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Redacción Nacionales
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Luis González, abogado de la república, explicó que el funcionamiento adecuado de un Estado moderno, democrático y constitucional de derecho se fundamenta en la separación e independencia de sus órganos de Estado, lo que garantiza los pesos y contrapesos, que fueron arrasados por las recientes reformas aprobadas por el Legislativo en obediencia a una decisión política del órgano Ejecutivo.
La libertad de los jueces y juezas para ejercer sus funciones de manera imparcial en la responsabilidad de sus cargos, fue vulnerado nuevamente, cuando la bancada oficialista del partido Nuevas Ideas, aprobó de forma “exprés” reformas a la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR).
“El primer golpe a la institucionalidad fue el 9 de febrero (2020), y luego el 1o de mayo del presente año, atentan contra el órgano Judicial, y lamento esta situación, porque no debería haber ninguna injerencia de un poder en otros órganos del Estado”, dijo González.
“Es lamentable que se estén tomando decisiones desde la Asamblea Legislativa, y vengan a restar independencia al órgano Judicial, Cuando el hecho que los jueces sean vitalicios es precisamente para darles independencia judicial”, dijo González.
En cuanto a la argumentación que es para remover a jueces que son “corruptos” o no cumplen con su obligaciones, González, reiteró, que la Corte Suprema de Justicia y órgano Judicial, cuentan con sus propios procedimientos para su depuración.
“Esto resta a la independencia judicial y bajo este contexto en donde la institucionalidad está bajo toda esta problemática, desde el 9 F, pensaría que buscan a jueces y juezas que respondan a lo que plantea el Ejecutivo, lo que resta a diario a la democracia y se está concentrando el poder que lleva a un Estado autoritario”, afirmó González.
Mientras, David Morales, jefe jurídico de Justicia Transicional de CRISTOSAL, consideró que las recientes reformas a la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, evidencia el deterioro y afectación al principio de división de poderes del Estado salvadoreño. “Hay un evidente propósito del régimen del presidente Nayib Bukele, y su bancada Cyan, de seguir cooptando al órgano Judicial y evitar de esta manera el control judicial a sus abusos de poder y uno de los efectos de esas medidas arbitrarias y violatorias de la carrera judicial y al debido proceso, permitirá el cese inmediato en sus cargos a jueces mayores de 60 años, al ser vigente esta ley, por lo tanto, cesaría inmediatamente en sus funciones al Juez Jorge Guzmán, del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán”, dijo.
“Quien ha llevado adelante la instrucción penal en el caso de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, evidentemente la medida dañaría gravemente el acceso a la justicia de las víctimas al paralizar el juicio e impidiendo se avance hacia la fase plenaria (sentencia). Es obvio, que es una medida que protege a los criminales de guerra que están siendo acusados como el exministro José Guillermo García y ex oficiales del batallón Atlacatl”, argumentó Morales.
