Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Las madres seguimos en el camino de lucha, porque aún no tenemos una respuesta de justicia y reparación. Y seguimos en esta lucha porque sabemos bien que los desaparecidos en la guerra son delitos de lesa humanidad, que no prescriben para el Estado y por esto seguiremos la batalla”, dijo Madre Sofía Hernández, integrante de CODEFAM.
En el Día Internacional de las Personas Desaparecidas, establecido por Naciones Unidas (ONU), las organizaciones Asociación Tutela Legal “Dra María Julia Hernández”, CPDH, CODEFAM, CDHES, ASOFEBE y la CRIPDES, que integran la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador, reiteraron que se debe terminar con la impunidad para las víctimas y familiares del conflicto armado.
“La sociedad salvadoreña se ha construido sobre la base de ciclos de violencia no atendidos, al amparo de la impunidad de grupos de poder y sobre el olvido a las víctimas”, afirmó David Ortiz, abogado de Tutela Legal MJH.
“La desaparición forzada de personas ha sido un práctica sistemática ejercida o tolerada por los gobiernos del país. En el contexto del conflicto armado las desapariciones superan la cifra de 10 mil personas”, sostuvo.
En el pronunciamiento de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador, luego de 32 años de finalizada la guerra, se evidenció que nadie busca a las víctimas o brinda acompañamiento a sus familiares, aseguró Ortiz.
Sin importar que existan resoluciones de la Sala de lo Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH/Corte IDH), instancias que han ordenado la aplicación de la “justicia transicional”, pero los gobiernos las han omitido, agregó.
“Con la profundización del proceso de militarización iniciado en la posguerra, la desaparición forzada es parte del modelo de seguridad implementando en el Régimen de Excepción. Son miles las personas detenidas de forma arbitraria, cuyas familias ignoran su paradero o la certeza si continúan vivos o son torturados con tratos crueles y degradantes“, expresó.
“El modelo de seguridad actual ha significado el reemplazo de la violencia de pandillas, por la violencia que ejerce el Estado, lo que ha provocado que familias que fueron víctimas de las pandillas, ahora son re victimizadas por un gobierno que actúa, al margen de la ley y sin respetar los derechos humanos básicos de la población”, argumentó Ortiz.
Aumento de víctimas por desapariciones forzadas
A las miles de víctimas por desaparición forzada de la guerra, añadió David Ortiz, se suman, actualmente, similar número de víctimas por el régimen de excepción, y eleva su gravedad, porque es cometida por aparato estatal salvadoreño.
“La desaparición forzada es considerada por el Derecho Internacional como una de las peores formas de violaciones a los derechos humanos, que se constituye en crimen de lesa humanidad. Y un delito continuo y permanente, cuyo efecto se prolonga en el tiempo y por generaciones, mientras no se establezca el paradero de la víctima o se obtengan los restos mortales”, manifestó.
“Como sociedad estamos llamados a romper con los ciclos de impunidad que generan más impunidad. La violencia estatal no es el camino para la construcción de un país pacífico y respetuoso de los derechos humanos. El Estado salvadoreño debe cumplir su obligación de reconocer y proteger a las víctimas, que por décadas luchan por la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”, afirmó Ortiz.
Desaparición Forzada instrumento de control político
Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal “Dra María Julia Hernández”, manifestó que la actividad que se realizaba en el marco del “Día de las Personas Desaparecidas”, para tomar conciencia como sociedad que la desaparición forzada, “ha sido un instrumento de muchos gobiernos en el país”, con el sólo fin de aplacar manifestaciones, protestas y denuncias de diversos sectores sociales.
“Una característica de este gobierno ha sido implementar el Estado de Excepción o Régimen de Excepción, como el que tenemos actualmente. Y llevamos 2 años con vigencia de ese régimen, que es ilegal desde su origen y sus prórrogas son aún más ilegales”, expresó.
“Cuando lleguen nuevos funcionarios deberán comenzar a procesar a todos aquellos que violentaron la ley, como el mismo presidente de forma ilegal violenta la ley, con el régimen de excepción y producto de esto hay muchos muertos, detenciones y capturas ilegales que deben juzgarse. Y los jueces que participaron en esas resoluciones cometieron prevaricato, por lo que deben ser procesados y otros funcionarios de centros penales”, argumentó Mauricio.
Carolina Costanza, del Centro para la Promoción de Derechos Humanos “Madeline Lagadec”, dijo que es importante que el Estado salvadoreño cumpla con sus obligaciones constitucionales, y sus compromisos de Derecho Internacional, como los Tratados y Convenciones firmados para atender a las víctimas del conflicto armado, con quienes tiene una deuda pendiente.
“El único recurso que la ciudadanía ha tenido para buscar justicia ha sido la Comisión y la Corte (IDH), han sido quienes han resuelto a los familiares de víctimas. Porque es desagradable que los familiares lleguen a pedir ayuda a la Fiscalía, no les dan respuesta, no hay casos que terminen con prontitud o alguna investigación”, afirmó.
“En la Unidad de Derechos Humanos o la Unidad para Delitos del Conflicto, hay una tardanza terrible y son capaces de exigirle a las víctimas que sean ellas, las que muestren pruebas. Cuando el tema de la desaparición el único testigo del delito es quien lo hizo desaparecer y el único responsable es el Estado salvadoreño”, puntualizó Constanza.
