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@GloriaCoLatino
Este 3 de mayo, viagra agentes del Estado salvadoreño se presentarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sovaldi sale en Costa Rica, para la revisión del cumplimiento de medidas sobre la Masacre El Mozote, ocurrido en el municipio de Meanguera, Morazán, al incio de la guerra civil.
– ¿Qué esperan como representantes legales de familiares de víctimas?
El Estado debe rendir un informe sobre los avances del cumplimiento de los puntos resolutivos que ordena que reparen el daño causado.
Son 9 puntos resolutivos de la CIHD -de los cuales- la mayoría se han incumplido, y una de las deudas más grandes que tiene este caso es la “justicia” , porque no se ha avanzado absolutamente, excepto algunas diligencias de exhumaciones.
– ¿Cómo se ha incumplido en el área de la justicia?
Ese plazo ha sido violado porque la Corte IDH, dio 2 años, pero pasaron más de 3 años, y todavía no se ha terminado de mapear (la ubicación) sitios de enterramiento, hay muchas irregularidades cometidas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
– ¿Cómo sucedió esta violación del ente fiscal?
En el sentido que ha procedido a exhumar en sitios que no corresponden a la Masacre de El Mozote; esto es retardo, porque estas personas exhumadas si fueron víctimas, pero fallecieron antes o después de la Masacre El Mozote o por causas naturales.
Esos señalamientos no solo lo hemos hecho nosotros (Tutela Legal “María Julia Hernández) también, la representación de las víctimas, y se consideró porque, el Juez de Paz de Meanguera, Morazán, le pidió a la Fiscalía depurar los sitios de exhumación. Sin embargo, este tipo de errores se los han trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) .
El IML exhumó estos restos, les hizo análisis científicos, los identificó por medio de ADN (molécula genética) pero esos restos no corresponden a la Masacre de El Mozote.
– ¿Esto ha creado una confusión?
Sí, creó una confusión en el sentido de ocasionar una revictimización a familiares de las víctimas.
– ¿Cuáles fueron los problemas con el IML?
Los peritos presentados por la Fiscalía General de la República procedieron hacer las exhumaciones de una manera antojadiza, arbitraria y violando el consentimiento informado de los familiares.
Solo llegaron e invadieron la zona y procedieron a exhumar -creemos como Tutela Legal- que este punto de justicia, es uno de los puntos violentados gravemente.
La Fiscalía General de la República no tiene solo obligación de realizar un levantamiento de todos los sitios de enterramientos, sino también investigar a los autores materiales e intelectuales y todos aquellos funcionarios que en ese momento que se cometió la masacre se opusieron a la investigación y hasta los que se opusieron a que, el Equipo Argentino de Antropología Forense trabajara en 1992.
– ¿El órgano judicial queda en entre dicho por su trabajo?
El tema de justicia es una deuda grande. Y ahí se acumulan muchas otras observaciones, como la no aplicación de estándares internacionales de exhumaciones; los cuales generaron daños psíco-sociales a las familias y razón por la cual, Tutela Legal y representantes de estos familiares tuvimos que solicitar la suspensión temporal de las exhumaciones.
Un punto de honor de los familiares de las víctimas que este proceso de exhumaciones es que esté presente el Equipo Argentino de Antropología Forense.
– ¿Quiénes eran esos funcionarios que se opusieron en 1992?
Estamos hablando de funcionarios judiciales como el ex-presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Gutiérrez Castro, quien fue uno de los opositores, que no querían que se exhumaran los restos.
Esas recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se han cumplido y ni existen diligencias que vayan en pro de investigar a los autores materiales e intelectuales como los efectivos del Batallón Atlacatl, entonces, lo que vemos, es una Fiscalía dedicada solo a las exhumaciones.
– ¿Qué ha ocurrido con esta petición?
La Fiscalía desconoce y rechaza ese proceso judicial histórico; que es el que tiene todas las pruebas científicas desde el momento que se inició la investigación de El Mozote.
Ellos alegan que es cosa juzgada por la Ley de Amnistía, pero la Corte CIDH desconoce y rechaza todo ese tipo de atenuantes que han presentado como la “cosa juzgada” o “ne bis in idem” (enjuiciar dos veces por un mismo delito), tampoco reconoce la Ley de Amnistía, ni la retroactividad de la ley, entonces, estamos viendo que el Estado de El Salvador en materia de justicia está incumpliendo una Sentencia Internacional que es vinculante, y que vamos a 3 años y 6 meses, de no cumplirla en su totalidad.
– ¿Por qué están retrasando estos procesos?
Creemos que le están apostando a la impunidad, porque tanto familiares y las víctimas sobrevivientes están muriendo y no se ha aplicado justicia. Recordemos que acaba de ser deportado el General Guillermo García, que fue Ministro de la Defensa en esa época, y quien negó rotundamente la Masacre de El Mozote se le debería investigar.
Los autores materiales e intelectuales dentro de la cadena de mando de la Fuerza Armada de esa época pueden ser juzgados y procesados, pero no vemos una voluntad de parte de la Fiscalía General de la República para iniciar la investigación.
– ¿Qué entrampa las investigaciones?
Aquí es una lucha también con los jueces en el tema de justicia. El Juez de Segunda Instancia de San Francisco Gotera, los fiscales de la época y otros funcionarios. Porque todos ellos tienen como un “imaginario” que les hace pensar que estos casos del pasado conflicto no deben investigarse.
Nosotros como representantes de las víctimas consideramos que es un pensamiento que habría que romperlo, porque de no atreverse a aplicar la justicia en estos casos, este país profundizará más la impunidad sobre el pasado conflicto.
Los tres órganos del Estado deben caminar en un solo sentido, porque de lo contrario la sentencia sería incumplida, porque del plazo de 5 años, ya pasaron 3 años y 6 meses.
Nosotros quisiéramos que este gobierno avanzara al cumplimiento de la sentencia porque existe un retraso, aunque hay voluntad para cumplirla.
– ¿Cómo está el cumplimiento en otros puntos resolutivos de la sentencia?
– Hay una parte de la sentencia dedicada al “desarrollo” donde la Corte IDH ordena que el Estado debe otorgar todos los beneficios básicos o mejorarlos, pero aún no se ha implementado, en totalidad.
Este tema se está abordando con las políticas públicas que genera el Estado para toda la población salvadoreña y la Corte quiere que esas medidas de reparación sean visibles y diferentes a las que el Estado está obligado a otorgar a todos y todas las salvadoreñas.
Se ha mejorado la red vial de transporte en la zona de Oriente, pero realmente se necesita el mejoramiento también en El Mozote y los lugares aledaños – no nos oponemos a programas de desarrollo- pero consideramos que tendrá que ser visible en los lugares donde se afectó a la población.
