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German Rosa, s.j.
La democrática en nuestros días evidencia una crisis provocada por la desigualdad de recursos y la desigualdad de capacidades de la población latinoamericana y caribeña. Sobre estos dos ejes giran conflictos distributivos y conflictos de reconocimientos de los derechos de los ciudadanos.
El informe del PNUD del año 2021, destaca que la región de América Latina y el Caribe se ha caracterizado como una de las regiones con las tasas de desigualdad más altas del mundo. Por ejemplo, el quintil más rico de la población de la región representa alrededor del 56% de los ingresos nacionales. La pandemia del COVID-19 ha ampliado esta brecha, porque ha causado la desaceleración de la economía a raíz de la agonía y del cierre de las empresas, la disminución de los ingresos y el aumento del desempleo en millones de hogares que luchan por sobrevivir. Además, la brecha digital – en particular, la falta de internet de banda ancha de alta velocidad y la ausencia de habilidades digitales adecuadas – ha impedido que muchas personas, especialmente las más vulnerables, trabajen o estudien desde sus casas durante la crisis. En estas circunstancias sin precedentes, 22 millones de personas han caído por debajo de la línea de la pobreza en la región, regresando a los niveles del 2008 (Cfr. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/undp-rblac-PNUD_IRDH-2021_ES.pdf).
La educación es un ámbito en el que se evidencia la flagrante desigualdad de oportunidades para el desarrollo de las capacidades en nuestra región. La movilidad educativa es heterogénea entre los países de la región latinoamericana y caribeña. Por ejemplo, en Guatemala, Honduras y Nicaragua, las oportunidades educativas de las familias desfavorecidas no han aumentado en la actualidad: la probabilidad de que los niños de familias con bajo nivel educativo completen la educación secundaria es menor a 20%; mientras que en Argentina, Brasil, Ecuador, México, Perú y Venezuela desde la década de los 80’s la probabilidad para que la población más joven lograra la educación secundaria era superior a 50% (PNUD. 2021. ATRAPADOS: ALTA DESIGUALDAD Y BAJO CRECIMIENTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. New York, Estados Unidos: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, p. 58). La gravedad de la desigualdad educativa se acentúa si pensamos en el acceso restringido y muy limitado de los ciudadanos para concluir la educación universitaria. Pero también la desigualdad se manifiesta en los temas de la salud, la alimentación, el empleo, etc. Estas realidades reflejan que la democracia está en crisis por la necesidad de la justicia distributiva en América Latina y el Caribe, la cual es fundamental para garantizar a los ciudadanos los medios necesarios para solventar las necesidades básicas como son: el trabajo, la educación, la salud, la propiedad, etc., para que nadie quede excluido de los recursos ni de las oportunidades para el desarrollo de sus capacidades.
Las desigualdades de recursos y de capacidades tienen como antecedentes un siglo XX caracterizado por el autoritarismo en América Latina y el Caribe con unos procesos democráticos tardíos y vulnerables.
La llegada de la democracia electoral ocurrió tardíamente en distintos países de Centroamérica: en 1981 en Honduras, en 1982 en El Salvador, en 1985 en Guatemala y luego se firmó la paz (1992 en El Salvador, 1996 en Guatemala). En Nicaragua después de un proceso revolucionario liderado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se derrocó la dinastía Somoza en 1979 y en 1984 se tuvieron las primeras elecciones ganándolas el mismo FSLN, pero perdiéndolas en 1990, cuando se realizaron las segundas elecciones (Cfr. https://nuso.org/articulo/las-democracias-malas-de-centroamerica-para-entender-lo-de-honduras-una-introduccion-a-centroamerica/). Ahora Nicaragua vive un período de persecución política y de represión por parte del gobierno a los opositores a las puertas de las elecciones generales el mes de noviembre próximo, cuyos resultados ya han sido puestos en cuestión, habiendo algunos gobiernos ya expresado que no los reconocerán.
Después de los procesos democráticos tardíos a finales del siglo pasado, los países del istmo centroamericano también han sido golpeados por los flagelos de la corrupción, la malversación de los bienes públicos, la falta de transparencia en la gestión pública, la fragilidad de los sistemas judiciales, el autoritarismo y el militarismo al servicio de las élites que gestionan el poder político.
La desigualdad tiene múltiples dimensiones, que se refuerzan entre sí y tienden a reproducirse, propagándose inter-generacionalmente. Esto impacta porque limita el acceso a la calidad profesional para lograr puestos de trabajo bien remunerados y la protección social, y acentúa las diferencias étnicas, porque existe una mayor pobreza en la población indígena y afrodescendiente. Además, se acentúan las desigualdades de género.
