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Óscar Ugarteche*
En los últimos diez años, cialis sale más de un billón de dólares ha salido de América latina y el Caribe en calidad de Flujos Financieros Ilícitos (FFI). Contrariamente a lo que se podría pensar, case más del 80 por ciento de toda esta fuga de dinero corresponde a actividades de tipo comercial, es decir tiene que ver con prácticas de elusión, evasión y fraude tributario de grandes corporaciones. El resto corresponde a corrupción y crimen organizado.
Si toda esta masa monetaria se empleara para financiar el desarrollo sostenible de la región, se podría contribuir a reducir significativamente sus profundas desigualdades, sin depender tanto de las fuentes externas de financiamiento. Basta decir que este saqueo supera la sumatoria de la inversión extranjera directa (IED) y la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Es por ello que la cumbre de Adís Abeba es tan importante, ya que debe alcanzar un acuerdo coherente en materia de financiamiento para el desarrollo de los países del sur.
Lamentablemente, todo indica que en lugar de abordar esta agenda de manera decisiva, muchos de los bloques de los países más poderosos del planeta – que siguen estancados en crisis fiscales – ven en Adís Abeba la oportunidad de que sus grandes empresas privadas hagan nuevos negocios. Es decir, convertir el proceso de Financiamiento para el Desarrollo (FpD) de Naciones Unidas en un mecanismo para salir de su propia crisis.
Esta apuesta por privatizar el desarrollo implica que los flujos de AOD se destinarían al sector privado, en lugar de ir directamente a los proyectos de desarrollo. Asimismo, que se consagren los esquemas de Alianzas Público-Privadas (APP), especialmente en infraestructura pero también en servicios, como la solución a la crisis global. Movilizar recursos públicos para apalancar inversión privada implica transferir el riesgo del sector privado al público, es decir a los contribuyentes, y generar nuevos riesgos de endeudamiento público.
Para nadie es un secreto que las APP tienen un enfoque de lucro, soslayando el enfoque de derechos humanos, igualdad de género, sostenibilidad ambiental, territorialidad e interculturalidad que deben estar presentes a la hora de ejecutar proyectos de infraestructura. Pues el desarrollo es más que cemento, y los Estados en desarrollo, incluidos los de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), lo tienen bien claro, pues siguen sustentando, semana tras semana en la Organización de Naciones Unidas (ONU), que el desarrollo es ante todo un asunto del sector público.
El FpD es el único proceso global en el que todos los países del mundo tienen voz propia para revisar las reglas económicas y financieras internacionales con el mandato explícito de fomentar el desarrollo de los países del sur. Asimismo, se debe impedir que este termine siendo asaltado por los intereses privados, relegando a un segundo plano los temas centrales, como la reforma de la arquitectura financiera global, la neutralización de los fondos buitres, el impuesto a las transacciones financieras y el fin de los paraísos fiscales.
Es posible que el único aporte de Adís Abeba sea el acuerdo de establecer un espacio multilateral para regular la tributación internacional y abrir esa discusión clave, que hoy se concentra solamente en manos de 34 países ricos integrantes de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE).
En este momento, la sociedad civil internacional, que acaba de lanzar una campaña global para “Que las Transnacionales Paguen lo Justo”, aparece unida a los países del sur en las negociaciones para defender la creación de tal cuerpo mundial, con un amplio mandato, incluidos los incentivos tributarios, evasión y elusión de las corporaciones y grandes riquezas, y transparencia e intercambio de información. Sin embargo, hasta hoy los países miembros de la OCDE – de donde proceden la mayor cantidad de transnacionales – no están dispuesto a compartir el espacio. Su oposición es tan fuerte en las negociaciones que solo podría ser resuelta en la mesa de los ministros en Adís Abeba.
Además, un desafío central y por definir del proceso es si se está ante la última cumbre del FpD. Es evidente que varios países desarrollados quieren acabar con este proceso, nacido a inicios de siglo XXI como logro histórico del mundo en desarrollo y liderado por la región latinoamericana, como espacio político donde se renegocian constantemente las reglas de juego.
Si bien queda claro que el FpD quiere ser enmarcado en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sustentables (ODS), continuación y ampliación de los Objetivos de Desarrollo de Milenio (ODM), de ninguna manera se debe aceptar que el FpD se le termine reduciendo en una especie de Think Tank financiero de la lucha contra la pobreza, bajándole todo al perfil político de reformas económicas más amplias en favor del desarrollo sustentable. En tal sentido, los representantes latinoamericanos del más alto nivel deben ir a Adís Abeba a defender el espacio del FpD como herramienta política.
En un contexto de rebilateralización de las relaciones internacionales, el 2015 podría quedar en la historia como el año del multilateralismo, siempre y cuando los líderes de los 194 países del mundo zanjen, en el marco de la ONU, toda la agenda Post 2015 de las próximas décadas: los recursos económicos para el desarrollo en Adís Abeba en julio (FpD) y la lucha por una visión integral del desarrollo en Nueva York en septiembre (ODS), para terminar con un acuerdo eficaz para enfrentar el cambio climático en París en diciembre (COP21).
La conferencia de Adís Abeba debe marcar el ritmo para lo que viene, y los países de la región tienen que poner la vara alta para generar cambios globales más allá de la coyuntura actual. Se trata nada menos que del futuro de la humanidad. Eso es lo que está en juego.
Si Adís Abeba se circunscribe a financiar solo los ODS privilegiando a las APP y en general privatizando el desarrollo, entonces el multilateralismo va a desaparecer en favor de los fondos buitre, la financiarización de las economías y el dominio de las corporaciones. Los temas económicos que están detrás del FpD requieren de la renovación de las propuestas y de una estrategia de implementación sólida más allá de julio, y eso no puede quedar solamente en manos de los países del sur.
En nuestra región, ante todo dependerá de la ciudadanía atenta y de la movilización de la sociedad civil y movimientos sociales frente al peligro de la captura de la ONU y de la agenda del desarrollo por parte de intereses corporativos. Quedan seis semanas.
Katiuska King, Economista, ex Ministra Coordinadora de la Política Económica de Ecuador
Miguel Santibañez, Coordinador Regional de la campaña Beyond 2015 en América Latina
Ana Tallada, Presidenta de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derecho
*Economista, Universidad Nacional Autónoma de México UNAM.
