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(Colectivo Tetzáhuitl)
Todas las mediciones de opinión pública le conceden a Nayib Bukele altos niveles de aprobación.
La más alta calificación se la otorga la encuesta de la CID-GALLUP con más del 90% de aprobación.
No es precisamente la casa encuestadora más profesional y objetiva, por lo que sus datos pueden estar manipulados para favorecer la imagen presidencial.
Se sabe que esta encuestadora, que tiene su casa matriz en Costa Rica, recibe dinero del gobierno y acostumbra a realizar encuestas “encargadas”.
Entre sus clientes está Casa Presidencial y la Embajada de EEUU en El Salvador.
Como quiera que sea los niveles de aprobación de Bukele son altos, siendo los mayores de los gobernantes salvadoreños y hasta latinoamericanos de los últimos años.
Sin embargo, una alta calificación no basta para resolver los problemas estructurales del país y menos para mejorar las condiciones de vida de la población.
En el caso de Bukele es del dominio público que cuenta con un aparato de propaganda en CAPRES, al que destina millones de dólares del presupuesto gubernamental.
Siguiendo el manual de los dictadores, Bukele ha creado medios de comunicación oficiales (Diario El Salvador y Noticiero El Salvador) que presentan una imagen idealizada de su gobierno y de su gestión presidencial, reforzada por las coberturas de medios controlados por la derecha, sobre todo televisivos, a los que destina una significativa pauta publicitaria para incidir en su línea editorial..
Esta buena imagen es construída también por una sofisticada red de colaboradores y cuentas troles que dominan las llamadas redes sociales.
La imagen de Bukele no se debe a que haya hecho un gobierno exitoso, eficiente y transparente y que haya encarado y resuelto los principales problemas que aquejan al país.
Su aprobación es producto de la propaganda, pero sobre todo de la distorsión de la realidad.
Bukele: malditos, mil veces malditos…
Las negociaciones entre el gobierno de Bukele y el liderazgo de las pandillas que operan en el país, sobre todo con la ranfla nacional de la MS-13, dejaron de ser un rumor de la prensa independiente para convertirse en una realidad.
Existe suficiente evidencia, registrada incluso por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de que Bukele viene negociando con las pandillas desde que era alcalde de San Salvador.
Cuando fue alcalde capitalino esas negociaciones las condujeron dos de sus funcionarios municipales más cercanos: Mario Durán, que era miembro del Consejo Municipal, y Carlos Marroquín, coordinador de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social de la comuna y que venía de las filas de la MS-13.
La misma Policía tiene evidencias fotográficas de reuniones en un restaurante en Antiguo Cuscatlán de ambos funcionarios con palabreros de la MS-13, entre ellos uno que en ese momento había sido acusado de varios crímenes y que hoy es exigido en extradición por la Fiscalía de Estados Unidos.
Ya en el gobierno, Bukele le ordenó a su Director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, y a Carlos Marroquín, alias Sliptone, esta vez como Jefe de la Unidad del Tejido Social de Casa Presidencial, para que coordinaran las negociaciones con el liderazgo de las pandillas.
Como hemos sostenido antes, hay suficientes pruebas de que estas negociaciones se han llevado a cabo desde el 2019 con el propósito de lograr apoyo electoral de las pandillas al partido Nuevas Ideas y una reducción sensible de los homicidios.
Las pandillas recibirían a cambio beneficios económicos, beneficios carcelarios y la negativa del gobierno salvadoreño de extraditar a los cabecillas que estaban siendo reclamados por EEUU.
La racha de asesinatos ocurrida a finales del mes de Marzo del 2022, como ha quedado demostrado por una serie de audios que publicó el periódico digital El Faro, fue provocada por una ruptura de las negociaciones con la MS-13, luego que el gobierno incumpliera algunos de los compromisos que habían sido pactados.
Estos audios contienen incluso la confesión extrajudicial del principal operador de Bukele, Carlos Marroquín, quién reconoce que se encargó personalmente de la salida ilegal del pandillero Elmer Canales Rivera, alias el Crook, de la cárcel de Zacatecoluca, donde guardaba prisión por una condena de 40 años, para ser trasladado a Guatemala.
El Crook es uno de los 13 cabecillas de la MS-13 reclamados por las autoridades judiciales de EEUU, por una serie de crímenes cometidos en ese país (extorsiones, asesinatos, venta de droga, compra de armas, tráfico de ilegales, lavado de dinero, etc.).
Según informes de las autoridades mexicanas, el Crook se encuentra en México protegido por la MS-13, que colabora con el cártel de Sinaloa en el tráfico de droga, armas y migrantes ilegales.
Esto significa que una vez localizado y detenido, el Crook pudiera ser extraditado a EEUU para ser juzgado en base a las leyes estadounidenses contra el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de dinero.
A Bukele lo que le preocupa es que el Crook ya en EEUU decida criteriarse y delatar a su gobierno.
