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William Siliézar
@DiarioCoLatino
Acompañados de morteros, banda y pancartas, al menos 800 personas que conforman la Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro (CONPHAS) caminaron bajo el ardiente sol hasta la Corte Suprema de Justicia para exigir la salida de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional.
El descontento de la clase trabajadora es por las resoluciones y sentencias que los magistrados Berlamino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González y Florentín Meléndez han emitido: como la del Fondo para la Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT), el impuesto a la telefonía y eliminación del tributo mínimo del 1% sobre los ingresos de las empresas.
Marisela De león, representante del sector laboral de CONPHAS, manifestó que las acciones de la Sala de lo Constitucional están llevando de retroceso al país, puesto que las resoluciones emitidas son apegadas a “intereses oscuros de la oligarquía salvadoreña”.
Explicó que la Sala tiene una deuda con el país, ya que hay personas de la clase trabajadora que siguen esperando que se resuelvan sus problemas, denunciando que “a la oligarquía les resuelven inmediatamente”.
“Los magistrados de la Sala no responden a los intereses del pueblo, sino de los poderes neo liberales de la empresa privada y de la oposición del país“, expresó.
Además, dijo que “marchamos hasta la Corte Suprema para decirles a los magistrados que no son gobernantes del país, sino quienes deben titular la garantías constitucionales que tenemos los salvadoreños, no puede ser que se tomen atribuciones de gobernar, legislar y juzgar porque para eso están los tres poderes del Estado”.
Respecto a las declaraciones del magistrado Rodolfo González, quien aseguró en una entrevista matutina que no reúnen con el Gobierno para llegar a un acuerdo porque es una “pérdida de tiempo”, De león señaló que es evidente el descontento de la Sala porque el ejecutivo no responde a sus intereses particulares.
“Consideramos que ellos (los magistrados) deben reunirse con el Gobierno si en realidad les interesa el pueblo salvadoreño y no con la oligarquía que tienen a su favor a medios de comunicación que sólo manipulan la realidad del país“, acotó.
Por otra parte, ante la denuncia contra el magistrado Berlamino Jaime en el Tribunal de Etica Gubernamental (TEG) indicó que la institución responda bajo derecho y funja sus funciones correspondientes.
“Esperamos que diga públicamente que hay de resultado, porque es importante que sea de conocimiento de todo el país. Sabemos que él es un corrupto y es necesario comprobarlo”, enfatizó.
Asimismo, agregó que lo único que piden es que se destituyan a todos los jueces corruptos que están dentro del órgano judicial, más no acciones como las de ayer donde se movieron a al menos 33 jueces, entre ellos la jueza del caso Rais-Martínez, Evelyn Jiménez, ex titular del Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
