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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
El comportamiento del gobierno Bukele, apartado de la Constitución y las leyes, genera una crisis institucional que debe ser resuelta.
Esta crisis debe ser resuelta mediante la acción oportuna de las instituciones a las que la Constitución les manda velar por la seguridad jurídica dentro del Estado de derecho.
El escenario de crisis es extendido y de variadas afectaciones: el impago del FODES afecta a la población de los 262 municipios, y el irrespeto a la autonomía municipal y al papel de los alcaldes y alcaldesas en la estructuras de protección civil representan una sola de las esferas del sistemático ataque a la institucionalidad.
La desobediencia del director de la PNC a pedidos de la Fiscalía para asegurar el acceso de vehículos al relleno sanitario de Nejapa, es un hecho grave por el desacato y por las afectaciones a la salud del pueblo.
La desobediencia del director de Policía Nacional Civil para llevar, por apremio, a los ministros de salud y de hacienda a una comisión especial de la Asamblea Legislativa, es igualmente grave.
Si nos detenemos únicamente en los dos hechos antes señalados, para valorar la escalada de consecuencias de los mismos, nos daremos cuenta de la importancia de resolver esos y las demás violaciones a la ley, antes de que el país caiga en un camino sin retorno hacia la dictadura, alimentado por inacción de las instituciones llamadas a velar por la seguridad jurídica.
Las conductas del director de la PNC están tipificadas como delitos, y la no actuación frente a las mismas eleva la crisis a un escalón más alto a la vez que genera desesperanza, desprestigio para el país. Consolida el autoritarismo.
Quienes esperamos que el Estado de Derecho funcione, veríamos la inacción frente a estos hechos como la ausencia de garantías de ese principio, según el cual, “nadie está por encima de la ley”.
Para colmo, al director de la PNC le endosaron el cargo de viceministro de Justicia y Seguridad, cargo con el cual se le cubre de fuero. Es la confesión de estar conscientes de cometer delitos y de tener poder para protegerlo y darle impunidad (no inmunidad).
El fuero de un viceministro se pierde mediante antejuicio en la Asamblea Legislativa, por eso es bueno que concurran dos hechos recientes: 1. El pedido de la Fiscalía General de la República de desaforar al viceministro de Justicia y 2. La conformación de la comisión especial de antejuicio por parte de la Asamblea Legislativa para conocer ese pedido de la Fiscalía.
Ninguna de estas acciones, ni la de la Fiscalía, ni la de la Asamblea Legislativa, pueden hacerse pensando en si son o serán aplaudidas o reprochadas, deben realizarse simplemente porque están obligadas, ambas entidades, a actuar conforme a la Constitución y las leyes.
Si el desafuero del viceministro se resuelve por el pleno en un el lapso de los próximos dos meses, quedará la puerta abierta para que los delitos cometidos sean juzgados y sancionados penalmente.
Si estos pasos no ocurren, como no ocurrieron por las graves violaciones a la Constitución y a las leyes que cometieron el presidente, la fuerza armada y la policía el 9 de febrero pasado, al ocupar militarmente los recintos de la Asamblea Legislativa, se perderá la esperanza de recuperar el principio de igualdad ante la ley, que debe modular la conducta de todos, y particularmente de las y los funcionarios de Gobierno.
En el mismo sentido, otras actuaciones definidas por ley como delitos de corrupción, se han denunciado y evidenciado, especialmente a partir de la emergencia por la pandemia del COVID-19, los allanamientos de la Fiscalía a veintidós instituciones permitirán, ojalá, comprobar el cometimiento de delitos diversos, que se han señalado muchas veces con evidencias documentales en medios de comunicación.
El 1 de diciembre se cumplirá año y medio de gobierno, es tiempo de impedir que la vorágine de acción en contra de la ley se convierta en el modus operandi y tiempo suficiente para que las y los funcionarios aprendan que el Estado no es una finca propiedad del gobernante de turno.
La crisis institucional se crea con el abuso de poder, se expresa en incumplimiento de sentencias judiciales por despidos injustificados, por desacato ante sentencias de la Sala de lo Constitucional, por perseguir ilegalmente a opositores y críticos del gobierno, y esa crisis se hace mayor si las entidades llamadas a poner paro a tales abusos se cruzan de brazos.
Debemos celebrar que se actúe por parte de la Fiscalía frente a tanto abuso y esperar que los funcionarios comprendan que no tienen más facultades que las que les da la ley y que sus gestiones deben estar dentro de la ley. Así se resolvería la crisis.
