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Gabriela Sandoval
@Gabriela_Sxndo
Colaboradora
El pasado 22 de diciembre, la jueza de instrucción de San Francisco Gotera, Mirtala Portillo, emitió una orden de captura contra varios diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador del periodo 1991-1993, quienes formaban parte de la Directiva de dicho órgano de Estado, entre los cuales destaca el constitucionalista Dr. Rubén Zamora. La jueza argumentó que la orden de captura se basa en el Decreto Legislativo N ° 486 (Ley de amnistía general para la consolidación de la paz), que genera condiciones de impunidad para los responsables de la masacre de El Mozote.
El Dr. Rubén Ignacio Zamora Rivas fue vicepresidente de la Asamblea Legislativa y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea en 1993. La ley señalada fue impulsada por iniciativa de los diputados de la bancada parlamentaria del Partido de Conciliación Nacional (PCN) y aprobada por diputados de los partidos ARENA (la Alianza Republicana Nacionalista) y el PCN. Según informaciones, el Dr. Zamora no votó y no firmó dicha ley que otorgó impunidad a los delitos de lesa humanidad cometidos desde 1980 hasta el final de la guerra civil en 1992; por el contrario, se opuso a ella y, al momento de su votación, abandonó en protesta, el recinto legislativo, junto a su bancada legislativa, Partido Convergencia Democrática.
El Dr. Zamora Rivas es un respetado y destacado luchador por la democracia y el estado de derecho en El Salvador, crítico de la actitud autoritaria y las violaciones de derechos humanos y de la Constitución del gobierno del Presidente Nayib Bukele.
La AAJ expresa su solidaridad y preocupación ante la orden de detención del Dr. Zamora, sumándose a la exigencia nacional e internacional para la anulación inmediata de dicha orden, considerando este acto como una represión política.
La AAJ aboga por el respeto a la integridad y vida del Dr. Zamora, denuncia las violaciones de derechos humanos bajo el Estado de Excepción de marzo de 2022 y evoca el compromiso del pueblo salvadoreño por la paz mediante los Acuerdos de Paz de 1992.
Asimismo, hace un llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones de juristas para respaldar la construcción de la democracia y la paz en El Salvador.
