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Eugenio J. Ríos
El desfalco cometido en el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) durante los gobiernos de Arena es apenas parte de una inmensa ola de corrupción que no había sido tocada ni mucho menos investigada por la oficina de Probidad, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte de Cuentas de la República.
El señor Nicola Angelucci, es nada más la cabeza visible de un grave delito cometido contra la hacienda pública, cuando decide crear los Infocentros convoca a colegas y amigos suyos como parte de la directiva: Francisco de Sola, Rafael Ibarra, Mirna Liévano de Márquez, Yolanda Mayora de Gavidia, Fabricio Altamirano y Salvador Samayoa.
Es más o menos el mismo procedimiento cuando un Capo de la Mafia decidía formar una “empresa” para la compra y venta ilegal de bebidas embriagantes y droga, se operaba de “manera abierta”, pero se eludía el pago de impuestos al fisco, en el caso que nos ocupa es más grave por cuanto el capital semilla fue aportado por el gobierno de Francisco Flores.
Infocentros comenzó a operar en febrero del 2000. Fue fundada como institución privada sin fines de lucro y su administración recayó en una directiva como lo hemos apuntado en un párrafo anterior. De ellos, únicamente se ha instalado la audiencia inicial contra Angelucci y el abogado Sigfredo Figueroa, acusados de peculado y negociaciones ilícitas.
La FGR acusa a los directivos de Infocentro de los delitos de peculado y negociaciones ilícitas, Angelucci también es señalado por el manejo irregular de unos $6 millones en el periodo que estuvo al frente de la institución, pues también compartió ese puesto con el abogado Sigfredo Figueroa.
Las investigaciones iniciaron el año 2012 cuando ante la FGR se interpuso un aviso especificando que Angelucci había hecho erogaciones de dinero por parte del BMI en varios proyectos, donde no existe evidencia física de haber sido ejecutados por Infocentros, los unos entregaron el dinero y los otros se lo llevaron, supuestamente sin dejar huellas.
La directiva supuestamente se encargaba de supervisar las operaciones, de velar por la transparencia de los fondos entregados y por el crecimiento del proyecto considerado “el más novedoso del momento” porque acercaba a la población a las tecnologías de información y comunicación, sobre todo con internet.
Las culpas y las acusaciones ahora vienen y van. El defensor de Angelucci admite que además de su defendido “hay otros que también tomaban decisiones”, tal como lo hemos explicado en un párrafo anterior; pero no solo los seis directivos, como en múltiples hechos de corrupción debe investigarse en las entrañas de esa cloaca conocida como Arena.
Tras salir del Juzgado Cuarto de Paz, el abogado defensor expresó: “Es cierto que Angelucci era presidente del BMI, pero hay que recordar que había una junta de seis directivos que aprobaban los proyectos”. En este caso se trata de $6 millones evaporados luego de supuestamente ser invertidos en varios “proyectos” nunca conocidos.
Una de las formas más frecuentes ideada por los cuadros y altos dirigentes de Arena era crear de manera rápida empresas e inscribirlas en el Registro de la Propiedad Bienes y Raíces, por supuesto como en el caso de Infocentros, o el bulevar Diego de Holguín, ya tenían listos los nombres de sus “amigos” para formar parte de la directiva.
Lo más grave de todo esto, es que los fondos iniciales de $10 millones para operar Infocentro, “institución privada sin fines de lucro”, fueron otorgados por el gobierno arenero, de los fondos obtenidos por la privatización de Antel, como ya ocurrió con préstamos para construcción de hospitales, jamás esos dineros han sido devueltos al Estado.
Si la justicia, comenzando por la Fiscalía, de verdad proceden con valentía y transparencia, los salvadoreños quizás tengamos la oportunidad de conocer y de llegar al fondo de más de 150 expedientes de la corrupción, cometidos por altos funcionarios de Arena, quienes con cinismo e hipocresía piden “investigar” la corrupción fuera de su propia cloaca y nido de inmundicia.
