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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado salvadoreño a restablecer los derechos y garantías suspendidos hace un año por el régimen de excepción, así lo dio a conocer en un comunicado de prensa emitido este jueves.
«La CIDH urge al Estado respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas», agregó.
El pasado 15 de marzo, la Asamblea Legislativa prolongó por doceava vez consecutiva el régimen de excepción, con ello, se mantienen suspendidos los derechos y garantías establecidos en los artículos 12 inciso 2° y 13 inciso 2° de la Constitución de El Salvador.
El primero se refiere al derecho de la persona detenida de ser informada de manera inmediata y comprensible de sus derechos y las razones de su detención, y a los derechos de no ser obligada a declarar y de contar con la asistencia de defensor en las diligencias de los órganos auxiliares de la administración de justicia y en los procesos judiciales.
El segundo artículo dispone sobre el plazo máximo de 72 horas para la detención administrativa y la consigna de la persona detenida a juez competente dentro de ese plazo, con las diligencias que hubiera practicado. Con el Estado de Excepción la detención por seis meses o más.
Asimismo, el decreto mantiene suspendido el artículo 24 de la Constitución, que dispone sobre la inviolabilidad de la correspondencia de toda clase, salvo bajo los términos previstos en la ley, así como las consecuencias de las intervenciones ilegales en las telecomunicaciones, así como los allanamientos a las viviendas cuando la autoridad lo decida.
La Comisión plantea que si bien se tiene información del Estado de que el país alcanzó una reducción de la criminalidad sin precedentes, contabilizando 188 días sin homicidios en los últimos 12 meses, «la CIDH ha alertado al Estado de El Salvador que la suspensión de derechos y garantías, especialmente cuando aplicada de manera indefinida, constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común».
El régimen de excepción ha permitido capturar a más de 66 mil personas. Sin embargo, entre ellas miles de personas inocentes que nada tienen que ver con pandillas u otros grupos delincuenciales.
