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Washington / AFP
Sébastien Blanc
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dictaminó el viernes que la policía debe solicitar una orden judicial para rastrear a una persona a través de su teléfono móvil, en uno de los casos de libertades públicas más importantes de los últimos años.
Esta sentencia del máximo tribunal estadounidense, dictada por una mayoría de cinco jueces contra cuatro, es una gran victoria para los partidarios de la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege a los ciudadanos contra cualquier intrusión en su privacidad sin una presunción seria.
El caso surgió cuando la policía obtuvo, sin una orden judicial, información sobre un sospechoso de un robo a partir de la ubicación de su teléfono móvil durante más de cuatro meses, lo cual para los activistas en favor de las libertades públicas supone un claro abuso y una violación de la privacidad.
El fallo de la Corte supone un hito para la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que era respaldada por destacados académicos y por los gigantes tecnológicos Apple, Facebook, Twitter, Verizon, Google y Microsoft, pero también por organizaciones conservadoras, incluso militantes por el derecho a portar armas que estaban preocupados por su anonimato.
Los datos del teléfono celular de un sospechoso de robo, Timothy Carpenter (se lo ubicó en 12.898 oportunidades a lo largo de 127 días) se usaron para mostrar que el dispositivo estaba en las proximidades cuando se produjeron varios robos y el acusado fue condenado. Lo paradójico del caso es que se lo acusaba de robos a mano armada… de celulares.
Los relevamientos, realizados sin autorización judicial, determinaron por ejemplo, a qué iglesia asistía Carpenter los domingos o si dormía o no en su casa.
Sus abogados y la ACLU argumentaron que la confiscación de los registros es inconstitucional, y el tribunal les dio la razón.
«Vigilancia casi perfecta»
La Corte Suprema anuló una decisión de un tribunal inferior que decía que la policía no necesitaba una orden para obtener esa información.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, se puso del lado de los cuatro jueces liberales.
«Rechazamos otorgarle al Estado un acceso irrestricto a la base de datos de información de ubicación física de un proveedor de servicios inalámbricos», dijo el tribunal en su fallo.
«La posición del gobierno no puede lidiar con los drásticos cambios en la tecnología digital que hicieron posible el seguimiento no solo de la ubicación de Carpenter sino también de los demás por años y años», dijo.
«Antes de la era digital, las fuerzas del orden podrían haber perseguido a un sospechoso por un breve lapso», dijo el tribunal. «(Pero)cuando el gobierno rastrea la ubicación de un teléfono celular logra una vigilancia casi perfecta, como si hubiera conectado una tobillera al usuario del teléfono», señaló.
«Solo los pocos que no tienen teléfonos celulares pueden escapar a esta vigilancia incansable y absoluta».
Nathan Freed Wessler, un abogado de la ACLU que discutió el caso ante el tribunal en noviembre, calificó el fallo como «una victoria pionera para los derechos de privacidad de los estadounidenses en la era digital».
«La decisión de hoy reconoce correctamente la necesidad de proteger los datos de ubicación altamente sensibles de nuestros teléfonos celulares», dijo Wessler.
«Pero también ofrece un camino para proteger otra información digital sensible en casos futuros, desde nuestros correos electrónicos hasta electrodomésticos inteligentes y tecnología que aún no se ha inventado».
El senador demócrata Ron Wyden de Oregon describió a su vez este fallo como una «GRAN victoria para la privacidad».