Cuando la Fiscalía de Raúl Melara acusó a varios dirigentes de ARENA y ex funcionarios de los gobiernos del FMLN de negociar con las pandillas, Bukele dijo en un emblemático tuit que los que habían participado en estas negociaciones eran unos “malditos, mil veces malditos, por negociar con la sangre de los salvadoreños”
Ahora Bukele parece haberse olvidado de esta diatriba y mantiene un silencio cómplice ante los hallazgos de la justicia estadounidense, algunos de los cuales estaban siendo investigados por la Fiscalía de Melara en una operación denominada “Catedral” y que contaba con el apoyo de elementos del FBI y la DEA.
Curiosamente, Bukele le ordenó en el 2021 al nuevo Fiscal electo ilegalmente por la Asamblea oficialista que cerrara este expediente de investigación y que persiguiera a los fiscales salvadoreños integrantes de esta unidad especializada.
Esta orden presidencial constituye un delito que es penado por nuestra legislación.
Otro Fiscal honesto e independiente lo habría procesado por complicidad y por entorpecer la administración de justicia, además de ser el cerebro de las negociaciones, ya que difícilmente Osiris Luna y Carlos Marroquín pudieron haber actuado sin el aval y la protección presidencial.
Las negociaciones entre funcionarios de Bukele y las pandillas han sido confirmadas también en una investigación reciente de La Prensa Gráfica que refuerza un reportaje de hace unos años de El Faro en el que aparecen fotografías de pandilleros ingresando a los penales del país, escoltados por Luna Meza, para reunirse con pandilleros encarcelados.
La investigación de la Prensa Gráfica confirma la salida de varios cabecillas de la MS13 a diferentes clínicas médicas privadas, entre ellas una en San Salvador conocida como “Casa Linda”, en la que cabecillas de las pandillas sostenían reuniones con pandilleros que se encontraban en los territorios controlados por estas organizaciones criminales.
Todas estas salidas y reuniones gozaban de la autorización del Director de Centros Penales y por tanto de Bukele y los miembros del gabinete de seguridad.
Los “falsos positivos” de Bukele.
La Revista Elementos y la agencia de noticias INFOBAE han hecho públicos algunos “Guacamaya Leaks” a los que han tenido acceso y que revelan información que había estado clasificada hasta hace unos meses, procedente de las Policías y Fuerzas Armadas de diferentes países de América Latina, entre ellos El Salvador.
Documentos desclasificados de la PNC revelados a finales de Marzo por la Revista Enlace dan cuenta de que el gobierno de Bukele ha reducido en el papel las cifras de homicidios que reporta en el registro oficial, a veces hasta la mitad.
Por ejemplo, en los dos primeros meses de vigencia del Régimen de Excepción (Abril y Mayo de 2022) la Policía reportó solo 39 homicidios, cuando en realidad hubo 67.
Tampoco sumó a la cifra oficial las muertes de 12 supuestos pandilleros a manos de agentes del Estado, ni los 97 desaparecidos entre Abril y Mayo de ese mismo año.
A la fecha han ocurrido más de 150 muertes en los Centros Penales a manos de la Policía, los soldados y los custodios penitenciarios y estos asesinatos no han sido registrados en los informes oficiales que Bukele presume.
La práctica de ocultar asesinatos viene desde el inicio del pacto con las pandillas.
Se sabe que uno de los acuerdos tomados en las negociaciones es que las pandillas enterraban algunas víctimas de sus crímenes para que la cifra de asesinatos fuera menor que la reportada oficialmente.
Régimen de Excepción: Estrategia electoral de Bukele para asegurar su reelección.
Según las encuestas de opinión a la mayoría de la población no le preocupan las violaciones al Estado de Derecho o a los Derechos Humanos ocurridas durante el Régimen de Excepción, que acaba de cumplir un año de vigencia.
Tampoco les interesa que el Régimen de Excepción, según la Constitución, solo puede prorrogarse por un mes adicional a su primera aprobación.
A esta fecha, este régimen ha sido prórrogado 11 veces por los Diputados oficialistas que utilizan la baja de homicidios como argumento para hacerlo.
Este desinterés de la población que lo que demanda es un clima de mayor seguridad es lo que está usando Bukele para aumentar su popularidad.
Según el IUDOP de la UCA, la gente no sabe ni qué es el Estado de Derecho ni cuáles son los derechos humanos que están siendo violados
Tampoco conoce cuáles son las garantías constitucionales suspendidas desde que este régimen fue aprobado.
La población encuestada solo toma en cuenta la baja en los homicidios y de los miles de pandilleros y supuestos pandilleros que están tras las rejas.
Bukele ha exhibido los traslados de unos 4 mil pandilleros, la mayoría de ellos condenados y que guardan prisión desde hace años, con un excesivo exhibicionismo de fuerza, proyectado a través de imágenes trabajadas cinematográficamente por profesionales del video.
Es evidente, como lo ha advertido la Directora Ejecutiva de Human Right Watch para América Latina, que el Régimen de Excepción es la estrategia electoral de Bukele para aumentar sus índices de popularidad y asegurar su triunfo en las próximas elecciones.
