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@JoakinSalazar
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió estar cometiendo arbitrariedades al tramitar los casos de investigación de la sección de Probidad, there en la que ya inició procesos en contra de funcionarios y ex funcionarios de gobierno, mientras sigue discutiéndose en Corte Plena el alcance de las funciones de la comisión de magistrados que estudia el trabajo de Probidad.
En documentos, en poder de Diario Co Latino, se demuestra que existe un grave ocultamiento de información que refleja la falta de transparencia y arbitrariedad cometidas por la Corte, al no establecer aún las responsabilidades de las comisiones que estudian los casos ya tramitados por Probidad, ni tampoco se hace a la luz pública el listado oficial de quienes son los investigados.
El pasado uno de marzo, Fabiola Alejandra Fernández, en su calidad de ciudadana salvadoreña, solicitó, a través de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de la CSJ, el acuerdo de Corte Plena que establecía en un primer momento, a Belarmino Jaime y Sidney Blanco como los encargados de reactivar la Sección de Probidad y el alcance de dicha responsabilidad.
Además, pidió un documento que pudiera sustentar los criterios que utilizaron los magistrados para seleccionar el listado de funcionarios o ex funcionarios para ser investigados por la sección de Probidad. También el listado oficial de los funcionarios y ex funcionarios investigados por la entidad.
La falta de esos criterios ha abierto una fuerte discusión al interior de la Corte Plena sobre el tema de los criterios de selección en las investigaciones, pues hay una buen grupo de magistrados que advierten que se están cometiendo abusos y posibles delitos.
En las actas de respuesta, UAIO 1514/RR/237/2016 y 1515/RR/237/2016, la Corte declara, tajantemente, inexistencia de criterios para seleccionar los casos que audita e investiga la sección de probidad.
Asimismo, niega informar oficialmente el listado de funcionarios o ex funcionarios que están siendo investigados por la Sección de Probidad, lo que a juicio de abogados consultados por Diario Co Latino es una clara muestra de falta de transparencia para abordar este tipo de temas.
Pese a que la Ley establece diez días para responder a la solicitud de información, la Oficina de información y respuesta de la Corte contestó hasta el 29 de marzo, casi un mes de después de ser solicitada la información.
De acuerdo a la respuesta del Sub Jefe de Probidad, Carlos Quiteño, a la OIR, la primera solicitud debía ser pedida directamente a la Secretaria de Corte Plena, mientras que sobre los criterios y listado de los funcionarios investigados, respondió: “al momento de la emisión de esta nota, aún se encuentra en discusión en Corte Plena”.
Dicha respuesta contradice con las acciones ya tomadas por Corte Plena, que inició los procesos contra ex funcionarios y un diputado, por medio de la Sección de Probidad, debido a que no existen criterios, ni un listado determinado por los magistrados, si aún se encuentra en discusión a la fecha, como ha sido respondido.
La Corte alude que dicha información sigue en discusión en Corte Plena, sin embargo, ya hay casos tramitados por la sección de Probidad, como el de Mauricio Funes, Elías Antonio Saca, Leonel Flores y el diputado Reynaldo Cardoza.
En total, 29 funcionarios y ex funcionarios son investigados por la Sección de Probidad, según declaraciones dadas por magistrados a los medios de comunicación; en su mayoría, los investigados son del anterior gobierno, Mauricio Funes, Elías Antonio Saca, y del actual gobierno del FMLN.
En enero pasado, en declaraciones de Rodolfo González confirmó que sus colegas magistrados de la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime y Sidney Blanco, eran quienes decidían a quienes deberían de ser investigados por la Sección de Probidad. El magistrado Blanco dijo que las investigaciones se decidían “por olfato”.
La Secretaria General de Corte Plena, María Soledad Rivas, manifestó que el siete de marzo remitió la respuesta de lo solicitado por OIR, en el que se establece que se nombró a los magistrados: Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Dafne Sánchez, Sergio Rivera, y Leonardo Ramírez Murcia, para supervisar el trabajo de la Dirección de Probidad de la CSJ y el alcance de las funciones encomendadas a los magistrados.
Sin embargo, la Secretaria General advierte “que los señores magistrados aún no han presentado ante el pleno el alcance de las funciones encomendadas a la misma”, es decir, no han determinado sus funciones como comisión pendiente de la sección de probidad.
En cuanto al acta de nombramiento de la primera comisión, conformada por los magistrados Belarmino Jaime y Sidney Blanco, la Corte se negó a entregar el documento en que los nombraron, para verificar el trabajo que realiza la sección de Probidad.
Y es que desde el año 2004, durante el gobierno de Francisco Flores, que pese a su fallecimiento, continúa un proceso en su contra por la malversación de fondos donados por China Taiwán, la Sección de Probidad fue vetada por los magistrados de esa época impidiendo que su trabajo se realizara para gobiernos anteriores y futuros.
Dicha entidad fue activada por los magistrados Belarmino Jaime y Sidney Blanco, a finales del año 2015, con el primer caso que fue enviado a juicio civil, el del diputado Reynaldo Cardoza, quien era parte de la Comisión Especial que investigó el destino de los fondos de China Taiwán en la Asamblea Legislativa.
Semanas después, la Sección de probidad abrió un proceso contra Leonel Flores, ex Director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), quién descubrió que se cometían actos de corrupción en la entidad por parte de los gobiernos de ARENA.
Tras ellos, este año la Sección de Probidad inició los procesos contra dos ex presidente des de la República, Mauricio Funes, primero, a quien acusan por el supuesto “enriquecimiento” de $728 mil dólares de patrimonio.
Funes, ha reiterado, “fue el encargado de ponerle cascabel al gato”, debido a que durante su gestión sacó a la luz más de 120 actos de corrupción, cometidos por funcionarios de gobierno de ARENA, muchos de ellos caducaron por lo que no pudieron ser denunciados.
Pero, curiosamente o sospechosamente, no investiga las declaraciones de patrimonio de ex funcionarios de derecha, cuyo año de prescripción era precisamente el 2015.
Finalmente, la Sección de Probidad inició el proceso contra el ex presidente Elías Antonio Saca, el último presidente de ARENA, este fue expulsado en el año 2010, por su partido político, presuntamente por diferencias de opiniones entre la dirigencia del COENA y el ex mandatario, tras haber perdido el Ejecutivo en 2009, que permitió la asunción del FMLN con el periodista Mauricio Funes.
En síntesis, los primeros cuatro casos procesados por Corte Plena y la Sección de Probidad, han sido personas que han estado en clara oposición a dirigentes y militantes del Partido ARENA, hecho que pone en duda el trabajo de la comisión de magistrados encargados de la Sección de Probidad.
Y es que pese a que muchos de los ex funcionarios de ARENA, han sido vinculados con actos de corrupción, ellos no han sido juzgados ni condenados civilmente por ninguno de los casos, tampoco han estado en la lista de investigados por la Sección de Probidad de la CSJ.
A juicio de algunos críticos, la Corte Suprema de Justicia no solo ha cargado los dados en contra de funcionarios o ex funcionarios del partido de gobierno y algunos de los tradicionales aliados políticos del Órgano Ejecutivo en la Asamblea Legislativa, sino que ha abusado del poder, cometido actos arbitrarios, por lo que el asunto más podría responder a un “vendetta política”.
