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Julia Evelyn Martínez
La crisis de los cuidados es una crisis de la que no se habla.
Es la crisis que no se menciona en los análisis económicos y políticos que cotidianamente colman la programación de los medios de comunicación hegemónicos; probablemente porque la gran mayoría de los protagonistas de estos debates son hombres, para quienes los cuidados son un tema irrelevante, salvo cuando su desayuno no está listo y/o les falta un botón a sus camisas.
Esta crisis también es la gran ausente de los discursos – ficción del gobierno, a lo mejor como un resultado de su incapacidad de comprender la incompatibilidad existente entre los objetivos del “buen vivir” de sus políticas sociales con los resultados del “mal vivir” que provocan sus políticas económicas.
Tampoco la oposición política y económica (ARENA, FUSADES y ANEP) habla de esta crisis, ciertamente para no asumir la gran parte de responsabilidad que le corresponde en la misma. Se trata de una crisis que comenzó a gestarse con las reformas neoliberales de 1989 y que se amplifica cada vez que esta oposición acorrala fiscalmente al Ejecutivo y le conduce a reducir el gasto social en salud, educación y subsidios a las familias.
El problema con esta crisis no radica en el hecho que no se hable de ella. El problema es que esta crisis existe y se está profundizando poniendo en peligro los cimientos del orden social, económico, político e institucional del país. La guerra social que actualmente desangra a comunidades y familias es tan solo una de las tantas manifestaciones de esta crisis de los cuidados.
Podemos definir a los cuidados como el conjunto de actividades (remuneradas y no remuneradas) que tienen como objetivo el Bien Estar de las personas y que en conjunto permiten la sostenibilidad de las condiciones materiales y emocionales de la vida humana. Estos cuidados comprenden las necesidades materiales como agua, alimentación, salud, vivienda y vestuario, pero abarcan también necesidades emocionales como por ejemplo, la necesidad de recibir y dar afecto, la necesidad de protección, y la necesidad de desarrollar vínculos de apego y de confianza hacia otras personas.
Todas las personas necesitamos cuidados para vivir una vida plena, digna y significativa, pero hay grupos que requieren de mayores cuidados, como es el caso de los niños y niñas, de las personas adultas mayores, de personas con diferentes tipos de discapacidad, de personas con enfermedades crónicas o terminales, y de las familias empobrecidas. Las necesidades de cuidados de estos grupos constituyen un imperativo categórico que deben obligar a la sociedad y al Estado a atenderlas de manera prioritaria e incondicional.
Sin embargo, pese a lo anterior, la responsabilidad de cuidar de otras personas se ha impuesto en las sociedades patriarcales como un asunto privado y como una obligación “natural” de las mujeres. Las mujeres somos socializadas en la negación de nuestras propias necesidades de cuidados para enfocarnos al cuidado de los demás: hijos, hijas, parejas, ancianos y ancianas, personas enfermas, personas con discapacidad.
El neoliberalismo ha abusado de la gratuidad del trabajo del cuidado asignado a las mujeres, y lo ha incrementado a niveles descomunales. Esto lo ha logrado mediante el proceso de privatización y mercantilización de los derechos de ciudadanía social (pensiones, salud, educación, cuidados infantiles), y también mediante las políticas de ajuste fiscal que reducen y/o precarizan los servicios públicos de apoyo al cuidado a las familias de los sectores populares.
La escasez crónica de personal, medicinas y equipamiento en la red pública de salud creada por la austeridad fiscal neoliberal, obliga actualmente a las mujeres salvadoreñas a dedicar más horas de su ya extensa jornada de trabajo para atender a familiares enfermos y/o a buscar desesperadamente la logística y los recursos económicos para suplir las necesidades de transporte, material quirúrgico, medicinas, alimentación, agua y/o ropa limpia de estas personas. Muchas mujeres están dejando sus empleos o sus actividades generadoras de ingresos para dedicarse al cuidado de personas enfermas, lo que más adelante se reflejará en un aumento en las estadísticas de feminización de la pobreza.
Las mujeres son la mayor parte de la población afectada por la eliminación de los subsidios en el pago de facturas mensuales de luz eléctrica, agua potable y gas propano. Esta política no solo ha deteriorado el poder adquisitivo de los ingresos familiares sino que está conduciendo a muchas mujeres a tomar la decisión de emigrar fuera del país y/o trabajar más horas semanales para garantizar la supervivencia familiar, con los consiguientes efectos negativos sobre la cantidad y calidad de los cuidados materiales y emocionales que necesitan niños y niñas. Años después, esta precarización de los cuidados infantiles se nos devolverá como un bumerang e incrementará la necesidad de más cárceles y más represión contra estos futuros adolescentes y jóvenes.
Obviamente no se trata de culpabilizar a las mujeres de esta crisis de cuidados, sino de asumir como sociedad y como Estado la existencia de esta crisis, sus causas y consecuencias. A partir de esto, se tiene que avanzar en la reorganización social del trabajo de cuidados entre hombres y mujeres, en la institucionalización de políticas públicas del cuidado y en la reforma fiscal necesaria para el financiamiento de un sistema nacional de cuidados que integre el nivel nacional, municipal y comunitario. Solo entonces, podremos construir la paz, la democracia y el desarrollo.
