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Tomado de Carta Económica
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Privatización de la Banca y Caso CEL-Enel
Los gobiernos de ARENA se han caracterizado por los diversos hechos de corrupción que han marcado cada una de sus administraciones, viagra dentro de los cuales hay dos casos de corrupción emblemáticos por el robo que ha significado para el Estado salvadoreño: La privatización de la banca y el caso CEL- Enel.
Mediante la creación de leyes amañadas, prescription ARENA articuló una estructura de corrupción e impunidad que ha permitido a la oligarquía salvadoreña y a empresas transnacionales apropiarse de los pocos recursos del Estado y pueblo salvadoreño. Para el caso de la banca, cialis se creó una ley Ad-Hoc que ha ocasionado millonarias pérdidas para el Estado, asimismo, en el caso CEL- Enel, se aprobó un contrato inconstitucional, la misma Sala de lo Constitucional lo reconoció, no obstante lo ha dejado en impunidad, con la reciente decisión de eximir de los cargos a los imputados en el caso, el fiscal Luís Martínez ha dejado en evidencia que está en contra de los intereses del pueblo salvadoreño y a favor de los corruptos.
Ante esta inadmisible decisión, CEL tiene la obligación más allá de compromisos políticos, de presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala, se espera que lo haga, si no, la corrupción e impunidad seguirá perpetuándose.
Primer hecho, la privatización de la banca, este caso de corrupción inició con la aprobación de la Ley de Saneamiento de los Bancos Estatales, dicha ley incluía la creación de un Fondo de Saneamiento Financiero (FOSAFI), lo que implicó un desembolso por $705 millones (unos 3,525 millones de colones). Es decir, que el gobierno utilizó recursos del Banco Central de Reserva (BCR) para sanear bancos estatales quebrados por el fraude de los grandes empresarios, que posteriormente fueron privatizados de manera amañada a favor de ellos, lo que les permitió apropiarse de los principales bancos del país, sin desembolsar ni cinco centavos de sus arcas, o sea, podemos calificar que fue un robo legalizado.
Para mediados de los años 90, el proceso de privatización de la banca había concluido con la creación de un oligopolio financiero controlado por familias pertenecientes a la burguesía salvadoreña, entre los cuales se encuentra el expresidente Cristiani, que se quedó con el Banco Cuscatlán.
Pero cuando el capital transnacional se interesó en la compra de los bancos salvadoreños, y tomando en cuenta la eliminación de los límites a las adquisiciones de acciones por agentes extranjeros que vino con la aprobación del CAFTA, la nueva oligarquía salvadoreña tuvo la gran oportunidad de vender los bancos con una ganancia asombrosa de 2,643 millones de dólares, esto además de un inmenso tejido de empresas que ya habían logrado acumular, utilizando los ahorro del pueblo salvadoreño.
En otras palabras, la burguesía oligárquica salvadoreña ha perpetrado una nueva estafa histórica contra el pueblo salvadoreño de más de US$ 3,348 millones y lo hizo con entera impunidad bajo las alas protectoras de cuatro gobiernos de ARENA, protegidos por la Constitución de la República que establece que cualquier hecho de corrupción, que no se lleve a juicio en un período de 10 años, realizado por cualquier funcionario prescribe cualquier delito cometido, ahí está la impunidad del robo de la Banca al Estado salvadoreño.
El segundo caso es CEL-Enel, este contrato mostró muchas irregularidades desde sus inicios; el monto de corrupción del caso CEL-ENEL-LaGEO y la privatización encubierta de la geotermia que la CEL realizó (desde julio de 1998) sigue sin ser contabilizado en su totalidad, pero dicho monto de corrupción se estimó en $4,237 según el libro Manual de la Corrupción1 de ARENA, que sumados a los $3,348 millones de la corrupción en el caso de la privatización de la banca se puede establecer un monto de $7,585 millones de dólares (solo en estos dos casos). En el cuadro siguiente se presenta de manera detalla la cuantificación de corrupción en el caso CEL-ENEL
Dichas irregularidades dieron la pauta para un proceso judicial que concluyó a finales de la semana pasada donde fueron absueltos los involucrados en el caso del fraude CEL-Enel, quienes fueron librados de ir a la cárcel y además, no pagarán nada por el daño al Estado, valorado en más de dos mil millones de dólares en un primer momento. Este hecho viene a sumarse a una serie de casos de corrupción que han quedado en la impunidad y deja la puerta abierta para que la impunidad y la corrupción sigan reinando en nuestro sistema de justicia.
