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José M. Tojeira
Que el tema de los sobresueldos viene de lejos es evidente. Ya hace años, en tiempo de la Democracia Cristiana, un famoso diputado de ese partido contestaba a otro diciéndole, “robar robamos, pero no matamos como hacen uds.”. En el gobierno siguiente, en la presidencia de Cristiani, se pudo ver a un ciudadano, hoy comentarista de televisión, acusando al Presidente de repartir dinero del Estado a sus colaboradores más cercanos desde un fondo discrecional. La así llamada partida secreta funcionó en realidad permanentemente desde hace demasiados años a pesar de la crítica ciudadana. Hoy sabemos que no se ha interrumpido, incluido el gobierno anterior al actual. Se trataba de una especie de dinero negro que, teniendo en cuenta los supuestamente bajos salarios de los funcionarios públicos de alto nivel, servían, entre otras funciones, para compensarles. Porque también este tipo de fondos se utilizaba para pagar a quienes trabajaban en el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), sin que haya modo ciudadano de averiguar cuánto se gasta en esa dependencia del Estado creada por ley de la República. Ni los funcionarios beneficiados, ni los trabajadores del OIE, pagan impuesto sobre la renta por sus salarios reales como el resto de los salvadoreños.
Cuando uno habla con funcionarios y políticos, todos reconocen que esta forma de administrar fondos puede crear corrupción. Pero son muy pocos los que se atreven a decir que es un forma realmente corrupta de administrar el dinero público. Porque la tendencia en nuestro país, cuando se está en la oposición, ha sido la de utilizar la corrupción como un arma contra el contrario. Así pasó cuando ARENA atacaba al PDC de Duarte, cuando el FMLN llamaba ladrones a los de ARENA y cuando ahora ARENA llama corruptos a funcionarios del gobierno actual. Solo se ven los defectos ajenos, aunque en las gestiones propias se repitan las mismas o parecidas mañas y abusos. Porque cuando se trata de los intereses partidarios propios, la corrupción pierde color. Y estas maneras de supuestamente compensar el sacrificio de los abnegados funcionarios se convierten en formas pragmáticas de solucionar problemas. Dar tres, cinco, diez mil dólares no parece corrupción sino ayuda a una persona que por su fidelidad se merece un premio. Lo propio se ve de otra manera porque lo que interesa no es tanto superar la corrupción, sino mostrar las corruptelas del contrario. Y en el peor de los casos terminar diciendo que vaya, que es posible que haya habido corrupción, pero que el otro, el contrario, fue en su gestión todavía más corrupto.
Ciertamente no son todos los que actúan de este modo en el campo de la política. Los hay decentes en todos los partidos. Pero o son minoría, o no se atreven a hablar frente al silencio cómplice de los líderes. Las excepciones son con frecuencia mal vistas, porque entre nosotros parece que hacer política consiste en cerrar filas y embestir ciegamente contra el contrario. Todo ello curioso en un país donde todos sabíamos desde hace muchos años que se pagaban sobresueldos no a todos, pero sí a algunos políticos de mayor confianza o importancia. El crecimiento económico de las fortunas de los presidentes durante su período de mando lo criticaba todo el mundo en las charlas informales, incluso discutiendo cuál había robado más. Nadie negaba la corrupción existente en conversaciones privadas pero nadie lo quería denunciar públicamente como mal generalizado, especialmente si tenía futuro en un partido. Sin embargo comienzan a darse voces disonantes que hacen tener un poco más de esperanza. Porque en la medida que esas voces suenen en público, se multipliquen y fuercen a reconocer la realidad, podrá legislarse y perseguir con claridad y dureza contra todo tipo de corrupción.
Los sobresueldos son solo una parte. El envío de fondos a paraísos fiscales con el fin de eludir impuestos, los amiguismos, favoritismos, e incluso nombramientos en cargos o trabajos públicos de gente no adecuadamente preparada y otras formas de corrupción deben también investigarse y sancionarse. Pero lo que más refleja una cultura corrupta es la aceptación impasible y tranquila de la corrupción en la administración pública. En el caso de los sobresueldos escandaliza la tendencia oficial a pedir que se guarde silencio sobre el beneficio otorgado y, por supuesto, que no se declare la entrada salarial en Hacienda. Los propios gobiernos que desde tiempos casi inmemoriales se han quejado del poco ingreso fiscal y de la estrechez de las finanzas públicas, son al final los que recomiendan a los funcionarios que no declaren la cantidad completa de sus emolumentos. Ante una situación tan corrupta y bajera es lógico que nuestro Arzobispo exija una “política de altura”. Y no sólo él, sino una gran proporción de ciudadanos de todos los sectores claman en favor de una erradicación seria de cualquier práctica política corrupta, y de que se persiga toda forma de corrupción escondida en las actividades públicas o privadas. Todos conocemos las prácticas empresariales de algunas empresas brasileñas o de algunos políticos europeos, que tanto daño traen a sus países e incluso a otros del exterior.
Enfrentar la corrupción, lograr acuerdos plasmados en legislación y en colaboración entre políticos para que esta peste no siga reproduciéndose, es una tarea indeclinable para todos los salvadoreños que desean el bien y el desarrollo para su país.
