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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
En la presentación del reciente informe “Movilidad Humana y Obligaciones de Protección: Hacia una Perspectiva Subregional”, que aborda el acceso y amparo de los derechos de las poblaciones en migración en los países del Norte de Centroamérica y Estados Unidos, La CIDH demanda el análisis y respuestas ante la situación de movilidad en la región
“El presente informe aborda la movilidad humana desde una perspectiva multilateral y subregional, enfocándose en las características territoriales e institucionales de los movimientos humanos”, señaló la CIDH.
Los procesos de movilidad de personas de los países del Norte de Centroamérica hacia los Estados Unidos, han sido históricos y que estos se han caracterizado “por factores de atracción y expulsión” que hacen del ciclo migratorio una dinámica circular, dice la entidad humanitaria.
Por las condiciones que viven las pueblos en los países del Norte de Centroamérica, les han obligado a buscar nuevas formas de desplazamiento hacia Estados Unidos y México.
Mientras que estos últimos Estados han implementado políticas migratorias para disuadir los movimientos de personas en situación irregular y expulsarlas, de manera inmediata a estas personas, que al verse enfrentadas a las situaciones que las desplazaron originalmente, buscan iniciar nuevamente el mismo ciclo migratorio.
Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos añadió que continuará abordando los escenarios de movilidad humana desde la perspectiva regional y subregional. Además de proponer respuestas basadas en los principios de responsabilidad compartida, cooperación internacional, y la disposición de los Estados su aporte técnico en la materia.
“De acuerdo con lo señalado por los Estados en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, las migraciones pueden participar en la generación del desarrollo, la prosperidad, la innovación, pero demandan de los Estados una gobernanza y respuestas integrales”, argumentó la CIDH.
“Respuestas que serán producidas tanto en el marco de las normas y tratados existentes como en los procesos de cooperación que se implementen, inclusive, con la participación social adecuada”, acotó.
Del informe, plantea la CIDH, se dedicará especial atención “al trabajo de generación de capacidades en América Central para la protección de los derechos humanos de este grupo de personas”, en particular las que se den a través de una “estrategia de incidencia” conforme a sus distintos mandatos y desde una perspectiva transversal.
“La Comisión ha considerado que la protección de los derechos humanos de las personas migrantes deriva de las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos, las cuales deben aplicarse a cualquier persona que se encuentre por fuera del Estado del cual son nacionales”, alegó.
“La Corte IDH ha señalado que las obligaciones generales de respetar y garantizar establecidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, derivan deberes especiales que son determinables en función de las particulares necesidades de protección”, acotó.
En cuanto a las cifras más actualizadas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, División de Población, la CIDH informó que para mediados de 2020 había un total de 16.198. 974 personas migrantes por país de origen en América Latina y el Caribe.
“De ellas, 1.599.058 son originarias de El Salvador, 985.077 de Honduras, 1.368.431 de Guatemala y un total de 11.185.737 de México. Los datos señalados, de acuerdo con Naciones Unidas, presentan el conjunto completo de estimaciones de la cantidad de migrantes internacionales por sexo y región, país o zona de origen”, agregó.
Mientras, en sus conclusiones y recomendaciones, el informe de la CIDH destacó, la necesidad de realizar un análisis sobre la situación de “movilidad humana en Norte y Centroamérica”, que se aborden las causas que motivan los desplazamientos voluntarios y forzados de las personas y su dimensión.
“La CIDH reconoce que el fenómeno de la movilidad humana en la región señalada es complejo; ello, debido a que este tipo de fenómenos involucran siempre a más de un Estado. Que se ve impactado por contextos políticos, económicos, sociales y ambientales de cada Estado”, consideró.
“La Comisión conlleva importantes desafíos para los Estados de origen, tránsito, destino y retorno, quienes enfrentan retos en materia de protección y garantía de los derechos humanos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, así como la sobrecarga de los sistemas nacionales ante las continuas solicitudes de diversas formas de protección internacional”, reiteró.
La CIDH señaló que los principales desafíos que están enfrentando los Estados frente a los “movimientos mixtos a gran escala en la región” están relacionados con las dificultades y diferenciar, de manera adecuada, las necesidades particulares de protección de las personas”, por lo que la CIDH considera la identificación de esas demandas de tutela que tiene una persona en movilidad y garantizar así el acceso a los procedimientos que requieran.
“Por ahora, la falta de identificación de dichas necesidades no solo impide el acceso a los mecanismos de protección, sino también coloca a estas personas en riesgo de violaciones a sus derechos humanos”, añadió.
“Valoramos los esfuerzos nacionales y regionales para trabaja de manera conjunta en abordar las causas que originan los desplazamientos forzados de personas y garantizar condiciones para que la migración sea segura, ordenada y regular”, apuntó la CIDH.
