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Yaneth Estrada
@caricheop
Durante la segunda audiencia conciliatoria en el Centro Judicial Isidro Menéndez, la Colectiva Amorales reiteró que “no darán marcha atrás en la defensa de los derechos humanos de las mujeres” y el proceso continuará el 28 de agosto.
Las defensoras fueron acusadas de “presunta” calumnia y difamación por el profesor de la Universidad de El Salvador (UES) Ricardo Mendoza, en un intento por callar las acusaciones en su contra por supuesto acoso sexual y agresiones hacia sus estudiantes, por lo que pide una remuneración de 150,000 dólares.
“No nos prestaremos a conciliar y estamos preparadas para dar la batalla jurídica. El profesor Mendoza quiere utilizar el sistema de justicia para callar y validar las agresiones que ha cometido contra muchas de sus estudiantes, quienes lo han denunciado y nosotras hemos acompañado”, señalaron.
Asimismo, expresaron su posición para apoyar a las víctimas se basa en el artículo 4 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia (LEIV) para las Mujeres, literal F, que establece “el principio de prioridad absoluta”.
Medida para callar denuncia
Berta María Deleón abogada defensora explicó: “yo creo que este es un paso en falso que ha realizado el profesor, y una medida desesperada para pedir que se callen las mujeres que lo están denunciando, y que son muchos casos”.
Las Amorales también llamaron a más organizaciones defensoras de derechos humanos y en defensa de la mujer a apoyar la causa, y a pronunciarse ante el caso para no abrir la puerta a la impunidad y sentar un precedente en el tema de acoso sexual en universidades, ya sea pública o privada.
En el caso de la UES piden que deje de encubrir a los agresores, ocultar evidencia y hasta exponer a las víctimas. Además de exigir el reconocimiento de los delitos por parte de las autoridades, un pronunciamiento oficial y el despido del docente, debido a que representa un peligro.
Recientemente con más de cien denuncias hacia catedráticos, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al artículo 21 de la Ley para una Vida libre de Violencia (LEIV), para obligar a las universidades a aplicar un protocolo contra casos de acoso sexual a estudiantes.
