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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“La cooptación de poder que se está dando ha roto el Estado constitucional, democrático y social de derecho y eso se va a traducir justamente en la desprotección general de la población”, manifestó Saúl Baños, director ejecutivo de FESPAD, en reacción a la seguridad jurídica que se vive en El Salvador.
Las declaraciones de Baños las dio en el marco de la presentación del documento “Propuestas para Fortalecer la Independencia e Integridad Jurídica del Triángulo Norte de Centroamérica”, luego de una investigación que contó con el apoyo de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a través del proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en el Triángulo Norte de América Central.
La investigación realizada durante los primeros cuatro meses del presente año, permitió a un grupo de abogados de FESPAD, de El Salvador, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), de Guatemala, y Contracorriente, de Honduras, identificar avances, obstáculos y desafíos en materia de independencia e integridad judicial. Pero, además, una serie de propuestas puntuales para un verdadero Estado de Derecho para estos tres países que integran el Triángulo Norte.
En la parte del contexto del estudio revisaron los mecanismos en los que se ven inmersas las elecciones de funcionarios de segundo grado en el sistema judicial, el nombramiento de funcionarios de las judicaturas, evaluaciones y depuraciones y procesos que se ven afectados en las garantías para el ejercicio de independencia e integridad judicial en los tres países.
“Creemos que es un documento sumamente necesario en este momento de país, es mucho más apremiante presentar estas propuestas, para ser discutidas, para ser tomadas en cuenta en el establecimiento de la institucionalidad democrática”, dijo Baños.
En cuanto a El Salvador, agregó que la investigación realizada entre enero a abril, antes del acontecimiento del 1 de mayo, que la Asamblea Legislativa, depuso inconstitucionalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, lo calificó como un “hecho de alta relevancia, porque plantea una regresión y un desmontaje de los pocos avances que se tenían de institucionalidad democrática”.
Al citar el caso de la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional, magistrado Oscar López Jerez, que finalizará su período en 2024, Baños opinó que era un deterioro jurídico, pues no se escogieran esos nombres de los profesionales del derecho de acuerdo a la nómina con el listado de abogados que habían sido elegidos por las gremiales y el Consejo Nacional de la Judicatura.
“Lo que ha hecho la Asamblea es un traslado de él, de magistrado que ya estaba en el cargo hacia la presidencia de la Sala de lo Constitucional, es cuestionable ese procedimiento. Él puede quedarse ahí, pero el cuestionamiento lo tendrá presente y no solo él, sino los magistrados que integran la Sala de lo Constitucional. Solo esperamos que tengan algún viso de independencia”, expresó.
Asimismo, Baños consideró que muchos de estos nuevos magistrados cumplen con los requisitos del artículo 176, de la Constitución de la República, referido a la instrucción, pero, sobre todo, a la moralidad notoria, que es imprescindible para optar a una magistratura.
“El procedimiento que se siguió no permitió a la sociedad civil participar para interpelar a esos candidatos a magistrados en su trabajo, porque se conocen que algunos son cuestionables y otros que no reúnen la instrucción notoria o moralidad para ocupar dichos cargos”, sostuvo.
Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de FESPAD, comentó sobre la activación de los mecanismos de protección a jueces y juezas que se vean amenazados por su independencia e integridad judicial, en un régimen autoritario, y que sirva de referente a organismos nacionales como internacionales en esta materia.
“En El Salvador, el Estado de Derecho está en Cuidados Intensivos, tenemos un órgano Ejecutivo que controla la Asamblea Legislativa, que controla la Fiscalía General de la República, que tiene ya 10 votos en Corte Plena, con la elección que hizo la Asamblea a favor del presidente (Nayib Bukele)”.
“Y tenemos un Ejecutivo con serios problemas a respetar las instancias de control social, al ejercicio del poder y dar cuentas a la población. La transparencia en el uso de fondos públicos y permitir el trabajo de la sociedad civil organizada sin ninguna presión. Tenemos un Estado de Derecho en cuidados intensivos y requiere la actitud activa de la población para garantizarlo”, dijo Carrillo.
Mientras, el juez Juan Antonio Durán, del Tribunal Segundo de Sentencia, invitado al conversatorio, realizó una serie de consideraciones en las que destacó que el país se encuentra en una “situación de crisis”, luego de la toma de posesión de la Asamblea Legislativa el pasado 1 de mayo. Que destituyó de forma inconstitucional a los magistrados e imponer a otros, lo que riñe con la Constitución de la República. Y repercute en la independencia judicial.
“Es evidente que estos señores han sido puestos por el partido del Gobierno (Nuevas Ideas) sin respetar la estabilidad que señala la Constitución para los jueces constitucionales. Que tienen un período de nueve años de nombramiento y, ¿por qué un período tan largo? Bueno para no depender de la voluntad del presidente en turno, entonces, al removerlos pusieron jueces constitucionales a su gusto”.
“Diría que, tenemos una justicia a la carta, porque se va a decidir conforme diga Casa Presidencial, es una situación de crisis en la independencia judicial porque también, la Corte Plena decide en: nombramientos, traslados, sanciones, remociones, suspensiones de los jueces”, explicó el juez Durán.
En cuanto a la situación de jueces y juezas del país, manifestó que la condición es de “zozobra”, por los antecedentes que existen con la remoción fraudulenta de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y son quienes tocan los procesos de nombramientos o remociones. Agregó, que hay presiones aunque no directas, existen amenazas veladas de remover o destituir la gente, daban su opinión.
“La comunidad jurídica y la población en general debe pronunciarse ante esta situación que violenta la separación de poderes, la independencia judicial y el Estado de Derecho. Porque se ha concentrado todo el poder en manos de una persona, un poder absoluto. Y sin pesos y contrapesos que genere un equilibrio y balance, en este momento ya no hay controles en el país”, acotó.
Sobre el argumento del presidente Nayib Bukele, que las anteriores administraciones tenían una Sala de lo Constitucional, a su favor, el juez Durán desvirtuó esa declaración señalando que la Corte de 2009 a 2018, su Sala de lo Constitucional resolvió contra las decisiones del presidente (Mauricio) Funes y del presidente (Salvador) Sánchez Cerén.
“En otras administraciones como (Antonio) Saca y (Francisco) Flores, había una correlación de fuerzas distintas, pero por lo menos había pluralismo jurídico que lo señala la Constitución. Y esto es, lo que no tenemos con la actual Sala de lo Constitucional”, puntualizó.