Una sociedad democrática, en nuestra opinión, busca una igualdad de acceso a los recursos fundamentales y también una igualdad básica de oportunidades para el desarrollo de las capacidades de los ciudadanos, pero no se ha dado la necesaria atención al tema de la justicia distributiva en nuestra región y ha creado graves problemas socioeconómicos.
La democracia y las desigualdades económicas y sociales son incompatibles. Cuando existen desigualdades, hay que activar mecanismos sociales para superarlas. Una democracia robusta necesita de un balance entre conflicto y consenso para sobrevivir. El conflicto llevado a sus extremos produce violencia y desintegración social, pero cuando no se permite el conflicto que exige una justicia distributiva, lo que se establece es la unanimidad totalitaria y la exclusión social (Cfr. https://www.files.ethz.ch/isn/112105/doc_americalatina_31.pdf).
Para superar las desigualdades se requieren procesos sociopolíticos de participación democrática inclusiva y amplia de los ciudadanos. Solamente si impulsamos políticas justas y solidarias que se expresen en las instituciones y prácticas sociales podremos convertir la democracia en una forma política real de participación que revierta las tendencias de la desigualdad de recursos y de las capacidades de la población.
Pero seguimos viviendo en un mundo en donde reina la desigualdad en términos de bienestar y de expectativa de vida, de acceso a los recursos, de los bienes fundamentales para que la vida sea digna, desventajas de oportunidades para una infinidad de personas.
Se han implementado muchas políticas en la región para abordar la desigualdad y la productividad con éxito limitado. Sin embargo, la tendencia observable es que se buscan soluciones de corto-plazo para combatir los desafíos de la alta desigualdad y la baja productividad. Las respuestas políticas tienden a ser fragmentadas e ineficaces y, en algunos casos, incluso pueden terminar profundizando las distorsiones existentes en el largo plazo. De hecho, algunas políticas han generado dinámicas que han provocado un agravamiento de las desigualdades y un estancamiento de la productividad. Por ejemplo, la discriminación salarial con respecto a la mujer. Pareciera normal que se permita que una mujer tenga un salario inferior a un hombre aunque ambos desempeñen la misma función o la misma responsabilidad laboral, teniendo ambos la misma cualificación profesional.
Solo si se aborda la complejidad del problema de la desigualdad se podrá romper su círculo vicioso y se fortalecerá la democracia. Esto es cíclico: democracias robustas y fortalecidas con indicadores de igualdad y participación social revierte en la consolidación institucional de la misma democracia. Pero, las desigualdades de acceso a los recursos y de las oportunidades para el desarrollo de las capacidades han llevado al círculo vicioso de violencia y bajo crecimiento reforzando dichas desigualdades, lo cual ofrece un horizonte sombrío para solucionar los problemas de la misma democracia, agravado particularmente por el impacto de las crisis económica y de salud pública provocadas por la pandemia del COVID-19.
Se requiere educarnos para un ejercicio de la democracia con la igualdad de acceso a los recursos y de oportunidades para desarrollar las capacidades de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, la democracia está vinculada estrictamente a la justicia en la sociedad y en el quehacer de la política (Cfr. https://www.diariocolatino.com/perspectivas-politicas-de-la-justicia/). Las sociedades democráticas justas son aquellas que propician la igualdad de recursos y de oportunidades para el desarrollo de las capacidades de los ciudadanos.
En consecuencia, las sociedades democráticas justas necesitan un sistema de justicia independiente y creíble para garantizar los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos y las distintas instituciones públicas y privadas, pues el poder judicial se encarga de impartir la justicia sin discriminación alguna.
La justicia es un derecho, y todos tenemos derecho a vivir en una sociedad que sea gobernada justamente: “Los sistemas de justicia requieren mayor capacidad estatal y legitimidad social para ser efectivos. El apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, a una prensa libre y activa y a la investigación social, que tienen como objetivo recabar información, generar conocimiento e informar al público sobre las realidades de la violencia y la importancia de las soluciones institucionalizadas, es esencial para que las sociedades apoyen y defiendan la labor del sistema de justicia” (PNUD, 2021, p. 243).
En definitiva, para que sea posible la sociedad democrática justa se requieren instituciones y prácticas sociales que hagan posible la igualdad básica de acceso a los recursos y de las oportunidades para desarrollar las capacidades de los ciudadanos. La justicia distributiva es fundamental para garantizar y fortalecer la democracia en América Latina y el Caribe.
