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@elder_gomez_2
Congresistas de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, sale de la Asamblea Legislativa, capsule estudian aprobar un Decreto para el “retiro voluntario” de maestros que estén por jubilarse o para aquellos que lo deseen, en un intento por “abrir espacios” a las nuevas generaciones de profesores.
Los parlamentarios de la instancia legislativa también tienen en estudio otro Decreto para conceder una pensión por retiro a al menos 125 profesores que padecen enfermedades terminales.
Los legisladores acordaron, para ambos casos, citar a la sede de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto al ministro de Educación, Carlos Canjura, para que explique detalles de ambas situaciones.
Además, decidieron también citar a la instancia legislativa a representantes de organizaciones magisteriales para que opinen “sobre la viabilidad y conveniencia de estos Decretos”, explicó la presidenta del congreso y de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, Lorena Peña.
Sobre el futuro de las plazas, la legisladora del FMLN dijo que estas “no se suprimen, pero entiendo yo que deberán congelarse, pero vamos a esperar mejor a las autoridades de Educación para que nos expliquen su plan”.
En el Sistema Educativo Nacional laboran en la actualidad 43 mil 163 docentes, en 5 mil 124 centros educativos diseminados en El Salvador, donde atienden a más de un millón de estudiantes, según datos oficiales, que revelan que en el área administrativa del Ministerio de Educación trabajan 3 mil 593 empleados.
Los parlamentarios también decidieron enviar peticiones escritas al titular de Hacienda, Carlos Cáceres, así como a las autoridades de Bienestar Magisterial, el primero para que detalle los desembolsos para los maestros que se acojan al “retiro voluntario” y, los segundos, para que den cifras de educadores que sufren enfermedades terminales.
No volverán a trabajar
El Decreto para el “retiro voluntario” de maestros contemplará también un apartado que prohibirá a aquellos profesores que se acojan a este, volver a trabajar en instituciones públicas o municipales, de las cuales también abrazan decretos similares para obtener otras indemnizaciones.
“Hubo una vez que de la Corte Suprema (de Justicia) nos venían unos (empleados) que era tercera vez que iban con el retiro voluntario y se llevaban 20 mil dólares, 50 mil dólares, cada dos años, y eso no puede ser”, advirtió la parlamentaria, quien ha estado en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto durante seis años.
