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La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó el martes allanar la inmunidad parlamentaria del diputado opositor Juan Guaidó, lo que supondría el inicio de su enjuiciamiento.
El presidente del órgano plenipotenciario, Diosdado Cabello, dijo que la ANC aprueba la solicitud del TSJ «para que haya justicia» en el país: «Esa justicia es necesaria para la garantía de la paz», puntualizó.
«A veces tarda la ley», dijo, tras exhortar al chavismo a no «desesperarse» con el proceso de investigación contra Guaidó que adelantan el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia.
El dirigente chavista aseguró que incluso dentro de las propias filas del antichavismo «están felices» por el desafuero a Guaidó.
Sobre las posibles medidas que pueda tomar Estados Unidos en contra de Venezuela, tras la aprobación del allanamiento de la inmunidad parlamentaria al líder opositor, Cabello manifestó que al chavismo no le intimidan «los poderosos».
En su derecho de palabra, la diputada constituyente, María León, señaló que el desafuero parlamentario es, a su juicio, como debe tratarse a aquellos que «traicionan a la patria», y además propuso que la medida sea aplicada a otros diputados opositores en el exterior, entre ellos Julio Borges.
Reacción de Guaidó
El jefe del Legislativo, Juan Guaidó, reaccionó diciendo que no le preocupa el allanamiento de su inmunidad porque, a su juicio, «no existe por parte de un órgano ilegítimo».
«Si quieren avanzar, háganlo, pero asuman las consecuencias», le advirtió al Ejecutivo tras señalar que ya recibió apoyo de Washington, países nucleados en el Grupo de Lima y algunos naciones de Europa.
Con el allanamiento de su inmunidad parlamentaria, Guaidó considera que las autoridades podrían «secuestrarlo» y darle un «golpe de Estado».
Además llamó a una movilización el próximo sábado. «No nos detendremos ante la amenaza (..) Llamo a la protesta estratégica y organizada en toda Venezuela», escribió en su cuenta en Twitter.
Inmunidad parlamentaria
El diputado por el estado Vargas, que fue electo en 2015, con 97.492 votos, lo que corresponde al 26,01 % del total de sufragios, pertenece a la Asamblea Nacional (AN), que se encuentra en desacato desde 2016 por incumplir una decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre la desincorporación de tres diputados opositores, al considerar que fueron elegidos de forma irregular.
Por ello, todos los actos del Parlamento son nulos y carecen de validez legal desde ese año, incluida la designación de la junta directiva, que preside Guaidó desde enero de 2019.
Debido a la situación de la AN, le corresponde a la plenipotenciaria ANC –creada en 2017 a propuesta del presidente Nicolás Maduro para desbloquear la situación parlamentaria– asumir sus competencias. Entre estas, se encuentra el poder para autorizar el allanamiento de una inmunidad parlamentaria para que el TSJ proceda con su detención y enjuiciamiento, según el artículo 200 de la Constitución venezolana.
Medidas cautelares del TSJ
El pasado lunes, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, le pidió a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que allanara la inmunidad parlamentaria del diputado Guaidó «por violar las medidas impuestas por el tribunal».
l 29 de enero, seis días después de su autoproclamación como «presidente encargado», el TSJ dictó una serie de medidas cautelares en su contra, solicitadas por el Ministerio Público, que le ha abierto una investigación, entre las que se encontraban:
– Prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación.
– Prohibición de enajenar y gravar los bienes de su propiedad y bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias o instrumentos financieros en el territorio venezolano.
Sin embargo, el diputado del partido de ultraderecha Voluntad Popular (VP) no acató la restricción de abandonar el país suramericano cuando el pasado 22 de febrero salió de Caracas con destino a la ciudad colombiana de Cúcuta, en el departamento del Norte de Santander, donde al día siguiente intentaría infructuosamente ingresar camiones con supuesta ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos, en medio de hechos de violencia propiciados por la oposición, según las autoridades venezolanas.
Posteriormente, viajó a Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, donde se reunió con los mandatarios de esos países para pedirles que aumentaran la presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Regresó a su país el 4 de marzo.
Investigaciones abiertas
Además, la Fiscalía venezolana ha abierto dos investigaciones a Guaidó: una por desacato a la Constitución y a los poderes públicos, tras su autoproclamación, y otra por su presunta relación con el sabotaje eléctrico que ha dejado al país suramericano sin energía por varios días.
El fiscal general Tarek William Saab explicó que, desde el pasado 22 de enero, se suscitaron hechos violentos en el país, pronunciamientos de gobiernos extranjeros y el congelamiento de activos de Venezuela en el exterior, «lo que implicaría la comisión de delitos graves que atentan contra el orden constitucional».
Saab expuso que las medidas cautelares contra Guaidó «tienen basamento legal y constitucional» para desarrollar una investigación y «recabar elementos que permitan detener estos actos que han dañado la paz».
De igual manera, el diputado venezolano ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años por la Contraloría General de la República, debido a que no ha ofrecido
información sobre su situación patrimonial, a pesar de haber incurrido en gastos de boletos aéreos nacionales e internacionales y alojamiento en hoteles dentro y fuera del país suramericano.
