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El Comité de Madres y Familiares Detenidos, Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador “Monseñor Oscar Arnulfo Romero”, COMADRES, conmemora su 49 aniversario de fundación que unió a madres, hermanas y familiares en busca de desaparecidos y detenidos de la Masacre Estudiantes de la Universidad de El Salvador el l 30 de julio de 1975. Foto Diario CoLatino/Gloria Orellana.

La Asamblea Legislativa debe a las víctimas la Ley de Justicia Transicional, dice CO-MADRES

Gloria Silvia Orellana
@Diario CoLatino

María Luz Rivas, representante legal del Comité de Madres y Familiares Detenidos, Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador “Monseñor Oscar Arnulfo Romero” (COMADRES), exigió de la Asamblea Legislativa la agilización del estudio y aprobación de la Ley de Justicia Transicional, que vendría a honrar la dignidad de las víctimas del conflicto armado. “La Asamblea Legislativa se debe al pueblo y por eso les decimos a los diputados y diputadas que acepten el anteproyecto de Ley de Justicia Transicional que fue presentada por las víctimas del conflicto armado el 29 de octubre del presente año, para su estudio inmediato”, dijo.

“Ustedes archivaron el anteproyecto anterior a inicios de su gestión, ahora les pedimos que arreglen ese error introduciendo esta tercera propuesta de ley que hemos presentado”, dijo.

Además, dijo que deben aprobar la legislación, y salde la deuda histórica que el Estado tiene con nosotras las víctimas”, reafirmó Rivas.

El Comité de Madres y Familiares, Detenidos, Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador “Monseñor Oscar Arnulfo Romero” (COMADRES), se pronunció en el marco del 49 aniversario de fundación, organización que unió a madres, hermanas y familiares en busca de desaparecidos y detenidos, luego de la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975.

El contexto de los años setenta marcó, según historiadores, el inicio de la organización social y el surgimiento de movimientos populares, en respuesta a la conflictividad social originada por falta de empleos, exclusión y pobreza creciente.

Era la presidencia del coronel Arturo Armando Molina, quien autorizó al ministro de defensa, general Carlos Humberto Romero, disolver la marcha estudiantil ese 30 de julio, que dejó un número impreciso de estudiantes heridos, desaparecidos y muertos.

El Estado militar respondió con respresión contra la población que denunció o alzó su voz en contra de la vulneración de los derechos humanos, provocando miles de salvadoreños desaparecidos, detenidos, torturados y asesinados al terminar el conflicto armado de la década de los años ochenta.

El conflicto concluyó luego de un largo proceso de negociación, que dio paso a la firma de los Acuerdos de Paz, en enero de 1992.

“Desde nuestra fundación, a partir de la masacre estudiantil del 30 de julio, hemos sido un pilar de resistencia que es nacido del amor incondicional de madres y familiares que pese al dolor y peligro, nos unimos para buscar a nuestros seres queridos, y exigir la verdad y justicia frente al Estado salvadoreño”, relató Rivas.

“En tiempos de esa represión, miedo y violencia extrema de la preguerra y el conflicto armado, alzamos la voz y nos convertimos en portavoces de denuncias. Enfrentamos amenazas y persecuciones, desafiamos a las autoridades y señalamos las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra del pueblo salvadoreño”, reseñó.

A 49 años del nacimiento de CO-MADRES, dijo que les “llena de orgullo” ser referentes como organización de madres y que siguen vivas, para exigir al gobierno verdad, justicia, reparación integral, justicia para las víctimas del conflicto armado, medidas de no repetición y memoria histórica.

La negativa y silencio que ha venido mostrando la Asamblea Legislativa, ante el anteproyecto de Justicia Transicional, según María Luz Rivas, tiene motivaciones particulares de parte del órgano legislativo.

“Con la presentación del anteproyecto que hicimos como víctimas simplemente no la recibieron y no hay respuesta alguna. Estamos todavía esperando que asuman con responsabilidad una deuda histórica que tienen con las víctimas del conflicto armado”, acotó. “El hecho de saber que muchas legislaciones han pasado y no han asumido la responsabilidad de trabajar por una ley de las víctimas del conflicto armado, es lamentable. Pero ahora, queremos que esta legislación lo haga o quizás porque el tema no les hes rentable o no les trae beneficios personales tienen esa negativa”, expresó Rivas.

La dirigente de CO-MADRES no dudó en expresar que esta organización seguirá en “pie de lucha”, al recordar como en el contexto previo al conflicto armado estaban en las puertas de la cárceles exigiendo la liberación de los presos políticos y cuya unidad constante les permitió llevar “esperanza a otras familias” que también buscaban a sus hijos, hijas, hermanas, hermanos y esposos.

“Este debe ser un día de celebración también y recordamos y honramos a cada una de nuestras compañeras que caminaron por las calles exigiendo respeto a los derechos humanos, y que ya no están físicamente como María del Socorro Alvarado, Consuelo Amada Lemus y Victoría Méndez, quienes vivirán por siempre en nuestra memoria y en el legado que nos dejaron”, manifestó.

“Seguimos de pie, con la misma convicción y determinación de hace casi cinco décadas por aquellas personas que ya no están y por todas aquellas que aún esperan respuestas. Con esperanza, invitamos a la sociedad salvadoreña a unirse a esta causa justa”, puntualizó Rivas.

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