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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Rodolfo Calles, activista de CRIPDES, señaló que el retardo de la aprobación de la Ley General de Aguas, y la reforma constitucional para declarar derecho humano al agua en el país, se debe al “termómetro electoral”, por tanto, la derecha legislativa evita mostrar su rostro privatizador, explicó a Diario Co Latino en exclusiva.
“Aquí el mensaje es para la población salvadoreña, que debe analizar bien qué partidos o sectores están a favor o en contra de los beneficios para la población, así de sencillo”, señaló.
¿Hay preocupación en el movimiento social por la demora legislativa por la ley del agua?
-Yo creo que la preocupación es más de la derecha, y cuando hablo de esto me refiero a todos los partidos de derecha, comenzando con ARENA, porque todas las trabas que pusieron para no discutir la aprobación de la ley general de agua, se les está desvirtuando, los argumentos se les están cayendo y nada más ha quedado la propuesta que la autoridad del agua debe estar en manos del Estado.
Y el hecho que no se haya querido reconocer aún como derecho humano, el agua, no significa que este no lo sea o no exista. La ONU ha reconocido este bien natural como derecho humano y que debe respetarse como tal, y el punto es que aquí se quiere legislar sin reconocer el derecho humano y en función de beneficiar a los privados, y esto no puede ser así.
¿Cuál es la mayor oposición por el sector privado en el ente rector?
-La lógica es no, ¿por qué?, bueno si eres sector privado, tienes tus propios intereses y si te ponen a administrar el recurso pues vas a favorecerte con el recurso, es por eso que no puedes ser juez y parte. El punto más importante es agilizar la discusión, para la aprobación de la reforma constitucional, que eleve a rango constitucional el agua, o sea, un derecho humano, que garantiza el Estado, junto a la aprobación de la ley general de aguas.
¿Cuál primero, la reforma constitucional o la ley de aguas?
-Pueden ser ambas, recordemos que la Ley de Aguas será normativa secundaria y cualquiera con 43 votos podrá cambiarla o reformarla, pero si este marco jurídico cuenta con una reforma constitucional que reconoce el derecho humano al agua, tendrán menor oportunidad de cambiar su contenido o manipularla, y el Estado estará obligado a garantizar a la población salvadoreña el acceso a ese bien natural.
¿Cuál es la diferencia?
-El Estado está obligado a satisfacer las necesidades de las personas, porque es un derecho humano, entonces al garantizarlo, ya podemos hablar de otros usos del agua, como la producción de alimentos. Los productores de caña de azúcar no están muriendo de hambre, pero habrá población que sí va a estar complicada con la alimentación. Y también está la venta de agua y otros usos que le da la industria, turismo, pero primero el derecho humano. Eso debe estar bien claro para toda la población.
Hay sectores poderosos de este país que pretenden agenciarse la administración del bien hídrico, para autorecetarse los usos del agua, ¿De quién hablamos?, de los productores de caña de azúcar, la industria de las bebidas carbonatadas, o el agua embasada. Y todo porque no tenemos una ley que regule esta situación, porque al tenerla en firme, se va a regular que la población tenga acceso al agua desde la cañería de sus hogares, antes de embotellarla para su venta. De eso se trata garantizar un derecho humano.
¿Los privados pueden visualizar el agua como un tema de justicia social?
-En términos generales aquí se benefician los intereses económicos y se deja de lado a la población, que está quedando en situación vulnerable. Y precisamente el cambio climático no está bromeando, viene a complicar más la situación y mucha gente que creyó que en cien u ochenta años tendríamos problemas con el agua, se han dado cuenta que no es así, porque ya lo vivimos. Que los ríos serían quebradas, te cito a los ríos Tacuscalco (Sonsonate), el Lempa, que en verano están casi secos y amenazados, y esto se agudizará más si la administración va a manos privadas.
Porque ellos no se van a preocupar por garantizar la sostenibilidad y mucho menos la recuperación de los recursos naturales de este país.
De eso se trata la justicia social de solventar las necesidades de la población, antes que comercializarla. Que digan que el Estado no es eficiente, bueno pues, se nombra a gente capaz e idónea, no necesariamente a un amigo político o el que sudó la camiseta. Se pueden eficientar las autónomas o el Estado, no privatizarlo.
¿Por qué el retardo legislativo?
-En la comisión hay intereses político-partidarios, ese es el punto. Y la derecha sabe que no le conviene presentar su rostro privatizador con el agua, porque tendrá costos políticos electorales. Y entonces están viendo cómo avanza el termómetro de la campaña que tienen y poder moverse por sus propios intereses. Porque ya se les demostró, se les explicó y se les aclararon todas las dudas que ellos tenían de manera técnica, de manera política, o sea, todas las posturas están dadas y todos los sectores concluyen en que debe ser estatal la autoridad del agua.
Bueno, aquí el mensaje es para la población salvadoreña que debe analizar bien qué sectores están a favor y en contra de la población, que deberán tomar la decisión a qué partido o qué personaje pondrán al frente de la conducción de este país. De quienes van a garantizar o no el acceso al agua, los que están en función de las grandes transnacionales, grandes capitales, ese es el mensaje que la gente debe tener claro.
