno no trae nada a la memoria de la población, porque ha estado lloviendo mucho. Generalmente la crisis del agua se siente en verano cuando no hay agua, pero es importante recordar que las cuencas hidrográficas se están degradando, entonces, la ASA debe tomar medidas de protección de inmediato”, expresó.
“En esa relación queremos que el MARN revise esa cantidad de permisos ambientales que se dan al sector privado y no a las comunidades pobres y vulnerables, que actualicen la política y gestión integrada de recursos hídricos, el balance hídrico nacional para analizar cuánta agua disponible hay en cada cuencas hidrográfica y sus territorios para otorgar prioridad al consumo humano, al mantenimiento de ecosistemas, riego y alimentos y luego, los usos comercial, industrial y recreación”, puntualizó González.
La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua reiteró que se debe actualizar el Reglamento Especial de Cánones de la Ley General de Recursos Hídricos, y retomar las exigencias de las Juntas de Agua Comunitarias , con respecto a cánones por uso de aguas, vertidos y responsabilidad vinculada al saneamiento.
Asimismo, estimó que se debe implementar contenidos y directrices de la “Política y Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos”, con el objetivo de generar protección, conservación y defensa del medio ambiente en los territorios.
Finalmente, sugiere establecer, a corto plazo, un “Balance Hídrico Nacional y Caudal Ecológico” por cada una de las regiones y cuencas hidrográficas, previo a la entrega de permisos ambientales que puedan explotar los bienes hídricos.
