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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) presentó el “Resumen del Juicio del Caso Jesuitas en España”, a manera de contribución y acceso a la información del proceso judicial que llevó a la condena al exviceministro de seguridad, Inocente Montano, como parte de los autores intelectuales en la Masacre de los “asesinatos terroristas de Elba y Celina, junto a seis sacerdotes Jesuitas”.
Fue la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando un grupo de efectivos del batallón Atlacatl, fueron asesinados a tiros en el Centro Pastoral del campus universitario: Ignacio Ellacuría (rector de la UCA); Ignacio Martín-Baró (vicerrector), Segundo Montes (director del IDHUCA). Amando López , Joaquín López y López y Juan Ramón Moreno, docentes de la UCA, y las trabajadoras Julia Elba Ramon y su hija Celina Mariceth Ramos.
De este crimen la institucionalidad pública señala el resumen, el Sistema Judicial, se encargó solo de “encubrir a los máximos responsables y no garantizó un debido proceso”, lo que permitió la impunidad lo que se extendió por décadas, pese a las demandas de justicia de la Compañía de Jesús y familiares de las víctimas.
Situación que llevó a algunos familiares de las víctimas en el año 2009 a presentar sus demandas de justicia en la Audiencia Nacional de España, en razón del principio de justicia universal, y con base a la competencia que ese país reconoce para juzgar algunos delitos como el “terrorismo”contra sus nacionales en el extranjero.
“En este proceso judicial se juzgó a uno de los autores intelectuales, el coronel Inocente Orlando Montano Morales, miembro del Alto Mando de la Fuerza Armada al momento del crimen, en su calidad de viceministro de seguridad pública. La sentencia definitiva condenatoria se conoció el día 11 de septiembre de 2020”, cita del resumen.
El acusado, en su intervención ante la audiencia, señaló que era integrante de La Tandona (promoción de militares 1966), quienes llegaron a ocupar y controlar puestos de poder militar en el país, previo y durante el conflicto armado que se desarrolló en la década de los años ochenta, incluso, luego del firma de los Acuerdos de Paz, quienes bloquearon la búsqueda de justicia de sobrevivientes y familiares de las víctimas con la emisión de la Ley de Amnistía de 1993. Derogada por la Sala de lo Constitucional en el 2016.
Sobre las conclusiones del proceso judicial en la Audiencia Nacional de España, en el caso Jesuitas, señalaron que este ejercicio de la ley, ha dado “importantes lecciones al sistema judicial de El Salvador”, en cuanto a la pronta y cumplida justicia y la protección efectiva de las víctimas y sus familiares.
“Cuando se conoció la sentencia definitiva condenatoria contra el acusado Inocente Orlando Montano Morales, luego de que desfilaran una serie de pruebas, en las fases de instrucción y de juicio oral, que acreditaron los hechos y la participación del condenado. Una sentencia que, entre otras cosas declaró al acusado como uno de los autores mediatos o intelectuales, de los asesinatos terroristas cometidos en contra de los cinco jesuitas con nacionalidad española. Por cierto, la sentencia definitiva asegura claramente que no es aplicable al resto de los involucrados”, citan.
La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española sostuvo que el asesinato contra el padre Ignacio Ellacuría fue un delito que se ejerció con “dolo directo, con alevosía, con la preparación y la intención de matarlo”.
Mientras, los asesinatos de los otros jesuitas, así como Elba y Celina Ramos, que se ejercieron desde las estructuras del Estado, las calificaron de “terrorismo estatal”, que aprovecharon su posición de poder utilizar el “monopolio de la violencia” para generar el terror e incertidumbre a la población civil y alterar la paz pública.
“El juicio del Caso Jesuitas en España y su sentencia definitiva brindan elementos orientadores al sistema judicial salvadoreño, en la consecución de la justicia transicional. El proceso judicial tramitado en la jurisdicción española representa un paso importante en el camino por superar la impunidad histórica, que aún se posiciona sobre los crímenes cometidos en el conflicto armado. Es un paso importante para ellos, pero no la superación de tal imunidad, ni mucho menos las garantías de no repetición el fortalecimiento institucional”.
“El sistema judicial salvadoreño es hoy más que nunca el principal responsable para que se hagan valer los derechos de las víctimas del conflicto armado, y sus familiares, incluso, en el caso Jesuitas puesto que la sentencia solo recayó sobre uno de los responsables -el que fue extraditado- y a favor de las víctimas españolas”, acotaron.
Para el IDHUCA, la sentencia española incluyó en su análisis algunos elementos de derecho internacional, pero la condena a Montano, utilizó su legislación nacional. Y por el que Estados Unidos aceptó la extradición del militar, mientras en El Salvador el sistema judicial debería implementar la justicia transicional sobre el caso Jesuitas.
“Ahora bien, la falta de justicia no es un problema propio del caso Jesuitas. Otros crímenes cometidos durante el conflicto armado también sufren por la desidia judicial, fiscal y policial inclusive, y, con ello, las víctimas no basta con promover la memoria histórica en un círculo comunitario, sino que también necesitan que su verdad, su sufrimiento sea reconocido en un proceso judicial como derecho que el Estado está obligado a garantizar”, indicaron.
