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Alberto Romero de Urbiztondo
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Del 7 al 9 de agosto se realizará en Lima la III Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, donde los Gobiernos analizarán los avances y retos en el cumplimiento del Consenso de Montevideo, acuerdo firmado en 2013 por todos los países, incluido El Salvador, de gran importancia para nuestras vidas, pues nuestro Gobierno se comprometió a promover políticas que contribuyan al ejercicio del derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, tomando decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre nuestra sexualidad, orientación sexual e identidad de género. Y para lograrlo, desarrollar políticas para erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad de género, así como garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, de acuerdo a las necesidades específicas de hombres y mujeres, adolescentes y jóvenes, personas LGBT, personas mayores y personas con discapacidad. En nuestra sociedad, en la que el embarazo de niñas y adolescentes es el 28% del total de embarazos del país y en que el abuso sexual en la mayoría de casos en el seno del entorno familiar es tan frecuente, el garantizar estos derechos es una necesidad impostergable.
Pero estos compromisos están amenazados por grupos de influencia religiosa que pretenden imponer a toda la sociedad su visión moralista de la sexualidad, limitada solo a una función reproductiva en el matrimonio. Sus mandatos tienen poca aceptación por la sociedad, por ejemplo la abstinencia periódica como única forma de regulación reproductiva que esos grupos proponen solo es practicado por el 2% de las personas en edad fértil. Pero su oposición a políticas públicas de educación integral en sexualidad o servicios amigables de salud sexual y reproductiva para jóvenes o la prohibición absoluta del aborto dificultan que el Estado garantice el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos para toda la sociedad. Es importante que en la III Conferencia Regional de Población y Desarrollo logremos avanzar en la garantía a estos derechos, en un marco de laicidad del Estado, sin que sean criterios religiosos los que los regulen.
