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José M. Tojeira
Hace ya 12 años, el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, insistía en la importancia de la Justicia Transicional definiéndola como “el entero ámbito de los procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad para afrontar un legado de abusos a gran escala del pasado, para asegurar responsabilidad, rendir justicia y lograr reconciliación” (Consejo de Seguridad, S/2011/634). En los Acuerdos de Paz se mencionaron como necesarios algunos aspectos referidos a afrontar, reparar y reconciliar a los salvadoreños, heridos por la barbarie del pasado inmediato.
Sin embargo faltó desde los inicios de la paz la capacidad de redactar una ley de Justicia Transicional. Al contrario, se promulgó una ley de amnistía que consagraba la impunidad y dejaba abiertas las heridas del pasado. Los compromisos de dar de baja en el ejército a los mencionados en la Comisión ad Hoc y en la comisión de la Verdad no se cumplieron, y la fuerza Armada, aunque cumplió con otras obligaciones, como la de reducirse, nunca pidió perdón como institución por sus numerosos crímenes, ni colaboró adecuadamente con la verdad y la justicia.
Todavía hoy la ley de Justicia Transicional, 31 años después de los Acuerdos de Paz, continúa siendo una deuda con la población salvadoreña. Los intentos realizados en años pasados o fueron un intento de repetir con otras palabras la ley de amnistía, o fueron vetados por la Presidencia de la República. En la Asamblea Legislativa, se dice, hay ya un texto avanzado de dicha ley, pero de momento se ha preferido o bien utilizar políticamente algunos casos, o bien frenar otros. Ni la Fiscalía ni el Estado apoya un incremento sustancial de recursos para afrontar la cantidad de casos que están ya presentados en el Ministerio Público.
Y lo que es más grave, no hay ningún intento serio en ese proyecto de ley de la Asamblea, de trabajar el tema de la reconciliación, que es también un elemento fundamental de la Justicia Transicional. Al contrario, en la actual sociedad polarizada y abarrotada de propaganda política virtual, la dimensión judicial se está convirtiendo en un elemento más de división y enfrentamiento. Incluso podemos ver con preocupación cómo en ocasiones se está usando la justicia como un mecanismo de venganza.
Una ley de Justicia Transicional, además de justicia, reparación y mecanismos de no repetición, debe trabajar el tema de la reconciliación. Un tema no solo necesario ante la barbarie del pasado y las heridas que permanecen abiertas, sino también ante ese concepto de justicia como venganza, que está también bastante difundido entre nuestra población.
La Iglesia actual latinoamericana, Maestra de vida y convivencia social digna en medio de sociedades divididas, recomendaba en su Documento de Aparecida que todos los cristianos y personas de buena voluntad trabajemos por convertir a nuestros países en una especie de “casa de hermanos donde todos tengan una morada para vivir y convivir con dignidad”. Para construir esa patria reconciliada es necesario “sumar y no dividir… cicatrizar heridas, evitar maniqueísmos, peligrosas exasperaciones y polarizaciones” (Aparecida 534).
La reconciliación pasa siempre por el diálogo, la justicia social y el consenso moral en valores básicos de convivencia. Y es casi con seguridad el último punto en el que más fallamos. A pesar de que la Constitución salvadoreña insiste por activa y por pasiva en la moralidad notoria que deben tener los funcionarios, con frecuencia convertimos la moral en un conjunto de normas y olvidamos o, incluso intencionalmente, marginamos valores básicos sobre los que se construye la moral. La solidaridad, la capacidad de misericordia y compasión, el reconocimiento de la igual dignidad de las personas, la confianza básica en que el que piensa diferente no es un enemigo, están con frecuencia ausentes en nuestra vida política y, con frecuencia también en la vida social.
En ese contexto la reconciliación es difícil. Y la justicia transicional, sin relación con los valores mencionados, puede terminar más como una parodia de la justicia que como un paso hacia la reparación de las víctimas o un instrumento de justa convivencia.
