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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“A menos de un mes para tener una nueva Asamblea Legislativa y alcaldías, queremos que estos funcionarios se tomen en serio los problemas ambientales que están sucediendo”, dijo Ricardo Navarro, director ejecutivo del CESTA, al señalar la ausencia de una Ley General de Aguas y Saneamiento en el país.
“Nos ha llegado la última denuncia de la población de Caluco (Sonsonate) que confirman con fotografías que el agua que están recibiendo está altamente contaminada con heces fecales y, en este contexto, creemos que la Asamblea Legislativa debería tomar muy en serio declarar el derecho humano al agua, solo deben ratificarlo en la primera semana y, luego, claro, la ley”, sostuvo.
Sobre el tweet del presidente Nayib Bukele, que adelantó su veto a la Ley de General de Agua, que aprobaría la actual Asamblea Legislativa, Navarro señaló que no puede ser anulado todo el trabajo que se ha logrado en los últimos meses, aunque sí está de acuerdo en hacer observaciones a esta normativa jurídica.
“De todo ese articulado puede ser que entre el 80 % a 90 % esté bueno, entonces no sería lógico comenzar de cero. ¿Por qué?, pues significaría pasar de nuevo esta legislatura (3 años) y no va a alcanzar a aprobar la ley, que es una forma para que permanezca privatizada y eso sería terrible. Pero sí pueden observar algunos artículos ya aprobados, cuando finalmente aceptó la derecha legislativa que el ente rector debe ser público”, explicó.
No obstante, Navarro estimó que el ente rector no es ideal para una autónoma, si tiene cinco representantes del Ejecutivo, por lo que recomendó un viceministerio del agua junto a un organismo contralor que fiscalice el desempeño de esta unidad gubernamental y puede participar todos los sectores desde la academia, COMURES, empresa privada, oenegés, iglesias y ciudadanía.
“Este Viceministerio del Agua estaría en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y, digamos, si tiene un problema del agua en su potabilidad puede fácilmente llamar al Ministerio de Salud; si tiene problemas con la instalación de tuberías en el territorio está el Ministerio de Obras Públicas y si tiene un problema con otros países por el agua como el río Lempa, pues, busca a Relaciones Exteriores. No tiene caso una autónoma porque es vulnerable a la privatización”, sostuvo.
Sobre la privatización de las autónomas, Navarro reseñó que en muchos países, históricamente, la práctica ha sido designar autónomas para recurso s naturales estratégicos, luego no le asignan el suficiente apoyo financiero, lo que genera inoperatividad y llevarla a su privatización, introduciendo en el “imaginario colectivo” de que lo público no funciona.
Asimismo, lamentó que entre las “deudas” que dejaba la actual legislatura estuviera la Soberanía Alimentaria, un tema de importancia para la población en el contexto de los impactos que genera en el territorio nacional y la región el Cambio Climático.
“Este año que acaba de pasar (2020), junto al 2016, ha sido, según la NASA, uno de los años más cálidos del que se tiene registro. La NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) ha dicho que ha sido menos caliente 0.04 grados centígrados, pero en el registro los últimos siete años, comenzando por el 2014, han sido los más cálidos”, dijo.
“¿Qué podemos presumir? que esto va para arriba, en el Caribe la temporada de huracanes comienza el 1 de junio, pero ahora están discutiendo (científicos) si cambian la fecha porque los huracanes están presentándose antes y buscan cambiarlo al 15 de mayo, aún no sabemos que decidieron, pero esto significa que el clima está cambiando”, manifestó.
La crisis ambiental de país es diversa, agregó Navarro, al denunciar el riesgo de los suelos ante un aumento de extracción de piedra caliza por la principal cementera de capital extranjero, asentada en Metapán, Santa Ana.
“Es la empresa LafargeHolcim que está planeando aumentar su producción de cemento en un 80 %, esto va a debilitar el territorio, y hago un llamado de alerta a todas las autoridades, porque el problema ambiental siempre ha sido relegado y solo cuando viene un gran huracán hablan del tema. Creemos que la Asamblea Legislativa y el gobierno municipal deben analizar cuidadosamente estos planes de la cementera”, argumentó Navarro.
Sobre los desechos sólidos y la deposición final que realizan las alcaldías municipales, el ecólogo sugirió que debería de exigirse el compostaje (desperdicios orgánicos vegetales y animales enterrados para transformarlo en abono) en el lugar de origen para evitar que estos desperdicios circulen por vías públicas hacia los rellenos sanitarios, así también la prohibición de incinerar la basura que también causa incendios.
“En San Salvador cada tonelada de basura le cuesta a las alcaldías más de cien dólares, porque lo que cobra MIDES son 20 y centavos, pero todo lo que recolecta, todo lo que se transporta y el manejo administrativo son cien dólares al COAMSS. Se tiene que promover el reciclaje también, con el vidrio, el cartón, el papel y los metales para reducir la basura”, afirmó.
El ecólogo pidió también de carácter “urgente” a la Asamblea que legisle sobre la prohibición de los “plásticos desechables”, señalando como problema grave a nivel planetario y que ha sido documentado por diversos paneles científicos y universidades sobre ella presencia de las “micropartículas”, que están presentes en la tierra, mar y aire, que pueden ser consumidas en peces o la sal de mesa.
“Estamos respirando, comiendo y bebiendo plástico a razón de 5 miligramos por semana, que es el equivalente a una tarjeta de crédito. Y eso también implica la destrucción de los ecosistemas y las pandemias cuyos virus algunos son más agresivos que otros y estamos expuestos. Entonces el medioambiente debe ser prioridad para el Gobierno y toda la población”, concluyó.
