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Una reapertura económica “desordenada” puede dar paso a que el Gobierno siga improvisando su accionar frente a la pandemia de COVID-19, poniendo en riesgo la salud y la vida de la población. A esto se suma la confrontación constante del presidente de la República en contra de los demás órganos del Estado, es la conclusión que hace la diputada Nidia Díaz, jefa del Grupo Parlamentario del FMLN, al consultarle respecto a la emergencia sanitaria que vive El Salvador.
La parlamentaria habló, además, sobre la falta de diálogo desde el Gobierno y la intolerancia del presidente de la República a las iniciativas del Congreso, las cuales en su mayoría han sido vetadas a pesar de estar orientadas a dar una atención integral a la emergencia.
-¿Qué valoración hace el Grupo Parlamentario del FMLN respecto a la reapertura económica que se dio en el país después de más de cinco meses de cierre por la pandemia de COVID-19?
En junio discutimos (en la Asamblea) estos temas de la reapertura, iniciamos con ellos el 10 de mayo, que era necesario un plan integral que comprendiera la salud, el tratamiento de la pandemia, la educación y la parte del transporte… De ahí surgió el decreto No. 648, no lo quisieron acompañar y un tema central fue -precisamente- los tiempos de reapertura económica. Se encaprichó el Gobierno y no quiso acompañar todo un planteamiento integral. El 11 de junio, se estructura el No. 661 (decreto legislativo), (que contiene) la Ley Especial de Emergencia por la Pandemia COVID-19, comprendía la atención integral a la vida, a la salud y la reapertura económica. Fue vetado y superado ahí por el 24 de junio más o menos, se fue para la Sala de lo Constitucional (de la Corte Suprema de Justicia) y ahí pasó hasta que, el 19 de agosto, la Sala nos da la razón. A esa altura, la gente ya había comenzado a salir y, de hecho, se estaba dando la reapertura un poco desordenada y si no ha habido un colapso es porque ha habido principalmente el autocontrol y autorregulación de los ciudadanos, dado que no se han querido aplicar verdaderamente medidas relacionadas a protocolos que debieron quedar establecidos; solo la dirección del Código de Salud establece que el ente rector es el Ministerio de Salud. En conferencia, el presidente dijo que él tenía instrumentos: la Ley del Sistema Integrado de Salud, la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y personal de salud; la Ley de Protección Civil, y que eso le bastaba si lo bloqueaba la Sala o la Asamblea. Pero eso lo tiene desde enero, desde que se decretó emergencia sanitaria, y desde que nosotros mismos decretamos la Ley de Emergencia el 14 de marzo hicimos cuatro prórrogas. El presidente pidió, en medio de todos estos debates, otro régimen de excepción. Entre el 19 y 30 de junio especialistas (juristas) coincidieron en que no era necesario ni decretar cuarentenas. No podíamos venir, además a contradecir a la Sala, que ya había dicho que no se aplicara esto. El Código de Salud y Ley de Protección Civil ya dan el marco legal para los controles sanitarios.
Este decreto 661, que nos dio la razón la Sala, le dio ocho días al Gobierno para sancionar, ya lo sancionó; pero no lo manda a publicar. Esto nos daría oportunidad de reformarlo, será igual, bastantes cosas son valederas, solo es de adecuar los tiempos (de las fases), pero no lo podemos hacer porque no es Ley de la República. El presidente ha estado empecinado en que debe ser como dice él. Él debería cumplir al pie de la letra lo que le permite la ley, quiere ganar tiempo (al no cumplir el proceso de formación de ley) e ir haciendo que no se cumplan planes y eso le permite un desorden, en el cual puede manejar fondos en una forma incorrecta, y permitirle a todos sus amigos y familiares que hagan negocios.
-En todo este proceso, se ve la falta de colaboración entre órganos, no pone de su parte el Gobierno para trabajar en conjunto. Nunca se hizo un llamado a trabajar en unidad desde el Estado, ¿considera que el presidente prefiere confrontar?
Él se ha caracterizado desde que entró al Gobierno por querer imponer su voluntad a los otros órganos del Estado. Recordemos el 9-F, que tuvo a su base el querer imponer a la Asamblea Legislativa que votara de una forma y, como no se le hacía caso, porque nosotros teníamos otras variantes de cómo solucionar, él comenzó a decir: me tienen que obedecer. El 6 de febrero reúne al Consejo de Ministros y le dice: que los diputados no me quieren aprobar, tengo que obligarlos. Y el Consejo convocó, cuando no era su función, a tal grado que el 10 de febrero la Sala de lo Constitucional tomó medidas cautelares donde dice que no tiene sentido esa convocatoria. Él toma el abuso del poder y da golpe de Estado a otro poder para hacer efectivo lo que él quiere, sin importar los daños y la violación de la constitución y orden constitucional que hay. Después se han visto otras situaciones, al principio empezó un diálogo, pero él quiso imponer los regímenes de excepción y no ser transparente en el uso de los fondos.
-Y acciones represivas…
Ha llegado hasta a amenazar que va a quemar a los políticos o que va a fusilar a los magistrados si tuviera más poder. Él busca tener más poder desde un órgano para imponerse a los otros órganos y hacer lo que él quiere, eso no contribuye. Hay intolerancia, mucho insulto, descalificación a la Asamblea y mucha pretensión de obligar e imponer sus puntos de vista, aun violando la Constitución.
-¿Considera que hay un interés en anular toda decisión de la Asamblea Legislativa?
De los 85 decretos que nosotros hemos aprobado, 50 son de él, y los hemos aprobado con voluntad política. El Frente únicamente en cinco no ha votado a favor de esos decretos que han venido de Casa Presidencial, que son: los tres regímenes de excepción, mayor endeudamiento de mil millones y la ratificación de $250 millones, de ahí todo se lo hemos aprobado. Y nosotros como legisladores que hemos producido más de 40 decretos, nos ha vetado como 28 decretos y hemos tenido que pasar a ese proceso de formación de ley, superación del veto, después mandar a la Corte, y la Corte muchos de ellos los está dando como válidos, que no son inconstitucionales, y le da tiempo para que los haga Ley. Por ejemplo, el decreto No. 620 que tiene que ver con el seguro médico del personal de salud y equipamiento adecuado para enfrentar la pandemia, lo vino a poner en la ley, el 15 de julio, ya había un déficit grande personal de salud que había muerto (por la pandemia), somos el principal país en Centroamérica con más fallecidos entre el personal médico.
-Hemos visto cierto desorden en el Gobierno, primero una constante de solicitud de recursos y, a la vez, la no incorporación de fondos para áreas específicas; por ejemplo, FOMILENIO.
Esto venía del Presupuesto de la Nación, nosotros no votamos por este presupuesto porque venían muchos vacíos y porque no se presupuestaron muchas cosas como lo de los veteranos; le restaba $33 millones al primer nivel de salud; además, una serie de despidos en instituciones y otras contrataciones que no habían pasado por la Asamblea. Nos damos cuenta que no incorporó lo de veteranos, también compromisos como eran las contrapartidas ante un proyecto como FOMILENIO, ni lo de los viveristas puso, y así podemos ir desglosando una serie de rubros que no potenció y ya tenemos las crisis.
