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@GloriaCoLatino
“Demandamos ante la Corte Suprema de Justicia la instalación de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, cure así como el Juzgado de Santa Ana y San Miguel”, dijo Luis González, coordinador de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), ante el incumplimiento del artículo 7 del decreto legislativo 684, del año 2014, que manda la instauración de juzgados ambientales en el país.
“Queremos que la Corte Suprema de Justicia retome su responsabilidad y no caiga en la ilegalidad al no cumplir lo establecido por la ley, además, se debe agilizar ante la gran cantidad de conflictos que existen en materia ambiental”, agregó.
Los ambientalistas llegaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para reiterar la necesidad de implementar los Tribunales Ambientales y la Cámara de Primera Instancia en cumplimiento al Decreto Legislativo 684, que está vigente desde el 6 de junio de 2014, lo que no fue cumplido en su tiempo por la Corte Suprema de Justicia.
“La Corte Suprema de Justicia hace una petición a la Asamblea Legislativa, para que derogara, la parte en la cual establecían un plazo para instalar los juzgados de Santa Ana y San Miguel, que no es lógica esa motivación por la actual crisis ambiental que existe en el país”, expresó.
González agregó que en estas instancias se podrían dirimir conflictos por el agua, por la contaminación o la defosestación …. “no queremos pensar que la Corte Suprema de Justicia solo tiene una visión corporativa con estos temas de nación”, reflexionó.
La Corte Suprema de Justicia, a la fecha, solo ha fundado un Tribunal Ambiental para San Salvador, dejando una deuda de jurisdicción ambiental para Santa Ana y San Miguel, así como la Cámara de primera Instancia.
Y al vencerse el plazo otorgado por la Asamblea Legislativa a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se estaría violando la norma jurídica, ya que el plazo de su creación fue diciembre de 2015.
“No hay razones de peso a sus argumentaciones -es decir- alegaron que no hay profesionales capacitados y eso es falso. El Consejo Nacional de la Judicatura ha capacitado a juezas y jueces en el tema ambiental; afirmaron que no hay recursos financieros y desde el año 2009 cuentan con fondos suficientes y también, que el único Tribunal Ambiental ha tenido poco trabajo, y podemos decir, que por ahora, tiene 42 casos activos y sus resoluciones han sido positivas, pero la Corte le ha dado poca publicidad”, manifestó González.
La UNES reiteró a la Corte Suprema de Justicia que como instancia estatal es responsable de defender y garantizar la correcta aplicación de las leyes de la república y al continuar con esta postura de no crear los Tribunales Ambientales están favoreciendo al clima de impunidad ambiental del país.
Datos del Informe de Desarrollo Humano del PNUD, señalan a El Salvador con daños por alrededor de los 400 millones de dólares anuales, debido al Cambio Climático, que ronda el 2% del PIB (Producto Interno Bruto) así como, la vulneración por la deforestación, sequías metereológicas fuertes y el estrés hídrico.
