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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Representantes de varias organizaciones sociales y ambientalistas que conforman la Alianza Contra la Privatización del Agua se congregaron frente a la Asamblea Legislativa para denunciar que los partidos de derecha continúan con su agenda de privatización del agua.
De acuerdo con los manifestantes, esta intención se vio reflejada en la última reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, donde los diputados miembros de los partidos de derecha negaron sus votos a la propuesta de que varias instituciones públicas conformen la autoridad hídrica en la Ley General de Aguas.
“Esta propuesta de conformación fue respaldada desde el principio por las organizaciones sociales y ahora, además del FMLN, también GANA la respalda, pero los partidos de derecha negaron sus votos porque quieren asegurar la participación de la empresa privada en la autoridad hídrica”, dijo Luis González, miembro de la Alianza.
Para la alianza esta es una acción más en la agenda de los partidos de derecha de privatizar el vital líquido, ya que han pasado varias semanas de retraso en la discusión de la legislación que tendrá el objetivo de tutelar todo lo referente al recurso hídrico.
La propuesta rechazada por los partidos ARENA, PCN y PDC proponía que los ministerios de Medio Ambiente, Salud, Agricultura y Ganadería, y Obras Públicas, iniciativa apoyada por FMLN y GANA, fueran parte de la entidad.
“Con esto, la mayoría de los partidos de derecha evidencian su intención de que sean las empresas privadas las que administren el agua, que es un bien natural de todos, además, avalamos la nueva posición de GANA hacia una conformación mayoritariamente pública”, expuso González.
Las organizaciones sociales consideraron que esta nueva visión del partido naranja al apoyar una propuesta planteada en el pasado por ellos responde a la presión que estos colectivos han desarrollado para denunciar la intención de la derecha legislativa de privatizar el agua.
En el mismo orden, los manifestantes denunciaron el maltrato del que son objeto las organizaciones ambientalistas por parte de Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, desde el inicio de su gestión, ya que cada vez que llevan a cabo una conferencia de prensa se les dificulta el acceso a las inmediaciones del congreso.
