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Alberto Romero de Urbiztondo
Twitter: @aromero0568
La información del gran número de familiares que tiene contratados el diputado Gallegos, en la Asamblea Legislativa, ha generado escándalo y condena en amplios sectores de la ciudadanía. Ante estas denuncias el diputado, en vez dar una aclaración sobre estos hechos, desmentirlos si son falsos o anunciar medidas para remover del cargo a sus familiares contratados indebidamente, se ha dedicado a publicar mensajes de twitter con citas bíblicas, con la idea de que pensemos que la divinidad lo protege, que con pretender aparecer como un fiel creyente religioso, ya se le permiten y se le perdonan los actos de corrupción en los que presuntamente ha incurrido.
Este comportamiento es uno de los actos más claros y transparente de pretender utilizar las creencias religiosas de una parte de la ciudadanía, para legitimar sus actos, aunque estos puedan ser una clara manifestación de corrupción. Utilizar citas bíblicas como paraguas para pretender protegerse de la lluvia de críticas y señalamientos que está recibiendo.
Sorprende que no hayamos visto a pastores o creyentes pronunciarse en contra de esta manipulación religiosa del diputado, pareciendo que efectivamente, el hacer alarde en twitter de una adscripción religiosa es una garantía de impunidad frente a los presuntos actos de nepotismo de los que se le acusa.
Al ser denunciado ante el Tribunal de Etica Gubernamental por integrantes del partido Nuestro Tiempo, el diputado Gallegos en vez desmentir las acusaciones, pretendió descalificar a quienes lo estaban denunciando, argumentando que Johnny Wright, integrante de este partido, presento en 2017 una propuesta de ley para la despenalización del aborto por dos causales, tema en el que el Sr. Gallegos puede disentir, pero que no sirve para justificar sus actos de nepotismo.
Nuestra clase política debe dejar de manipular la religiosidad de parte de la ciudadanía, para pretender legitimarse, encubriendo sus posibles actos de corrupción. Por eso es tan importante el carácter laico del Estado, que garantiza la autonomía e independencia entre los diversos poderes del Estado y las instituciones religiosas y mandata a funcionarios públicos a no utilizar y pretender imponer sus creencias a la ciudadanía valiéndose de su cargo.
