Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Montepuez / AFP
Joaquim Nhamirre
Refugiados en el espesor de la selva tropical, los mineros esperan pacientes para entrar en las galerías, de las que luego saldrán cargados de sacos llenos de tierra, con la esperanza de extraer trocitos de piedras preciosas vitales para su supervivencia.
En el norte de Mozambique, que suministra el 80% de la producción mundial de rubíes, cientos de mineros irregulares desafían día y noche el hambre, a la policía y a una multinacional por unas migajas ilegales del comercio de esta piedra.
Hace ocho años que Faque Almeida, de 46 años, excava el sotobosque del distrito de Montepuez en busca de los destellos rojizos del rubí.
«Estoy aquí porque soy pobre», afirma este musulmán de Nampula (centro), que perdió una pierna en un accidente y tiene cuatro mujeres y 22 hijos que alimentar.
«Sobrevivía cultivando un pequeño pedazo de tierra para mi familia cuando oí decir que había piedras preciosas en Montepuez», cuenta. «Desde entonces, estoy aquí».
El descubrimiento fortuito, hace diez años, de los primeros rubíes atrajo a miles de personas de toda la región, antes de que el gobierno mozambiqueño interviniera.
– Violencia –
En 2011, el Ejecutivo aprobó una concesión de 36.000 hectáreas a la empresa Montepuez Ruby Mining (MRM). Tres cuartas partes de la misma pertenecen al grupo británico Gemfields y el 25% restante a un general mozambiqueño.
Según la ley, MRM es la única autorizada para extraer y vender los rubíes de Montepuez. Este negocio le reportó, oficialmente, 350 millones de euros desde 2012.
Pero la llegada del gigante británico, sus alambradas y sus agentes de seguridad armados no ha disuadido ni a los «garimpeiros» ni a la policía, a la que los mineros acusan de abusos e incluso ejecuciones sumarias.
«Cavamos agujeros de más de 5 metros que a veces se derrumban sobre nosotros. Así he perdido a muchos amigos y a un hermano», señala Fernando Zulu. «Pero nuestro mayor miedo es la policía y la seguridad privada. Vienen, nos detienen, nos torturan y a veces incluso nos entierran vivos».
Unas prácticas documentadas por varias oenegés. El año pasado, la asociación de abogados del país denunció los «actos de tortura, violencia […] persecuciones y amenazas llevadas a cabo por diferentes elementos de las fuerzas de seguridad».
La policía y Gemfields lo niegan.
«Admitimos que las relaciones entre nuestros agentes de seguridad y los mineros ilegales no son necesariamente amistosas», admite el director general de Gemfields, Sean Gilberston, «pero hacemos todo para respetar los derechos humanos».
– Intermediarios –
Según testimonios recabados por la AFP, las piedras que extraen los mineros ilegales acaban siendo vendidas a través de comerciantes llegados de Senegal, Nigeria o Malí.
La mercancía pasa después a manos de «mayoristas» procedentes de Tailandia, Sri Lanka o Vietnam.
«Me quedo aquí durante un mes o dos para comprar rubíes. Cuando tengo bastantes, vuelvo a mi país para venderlos», explica uno de ellos tras pedir el anonimato.
Este circuito garantiza a los «garimpeiros» un medio de supervivencia.
Oriundo de un pueblo de la vecina Tanzania, Cassiano Johane se instaló en Montepuez en 2011 siguiendo la fiebre del rubí. «Abandoné a mi familia por los rubíes», cuenta. «Encontré varios, los vendí y envié el dinero a mi familia».
Si la policía tolera este mercado negro es, precisamente, porque los agentes también sacan tajada, según los mineros.
«Cuando nos detienen […] la policía nos libera a menudo a cambio de un soborno. Solo los que no tienen medios se quedan en la cárcel», apunta Leonardo Vaneque, de 23 años.
– La respuesta oficial –
El director de Gemfields reconoce la corrupción con los agentes del Estado. «Desgraciadamente, tenemos ejemplos», suelta. «Son una minoría pero […] es muy preocupante».
La policía asegura estar encargándose del problema de los mineros ilegales.
«Hacemos cuanto podemos para liberar a la provincia» de este problema, asegura el portavoz de la policía provincial, Augusto Guta. «No detenemos a nadie, se envía a la gente a sus casas, en Mozambique o en el extranjero», añade. «Cualquier otra actuación sería ilegal y debe ser denunciada».
Por su parte, el ministro mozambiqueño de Recursos Minerales, Max Tonela, aseguró estar preparando «un plan para combatir el comercio ilegal de diamantes, metales y piedras preciosas».
Una tarea que se augura ardua, pues los mineros están tan determinados como desesperados.
«Seguiremos ‘robando’ las piedras que Dios nos ofrece en lugar de robar a la gente», asegura Luis Elias, de 42 años. «Esta mina es lo bastante grande para todo el mundo», insiste, «pueden echarnos fuera, nosotros continuaremos porque no tenemos otra opción. No hay más trabajo que este».
