“La derecha está buscando votos y generando inestabilidad”: Pepe Yánez

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Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Una de las principales preocupaciones para los excombatientes y veteranos de guerra es que con la reciente ley, aprobada el pasado 20 de diciembre por los diputados de derecha, se pierdan los beneficios que con los dos gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se han logrado.

José Yánez, conocido como “Pepe Yánez”, representante de la Comisión Administradora de Beneficios y Prestaciones Sociales para Veteranos y Excombatientes, comentó que los gobiernos de ARENA se negaron a cumplir el mandato de los Acuerdos de Paz, donde se ordenó resolver el problema de la reinserción económica y social de los veteranos y excombatientes a la sociedad salvadoreña.

“A los seis meses de haber iniciado Mauricio Funes en su mandato otorgó $2 millones al sector lisiado para empezar a resolver este problema que llevaba más de 20 años. ARENA se negaba a presupuestar fondos para resolver los problemas de indemnización y pensión de miles de veteranos y excombatientes que quedaron en una situación muy difícil”, explicó Yánez.

Asimismo, externó que ARENA en vez de otorgar más fondos al presupuesto de la Ley de Beneficios y Prestaciones Sociales para los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del FMLN, lo que hizo en 2018 fue aprobar una nueva ley, la cual pretende inestabilizar la ley que desde hace más de tres años ha brindado beneficios a quienes participaron en el conflicto interno.

“Con esta nueva ley que deroga la actual, la derecha está buscando votos y generando inestabilidad, amenaza con romper el proceso ya iniciado en los gobiernos del Frente, es una propuesta de ley que trae trampas, una de ellas es que el veterano puede recibir hasta $300 mensuales de pensión de manera gradual, pero dependiendo de los fondos que tenga el Gobierno, sin embargo, eso se puede cumplir en 5, 10, 20 o 50 años, o empezar con 5 dólares de pensión”, reiteró.

Además, esta nueva ley establece una estructura institucional, que es la creación de la Administradora del Fondo de Veteranos, donde se deja fuera al Estado y solo deja representantes de los veteranos de la Fuerza y excombatientes del FMLN, eso implica hacer una elección y durante el tiempo que esta dure se dejan de implementar los diferentes programas sociales a ejecutar con los $52 millones asignados de presupuesto para este año.

“El propósito de la derecha es que el presidente de la República vete esa ley y luego decir que el Gobierno no quiere mejoras y no se apruebe más dinero para los veteranos y excombatientes, no están buscando mejoras para el sector. Hay muchos veteranos que han manifestado que no se van a dejar engañar porque eso mismo hicieron antes del 4 de marzo cuando presentaron esa misma ley”, aseguró el representante de los excombatientes del FMLN.

Según Yánez, tanto los veteranos como los excombatientes han decidido apoyar la fórmula presidencial del FMLN porque será la única en dar continuidad a los beneficios que han logrado en estos últimos años, como es entrega de pensiones, beneficio de salud, proyectos productivos, transferencias de tierras, mejora y construcción de vivienda.

“Le decimos a la derecha que ya no creemos en sus mentiras y no nos van a engañar, los cuatro gobiernos de ARENA nunca nos resolvieron, con Sánchez Cerén hemos avanzado en muchos aspectos, por eso apoyamos a Hugo Martínez y no vamos a permitir que otros gobiernos lleguen a destruir lo que ya hicimos”, destacó.

Para este año el Ejecutivo propuso $52 millones con el propósito de resolver una parte de los problemas de los veteranos que se han venido postergando por más de 25 años. Dado que la ley no tiene establecida la fuente de financiamiento, se tomó la iniciativa que la contribución especial al combustible, conocida como impuesto de guerra, FEFE, pasa a formar parte de la fuente de financiamiento para los programas sociales y reinserción de este sector.

Dicho impuesto genera cerca de 36 millones de dólares más $16 millones del presupuesto de la nación que permitirá dar pensión a cerca de 65 mil 500 veteranos y excombatientes que no la reciben, beneficiar a 3 mil 500 becarios, brindar 2 mil viviendas, así como identificar tierras para comprar o que tenga el Estado para otorgarlas e impulsar un esfuerzo médico-hospitalario para atender 16 mil 880 veteranos y excombatientes que padecen de enfermedades crónicas.