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Por Daniel Bosque
Barcelona/AFP
El gobierno catalán organizará una simbólica votación sobre la independencia el 9 de noviembre ante la imposibilidad de realizar la consulta con aires de referéndum prevista inicialmente debido al bloqueo jurídico propiciado por la férrea oposición de Madrid.
«Convocaremos a la gente el día 9 de noviembre» y aunque «tendremos que hacerlo de forma diferente a como teníamos previsto» también «habrá locales abiertos, habrá urnas, habrá papeletas», afirmó este martes el presidente regional Artur Mas desde el palacio gótico de la Generalitat en Barcelona, sede del gobierno catalán.
Si bien la pregunta que deberán responder los votantes será la misma — «¿Quiere que Cataluña sea un Estado? En caso afirmativo: ¿Quiere que este Estado sea independiente?» –, el mecanismo de participación será diferente y, según los analistas, poco riguroso.
La consulta planteada inicialmente, suspendida por la justicia española, debía contar con un censo de participantes, organismos de control y personal de la administración en los colegios electorales que le daban un carácter de referéndum aunque no fuera vinculante jurídicamente.
La alternativa planteada ahora por Mas no tendrá censo de participación ya que los ciudadanos se inscribirán justo antes de votar, estará organizado por unos 20.000 voluntarios y ni siquiera será convocada mediante un decreto oficial.
«Será una especie de actividad reivindicativa para llenar el día 9 de noviembre», indicó el analista político Josep Ramoneda, que calificó la solución de «un poco patética».
«Ganará el ‘sí’ por una amplísima mayoría, no cabe ninguna duda, porque los del ‘no’ no irán a votar y participará muy poca gente, pero no tendrá ningún valor», añadió.
Flanqueado por otros tres partidos proconsulta que habían hecho gala de unidad en los últimos meses, el presidente y su coalición nacionalista conservadora CiU se quedaron solos al apoyar esta salida al bloqueo jurídico propiciado por Madrid.
Especialmente significativa fue la reacción de la segunda fuerza parlamentaria de la región y con cada vez más apoyos entre la ciudadanía, la izquierda independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que el lunes al terminar la reunión advirtió que «sólo hay un camino: un parlamento que haga una declaración de independencia inmediata».
El problema continúa
A diferencia del gobierno británico, que el 18 de septiembre permitió votar a los escoceses en un referéndum sobre la independencia donde ganó el «no», el ejecutivo español de Mariano Rajoy no permite una votación sobre la independencia en Cataluña, entendiendo que según la Constitución esta pregunta debería dirigirse al conjunto de los españoles.
Región de 7,5 millones de habitantes en el noreste de España, con una quinta parte de la riqueza del país, Cataluña vive un auge del independentismo desde el 2010, cuando el Tribunal Constitucional impugnó parcialmente un estatuto de autonomía aprobado en referéndum que la definía como «nación».
El origen de esa sentencia fue un recurso del entonces opositor Partido Popular de Rajoy, que este martes celebraba la cancelación de la consulta como «una excelente noticia».
La líder de su partido en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, recriminó a Mas «que quiera seguir engañando a los catalanes» con «una encuesta masiva que no tiene ningún tipo de garantías».
Pero con un amplio sector de la sociedad catalana movilizado por la independencia, un anhelo alimentado por los enfrentamientos políticos con Madrid y la crisis económica, el conflicto parece lejos de diluirse.
«Si Rajoy piensa que se ha salido con la suya, tengo la sensación de que se equivocará espectacularmente», indicó Ramoneda porque «el problema seguirá más intensamente».
En la misma línea se expresó el líder de la oposición socialista, Pedro Sánchez, que instaba a «ofrecer una solución política» a Cataluña mediante una reforma constitucional que convirtiera a España en un país federal.
Reconociendo que el resultado de esta simbólica votación no será definitivo, Mas volvió a poner sobre la mesa la convocatoria de elecciones regionales con carácter plebiscitario, con un «programa común» y «una lista común» de los partidos independentistas.
«Este es el instrumento final para hacer la consulta», afirmó, admitiendo, sin embargo, la dificultad del proyecto dado el poco interés que suscita dentro de ERC y los recelos hacia la independencia del sector moderado de su propio partido.