Este caso que inició en octubre del 2008 cuando el consorcio energético italiano Produzione SpA (Enel) interpuso una demanda internacional a Inversiones Energéticas S.A. de C.V. (INE), subsidiaria de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel), por incumplimiento del contrato; el arbitraje fue interpuesto ante la Cámara Internacional de Comercio (ICC, por sus siglas en inglés) en París, Francia, contra el INE por violar el acuerdo de accionistas, que establece que Enel financiará nuevos proyectos bajo aportes de capital y, de ese modo, aumentar sus acciones en LaGeo.
La demanda aludía a que no deberían haber restricciones para que Enel se convirtiera en el socio mayoritario.
Es importante destacar que en noviembre de 2013 el Fiscal General de la República decreta orden de captura para diferentes funcionarios de la administración del expresidente Francisco Flores relacionados con esta corrupción acusados del peculado entre los cuales se destacan a Guillermo Sol Bang, Jorge José Simán Zablah, Pedro José Escalón Pacas, Thomas Hawk, Julio Alberto Olano, Carlos Jacinto Chavarría, José Ricardo Palomo, José Vicente Machado, Mario Miguel Lacayo; todos son miembros de la Junta Directiva de Lageo, anunciando una defraudación de 1,000 millones de dólares3.
En abril del 2014 se estable por parte de la Fiscalía General de la República un embargo de forma preventiva de los bienes y cuentas bancarias a los nueve exfuncionarios implicados en el posible caso de corrupción en la suscripción el contrato entre CEL y la empresa italiana Enel Green Power por más de $2,000 millones.
En el informe de la fiscalía se establecía que a los imputados: Guillermo Alfredo Sol Bang y Miguel Ernesto Lacayo Arguello deberían embargárseles sus bienes hasta por la cantidad de $37,934,391.04 a cada uno.
A Jorge José Simán Zablah, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar y Thomas Roy Hawk Baker, deberá decretárseles embargo en sus bienes (a cada uno) hasta por la cantidad $15,173,756.76. A los imputados José Ricardo Palomo Déneke y José Vicente Machado Calderón, deberá embargárseles bienes (a cada uno) hasta por la cantidad de $8,429,864.75.
A las Sociedades Enel Green Power S.p.A. y Enel Green Power El Salvador S.A. de C.V., deberá decretárseles embargo (a cada una) hasta por la cantidad de $948,359,785.01.
Según el informe especial de la fiscalía no solo se implicó, a los exfuncionarios del gobierno del expresidente Francisco Flores, de apropiarse de los fondos del Estado, sino que además se establece una serie de irregularidades que durante décadas se dieron en el contrato CEL-Enel.
Entre algunas de las irregularidades que establece el informe es que el exministro de economía Miguel Lacayo, había autorizado la búsqueda de un socio estratégico con el fin de incrementar la producción geotérmica en el país, sin tomar en cuenta lo que establece la ley, ya que es el Órgano Legislativo el único que puede autorizar dichos procedimientos.
A pesar de dichas irregularidades el Estado de El Salvador perdió la apelación contra Enel, la Cámara de Casación Francesa deja en firme el laudo arbitral y reconoció el derecho de Enel de realizar inversiones en LaGeo y a capitalizar dichas inversiones en ésta, alcanzado de esta forma la mayoría en el capital social de dicha sociedad.
La pérdida de El Salvador significa que debía cumplir al menos 4 aspectos4:
1. Permitir a Enel suscribir acciones: La INE, al ejecutar los actos jurídicos y materiales pertinentes, debe facilitar a Enel el ejercicio de su derecho a suscribir de forma preferencial acciones en LaGeo mediante la suscripción de 9 millones 346 mil 598 acciones mediante el aporte en dinero por un monto total de $127millones 349 mil 130. Además, esto facilitará la distribución como dividendos de la totalidad de las utilidades netas correspondientes al ejercicio 2009, afirma el laudo arbitral.
2. Distribución de dividendos: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo de Accionistas, se distribuyen como dividendos el saldo no repartido de las utilidades netas correspondientes al ejercicio de 2009, saldo cuyo monto asciende a la suma de $21millones 592 mil 499 a prorrata de las respectivas participaciones accionarias que mantiene a la fecha que se definió el laudo arbitral (30 de mayo de 2011). Todo esto se definió en calidad de asunto con carácter ordinario.
3. Aumento de capital social de LaGeo: Tomando en cuenta el valor total ascendente a la suma de $127 millones 394mil 130 emitiéndose acciones con un valor de colocación por cada una de ellas a $13.63, respecto de cada uno de los proyectos de inversión aprobados por la Junta Directiva de LaGeo se le permite a Enel invertir en proyectos de reinyección en Berlín, Usulután, o la optimización de la planta de producción de Ahuachapán, además de la compra de equipos y otras tareas de investigación del recurso geotérmico.
