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José M. Tojeira
Si algo podemos decir de la comisión para la reforma de la Constitución es que carece de seriedad. Las noticias que han ido saliendo sobre la misma lo demuestran. Impresiona que quienes fueron hijos de familias acomodadas y pudieron burlar el servicio militar obligatorio en su juventud por ser burguesitos, vengan ahora a proponer un servicio militar obligatorio. Basta con eso para demostrar lo ridículo del pensamiento constitucional de la mentada comisión. Y más cuando los ejércitos son cada vez más innecesarios y obsoletos en esta Centroamérica dividida en mini países, en la cual una guerra internacional ya no es posible. Y una guerra interna tampoco, dado que el país ha adquirido la suficiente sensatez para no repetirla.
En un país como el nuestro, aquejado de incumplimientos de los derechos humanos económicos, sociales y culturales, da bastante vergüenza ver la despreocupación por los mismos de estos comisionados. Podrán decir que esos derechos ya están garantizados en la Constitución, aunque la gente carezca de ellos. Pero la actividad de las organizaciones populares y de la Iglesia católica ha mostrado últimamente mucha más inteligencia de cara a enfrentar la carencia de garantías para derechos básicos. El derecho al agua todavía no está garantizado en la Constitución, aunque gracias a las instituciones mencionadas haya sido aprobada en esta primera legislatura. Y el derecho a la alimentación está en la misma situación gracias a la intervención eclesiástica. Garantizar una jubilación y pensión universal debía ser también un derecho constitucional, pero hasta ahí no llegan las mentes de la comisión. Lo mismo que poner una educación obligatoria hasta los 18 años.
Además, cuando en una Constitución no se cumplen universalmente una serie de derechos considerados universales por esa misma ley primaria, lo prioritario sería poner los medios para que los derechos sean cumplidos. Si el bienestar económico, la salud y la cultura son derechos constitucionales universales, la Comisión debería contemplar los fallos que a ese nivel tenemos y recomendar una legislación secundaria que diera a esos derechos debido cumplimiento. A no ser que los miembros de la comisión piensen que el nivel de vida de ellos es el que todo el mundo tiene en El Salvador. Otro derecho establecido es el de la seguridad jurídica. Pero, aunque la Constitución dice que habrá derecho a la indemnización por retardo judicial, hasta ahora no hay ley secundaria que determine ni los tiempos que constituyen retardo, ni los montos de la indemnización según sean los casos. La comisión, incluso con un representante de la corte suprema acompañando a los señores constitucionalistas, no parece advertir que se está violando la Constitución por omisión y, al menos en ese punto, manteniendo al país en inseguridad jurídica.
Por supuesto todas las constituciones puede y deben, en algún momento, reformarse.
Pero un poco más de seriedad, pensamiento constitucional, revisión de debilidades del texto actual constitucional y análisis de los incumplimientos sistemáticos de algunos derechos constitucionales por parte del Estado, le daría un poco de legitimidad a la comisión de marras. Lamentablemente en la tradición del país se ha confundido con frecuencia la legitimidad con el uso del poder del más fuerte. Y eso es lo que menos se puede desear de un texto constitucional. La racionalidad, la universalidad real de los derechos, y el servicio a la persona humana deben ser los criterios básicos de una convivencia democrática regida por una Constitución.
No es buena idea añadirle caprichosamente irracionalidad a un texto constitucional que, aunque corregible en algunos puntos, tienen una buena dosis de racionalidad.
