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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Nelson Alexander desapareció a sus 17 años, el 26 de abril de 2018, está por cumplir tres años de su desaparición y sin ninguna información. Me siento insultada por las instituciones porque es como si no les importara”, expresa María Hernández, madre de la víctima.
“Mi hijo se encontraba con su padre en Santa Tecla (La Libertad), cuando fue visto por última vez, al salir de la casa. Él nunca faltó a la casa y cuando se llegó la noche nos preocupamos y salimos a buscarlo y hasta la fecha no sabemos nada. En la Policía (PNC) nos dijeron que debíamos esperar 72 horas para una denuncia formal y montar su búsqueda. Insistí que era un menor de edad para que me ayudaran; luego fuimos a la Fiscalía (FGR), nos dijeron que introducirían los datos a un programa especial para la búsqueda de desaparecidos y nada. Es muy difícil esta situación, pero guardamos la esperanza de su encuentro”, manifestó.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) presentó la investigación “La Desaparición de Personas en El Salvador”, con el apoyo de la Unión Europea y Christian Aid, y organismos humanitarios que trabajan en atención a víctimas y familiares.
El estudio de 200 páginas ha sido ordenado en 8 capítulos y 20 recomendaciones finales, y busca sensibilizar a la sociedad salvadoreña sobre este “alarmante fenómeno de violencia” que aumenta en su dimensión, y que aún no cuenta con una respuesta objetiva por entidades del Estado, cuyo deber es investigar, buscar, sancionar a los perpetradores, y garantizar la seguridad pública.
Jeannette Aguilar, investigadora consultora del documento La Desaparición de Personas en El Salvador, manifestó que el estudio es de “carácter exploratorio, que da las primeras aproximaciones al fenómeno de las desapariciones de personas, generando conciencia sobre la problemática y su impacto en las familias, comunidades y sociedad, al ofrecer insumos para mejorar la respuesta institucional de manera integral”.
“El estudio parte de dos supuestos, el primero es que la desaparición de personas emerge como una nueva expresión delictiva estimulada por la impunidad y la falta de respuesta del Estado al fenómeno. La tasa de esclarecimiento de estos gravísimos hechos que de acuerdo al Derecho Internacional es un delito de los más graves contra un ser humano, es bajísima como el nivel de investigación”.
“El segundo supuesto del que partimos es que los móviles de la desaparición muestran variaciones en función de género. Los casos analizados, los móviles para la desaparición y muerte de un hombre son diferentes, al de las mujeres, cuyas desapariciones están vinculadas a sus parejas o entorno familiar, estamos hablando de móviles a su condición de género”, dijo.
Asimismo, señaló que las desapariciones de personas no son eventos relacionados solo con pandillas, aunque continúan siendo autores protagónicos de este tipo de crímenes, señaló Aguilar. De acuerdo con los hallazgos, los móviles apuntan a otros actores como: grupos de exterminio, miembros de la policía (PNC) y del ejército, como el sucedido a tres jóvenes desaparecidos en Armenia, cometido por el Grupo Hermes.
Los registros de los últimos seis años de la Fiscalía General de la República dan cuenta de 20,000 denuncias sobre personas desaparecidas, lo que se puede convertir en una “emergencia humanitaria”.
“Parece ser que a la luz de toda la impunidad que rodean todos estos hechos, la desaparición de personas es un mecanismo eficaz para dirimir conflictos, en un contexto de violencia social muy extendido en donde la violencia se ha incrustado como una dinámica en el tejido social. Una dinámica de relaciones y esto no solo es una expresión delictiva del delito más atroz que se está cometiendo contra la población, sino que hay un entramado social de complicidades y tolerancia de la sociedad que ha permitido y favorecido que este fenómeno haya alcanzado esta elevada cantidad”, explicó Aguilar.
Saúl Baños -director de FESPAD- manifestó que el estudio había sido pensado por FESPAD algunos años atrás, luego de identificar que esta problemática tiene una presencia real y concreta. Además, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad salvadoreña sobre esta “alarmante dimensión” y sus diversos impactos.
“Al final del estudio hay 20 recomendaciones para las instituciones del Estado, para que cumplan con sus obligaciones de brindar seguridad a la población y esto pasa eliminando los actos de desaparición, la voluntad de buscar a las personas desaparecidas, identificar sus restos, investigar y castigar a los perpetradores y reparar integralmente a las víctimas y familiares”, señaló Baños.
El estudio señala que históricamente la práctica de la desaparición de personas tuvo su auge en la década del conflicto armado, y luego de la firma de los Acuerdos de Paz disminuyó de manera significativa. Hasta el año 2003, cuando resurge por denuncias a las instituciones sobre estos delitos, aunque el director de FESPAD señala que no tuvieron una respuesta institucional directa desde el Estado, para su investigación y que esta omisión ha costado la vida de miles de salvadoreñas y salvadoreños.
“Entre el 2019 a 2020, las cifras de personas desaparecidos superan a las personas asesinadas en el país y eso es sumamente serio. El estudio identifica con evidencia empírica que las desapariciones no son solo atribuibles a pandillas, sino que más grave, porque atribuye a miembros de cuerpos de seguridad , o sea, PNC y el ejército. Hay también grupos de exterminio y ante eso hay omisión estatal de investigación, hay tolerancia y cierta apatía a nivel social con la naturalización de esa problemática”, consideró Baños.
Asimismo, calificó preocupante que exista una intervención material o intelectual de personas particulares que no están vinculados a pandillas o grupos delincuenciales, para aplicar esta práctica con el fin de resolver diferencias familiares, personales, según la información recolectada con los testimonios de familiares de víctimas desaparecidas.
“Lo que nos preocupa es la negación estatal y política del fenómeno, entonces, no hay trabajo de la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, el Sistema Judicial, Medicina Legal, lo que puede llevar al país a una crisis humanitaria”, agregó.
En cuanto a la escalada de casos desaparecidos, Baños enfatizó que el estudio ha utilizado el término de “tecnología del terror”, que resume todas las prácticas que implementan estos grupos para desaparecer personas, que se ve fortalecida por la inacción del Estado salvadoreño.
“Creemos que los grupos están desarrollando materialmente el acto de desaparición para complicar la poca capacidad estatal en el proceso de búsqueda. Existen cementerios clandestinos y ahora los manglares están siendo utilizados, eso no lo habíamos visto. Hacen desmembramientos de los cuerpos con el propósito de dificultar la identificación de las víctimas y tienen la capacidad de mantener las cualidades del suelo y paisaje, para que no identifiquen estos cementerios clandestinos. Las autoridades lo saben, incluso, en el estudio se pudo verificar en algunos casos, y es grave, que miembros de la policía (PNC) y del ejército (FAES), ocupan estos lugares también”, manifestó Baños.
Héctor Carrillo -director de Acceso a la Justicia de FESPAD- fue enfático en las recomendaciones para abordar el fenómeno de la desaparición de personas, un “drama humano” que golpea al país.
La “FESPAD quiere visualizar a las víctimas, al fenómeno de la desaparición y de manera responsable contribuir en la seguridad del Estado, como garante de los derechos humanos en el rol de protección de la población. Consideramos que se necesita una normativa de búsqueda por esta situación y que aborde la violencia desde un enfoque preventivo, que está vinculado también a esta situación. Esperamos que el estudio pueda contribuir y esperamos que de manera inmediata se coordinen las instituciones del Estado para atender a los familiares de las víctimas, para garantizar acceso a la justicia y una ayuda psicosocial de víctimas y familiares”, puntualizó.
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