4. Pago de intereses moratorios: Con relación a las acciones de indemnización de perjuicios a Enel, el laudo afirma que se debe de pagar en un plazo de 30 días corridos la suma de $2 millones 722 mil 471 por concepto de intereses moratorios devengados. Esto debe incluir otros intereses que devenguen hasta su cumplimiento efectivo, calculados con una tasa de 12 % anual. Además se le ordenó a INE reembolsar a Enel la suma de $240 mil por concepto de honorarios y gastos de los árbitros, así como los gastos administrativos de la Cámara.
La pérdida de El Salvador significaba que el Estado estaría obligado a vender a Enel la mayoría de acciones en LaGeo, incluso dejando a la empresa extranjera la posibilidad de hacerse totalmente cargo de la compañía estatal.
En enero del 2015 la fiscalía mantenía su hipótesis de que fue amañada la selección de Enel como socio estratégico de CEL. Por lo que hizo un replanteamiento en cuanto a la responsabilidad civil, que consiste en el pago de daños o perjuicios económicos ocasionados con alguna acción. Al inicio del proceso, con base en el peritaje realizado, la fiscalía había reclamado más de dos mil millones de dólares en concepto de daños y perjuicios ocasionados al patrimonio de CEL por la incorporación de Enel.
No obstante, mediante el nuevo peritaje ordenado por el Juzgado Séptimo de Instrucción, la fiscalía señala que el perjuicio patrimonial asciende a $148 millones, monto que dividió en dos partes: $11.8 millones entre los nueve señalados y $133 millones a la empresa italiana, lo que equivale a una reducción de más de un 90% del costo inicial.
En una sorpresiva audiencia especial, la Fiscalía logró cambiar la tipificación del delito de peculado doloso a peculado culposo. Y, como este último ya prescribió, quedaron automáticamente libres Miguel Lacayo (ex ministro de Economía), Guillermo Sol Bang (ex presidente de CEL) y otros ex altos funcionarios de la administración de Francisco Flores, que entregaron patrimonio nacional a una empresa extranjera.
No cabe duda que en esta decisión, Estados Unidos a través de la embajadora Mari Carmen Aponte, hizo presión para que Miguel Lacayo y Thomas Hawk, ambos con ciudadanía estadounidense, quedaran sin recibir castigo. Queda demostrado que el país ha perdido total autonomía y la ha cedido al imperio estadounidense.
Nuevamente la impunidad hace de las suyas tal y como ha sucedió en el pasado con temas emblemáticos de corrupción como lo son el caso Insepro-Finsepro por más de 172 millones de dólares, Credisa con $142 millones, las diversas irregularidades en la autónoma ANDA cuyo monto asciende a $100 millones y casos más recientes como la realizada en el MOP por 63 millones de dólares, esta es solo una muestra de los innumerables casos de corrupción que se han realizado en El Salvador y en la mayoría de ellos la impunidad ha sido el factor común que marca estos procesos.
Este caso deja una vez más al descubierto cómo el sistema judicial se ha convertido en principal aliado para aquellos que comenten delitos relacionados con la corrupción en la administración pública y se puede constatar cuando el Fiscal General de la Republica, Luis Martínez, en lugar de defender los intereses del Estado y de la sociedad salvadoreña, se mostró a favor de los acusados y fue siempre su mejor defensor.
De igual forma los jueces del Tribunal Cuarto de Sentencia que no tuvieron reparo para exonerar de cargos penales y civiles a los exfuncionarios que eran procesados por las diversas irregularidades en este proceso. Estos aplicadores de justicia ratifican que la justicia seguirá mordiendo sólo a los descalzos, como lo dijo Monseñor Romero.
Queda claro que ni ENEL, ni los procesados: Guillermo Sol Bang (expresidente de CEL), Miguel Lacayo (ex ministro de Economía), Ricardo Palomo, Pedro Escalón, Carlos Chavarría, Jorge Simán, Julio Olano y Thomas Hawk pagarán los $4,237 estimados, ni los dos mil millones que se valoraron en un primer momento, y mucho menos los 148 millones de dólares de las pérdidas que generó este caso al Estado salvadoreño.
Esta absolución de los involucrados en el Caso CEL-Enel es también un anuncio de lo que podría pasar con el caso del expresidente Francisco Flores ya que se están preparando las condiciones para que este fraude de más de 10 millones de dólares también quede impune.
Estos casos de impunidad deben de servir para que las organizaciones contra la corrupción y la población en general exijan a las autoridades competentes la aplicación de la justicia a aquellos que cometan delitos relacionados a la corrupción en la administración pública.