Igualmente, la bancada Cyan está utilizando su apoyo ciego a las iniciativas de Bukele en materia de seguridad para asegurar el mantenimiento de la mayoría calificada en la próxima legislatura.
Esta estrategia electoral, además de garantizar el control de Bukele de la Presidencia de la República y de los demás Órganos del Estado por 5 años más, es la perfecta cortina de humo para ocultar la evidente corrupción de su gobierno, de la que participa el propio Bukele y su grupo familiar, así como el fracaso de la gestión económica gubernamental que ha afectado las condiciones de vida de la población pobre del país.
Casi nadie en estos momento habla de los 12 expedientes de corrupción de los funcionarios de Bukele que fueron abiertos por la Fiscalía de Raul Melara a solicitud de la extinta CICIES y poco después archivados por Rodolfo Delgado sin que se profundizara en las investigaciones y se arrestaran a los funcionarios involucrados, como el mimo Bukele dijo que lo haría.
Nadie recuerda ya a los funcionarios señalados por corrupción en la Lista Engel del Congreso de EEUU y el Departamento de Estado.
Los buenos números de Bukele no resuelven los graves problemas del país.
Los salvadoreños no vivimos de la imagen presidencial.
En ningún país del mundo, y El Salvador no es la excepción, la sola imagen de un Presidente no resuelve los problemas económicos y sociales que enfrenta la población.
La popularidad de Bukele solo alcanza para alimentar el ego personal y para hacerle creer a la población que el país puede mejorar.
En casi cuatro años de gobierno, Bukele no ha podido levantar la economía.
El Salvador sigue teniendo una tasa de crecimiento promedio baja (entre 2 y 2.5%), la más baja de la región.
La inversión extranjera no llega al país.
Ni siquiera la escasa circulación del Bitcoin ha sido un imán para atraer nuevas inversiones, tal como prometió cuando ofreció hacer de este cripto activo una moneda de curso legal.
El Salvador continua siendo el país con la inversión extranjera más baja de Centroamérica y sin inversión privada, nacional y extranjera, no hay crecimiento económico ni generación de empleo.
Pese a lo prometido, la inversión pública sigue siendo muy baja y la escasa capacidad de ejecución presupuestaria del gobierno hace que el dinero proyectado en un año fiscal no sea finalmente invertido y ejecutado.
El costo de la vida se ha disparado, teniendo en estos momentos la tasa de inflación más alta de los últimos 25 años.
Tampoco existen perspectivas claras de que la situación vaya a mejorar.
La brecha salarial ha aumentado desde el último mes del gobierno de Sánchez Cerén a la fecha.
Para Febrero de este año una persona que gana el salario mínimo necesita de 100 dólares más en su ingreso mensual para cubrir la canasta básica familiar y no caer en la pobreza.
La pobreza de los hogares salvadoreños, sobre todo rurales, lejos de disminuir ha aumentado.
Con Bukele, la pobreza relativa y extrema, se encuentra en los niveles del último gobierno de ARENA.
Según datos oficiales, en el 2022 más de 500 mil salvadoreños han engrosado las filas de la pobreza.
En casi cuatro años, Bukele ha hecho retroceder al país en todo lo que se avanzó en los dos gobiernos del FMLN.
La concentración del ingreso y la brecha entre ricos y pobres ha aumentado.
Con Bukele, los millonarios del país tienen más dinero y concentran más riqueza que en los gobiernos de ARENA. Mientras que los pobres son más pobres que hace 10 años.
La Oligarquía del país, aliada al imperialismo y al clan Bukele, ha aumentado significativamente sus activos y sus ganancias.
Solo el grupo Kriete, propietario de AVIANCA Holding y otras 10 empresas más, tiene activos de casi 8 mil millones de dólares en un país donde el Producto Interno Bruto anual (PIB) no llega ni a los 29 mil millones.
Para efectos de comparación, en un país como México con un PIB anual de 1,273 billones de dólares, el segundo hombre más rico de ese país, el empresario de televisión dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, tiene activos por 15 mil millones de dólares, solo 7 mil millones más que Roberto Kriete, en un país con un PIB anual 43 veces más bajo que el de México.
Aunque no cabe duda que en México hay concentración del ingreso, el grado de acaparamiento de la riqueza en ese país es relativamente menor que en El Salvador.
El país no ha mejorado con Bukele.
Las condiciones de vida de la población siguen siendo muy precarias y todo apunta a que van a empeorar.
Y todo esto ha ocurrido en solo 3 años y medio de gobierno.
Los únicos indicadores positivos que Bukele puede exhibir para estas próximas elecciones tienen que ver con la reducción de homicidios.
Y es justamente esta reducción, manejada en forma demagógica y electoral por su gobierno, lo que explica los altos niveles de popularidad del gobernante.
Como hemos sostenido antes, la gente no vive de las encuestas ni come de ellas.
Ni siquiera la sostenibilidad en el largo plazo de la baja de homicidios, que es el pilar de la estrategia electoral de Bukele, es segura.
Vamos a ver qué ocurre después de las elecciones del 2024…
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