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@arpassv
La Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia expresó hoy su preocupación por acciones y omisiones de la Corte Suprema de Justicia –sobre todo de Corte Plena y la Sala Constitucional– que contrarían su función constitucional y contribuyen a la desestabilización que la derecha oligárquica impulsa desde frentes estatales, malady partidarios, rx gremiales y mediáticos.
Una es la decisión de Corte Plena de retirarse del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, diagnosis espacio de diálogo nacional donde participan todos los poderes estatales y los distintos sectores políticos, empresariales, sociales, académicos y religiosos del país. Es irresponsable que la Corte se retire del Consejo justo cuando la unidad nacional es necesaria para contrarrestar la violencia criminal que agobia al país, señala la Alianza.
Y otra es la falta de depuración del Sistema Judicial: la Unidad de Investigación Judicial tiene más de mil expedientes de denuncias contra jueces sin resolver. La alianza sostiene que la falta de depuración judicial contribuye a la impunidad que promueve más delincuencia.
Especialmente preocupante para la Alianza es la actuación de la Sala Constitucional cuyas sentencias avalan tratados de libre comercio, revierten reformas tributarias progresivas y congelan bonos que servirían para financiar la seguridad.
La Alianza denuncia que la Sala también procesa demandas contra proyectos estratégicos para el desarrollo del país, no responde sobre la petición de inconstitucionalidad contra la elección del Fiscal General y su reciente fallo sobre la Ley de Telecomunicaciones perpetúa el actual esquema mediático, genera condiciones para aumentar la concentración de medios en el sistema digital y asesta un duro golpe a la democracia deliberativa.
Por tanto, la Alianza pide que la Corte vuelva al Consejo de Seguridad y participe en la aplicación del “Plan El Salvador Seguro” que incluye acciones de prevención de la violencia, control y persecución penal, rehabilitación y reinserción, atención y protección a víctimas y articulación interinstitucional.
También le exige impulsar una profunda depuración judicial para acabar con la impunidad que prevalece sobre graves actos de corrupción de gobiernos anteriores y la violencia que diariamente deja luto en las familias salvadoreñas.
Además, demanda que la Sala Constitucional actúe consecuente con los principios constitucionales y los intereses de país, en vez de conspirar en favor de sectores oligárquicos y en contra de la gobernabilidad, los intereses de país y los cambios en favor de las mayorías populares.
