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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Eduardo Guerrero Lomeli, abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por las siglas en inglés) tiene la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IDH), y todo lo relacionado con la implementación de lo dictado en las sentencias por parte de los Estados.
“CEJIL es una organización que litiga casos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el continente americano tenemos nuestra oficina en Costa Rica, y trabajamos con casos para México y Centroamérica”, explicó Guerrero en entrevista exclusiva a Diario Co Latino
-¿Cómo se encuentra el Estado salvadoreño por los casos denunciados, ante el Sistema Interamericano?
Todos los casos que hoy en día están con sentencia, o con recomendaciones de la Corte Interamericana, son en el marco del conflicto armado de los años ochenta. Entre ellos casos como la niñez desaparecida, las hermanas Serrano Cruz y los hermanos Contreras, así también como el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, que esta con sentencia de la Corte IDH. Y ante la Comisión Interamericana (CIDH) esta el caso de monseñor Óscar Romero, que se inserta dentro de este conflicto armado; también tenemos como una medida de protección a mujeres, en materia de derechos sexuales y reproductivos, a la que se le negó un aborto terapéutico, en eso estamos trabajando.
-¿Cómo va el caso de monseñor Óscar Romero?
El caso de monseñor Romero esta ante la Comisión Interamericana, que dio un informe de fondo emitiendo algunas recomendaciones, en donde la CIDH le ordena al Estado salvadoreño investigar los hechos, juzgar a los responsables y recomendó que la Ley de Amnistía no significara un obstáculo para la justicia y la reparación a sus familiares. Pero en el pequeño avance logrado, aunque muy sustantivo con la inconstitucionalidad de la Ley (Amnistía), que también es parte del caso de monseñor Romero, ahora el Estado salvadoreño esta pretendiendo un retroceso.
Con respecto a la investigación y la aplicación de justicia, también tenemos la gran deuda pendiente, el informe de fondo de la CIDH es del año 2000, y a la fecha el caso no ha sido resuelto pese a los procesos judiciales abiertos que luego de 2016 (derogación Ley de Amnistía) se reapertura el caso. Pero como no hay ningún responsable sancionado o los autores intelectuales no han sido todos identificados, pues no hay cumplimiento del Estado y es una deuda pendiente, en el caso de monseñor Romero.
-¿Cuál es la situación con los casos de Pro-Búsqueda?
Con Pro-Búsqueda somos representantes en el caso de las hermanas Serrano Cruz (Herlinda y Ernestina), en el caso de los hermanos Contreras (Serapio y Julia) y casos de la niñez desaparecida. Nos acompañamos para ayudar a las familias de las víctimas, en sus denuncias ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que son muy emblemáticos y que le dictan al Estado salvadoreño sus obligaciones en materia de los derechos de la niñez desaparecida, en su búsqueda de manera oficial, y que lamentablemente son sentencias que hasta la fecha son medidas sin cumplir por parte del Estado salvadoreño.
-¿El Estado salvadoreño ha cumplido con algo de estas sentencias?
Solo partes de las sentencias, porque acciones como implementar mecanismos de búsqueda de las hermanas Serrano y hermanos Contreras son pendientes que tiene el Estado salvadoreño; además esta el tema de las investigaciones sobre el paradero y es uno de los puntos más importantes, porque el hecho de conocer la verdad de los hechos es importante para la familia. Así todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, puedan ser sancionados desde la institucionalidad.
El Estado salvadoreño tiene la responsabilidad de generar sus políticas y mecanismos, para dar un resultado a los familiares, independientemente del tiempo que utilice para cumplirlo. Porque como Estado tiene la obligación y no puede ”lavarse las manos”, tiene esa responsabilidad desde hace mucho tiempo. Hay otros países en donde hubo dictaduras militares y conflictos armados, y muchos han llegado a realizar sus investigaciones. En El Salvador esta moviéndose a un ritmo lento, pero eso no significa que el Estado debe dejar pasar mucho tiempo.
-¿Por qué se arriesga el Estado salvadoreño con estas sentencias?
Esta claro que afecta a los estados, porque el Gobierno está incumpliendo las obligaciones internacionales y son obligaciones que el propio Estado salvadoreño firmó y ratificó, cuando aceptó la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y en este caso la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.
Y, si no cumple, queda al frente de instancias internacionales ante la comunidad internacional como una nación que no es democrática, y en especial por no procurar el cumplimiento de sus obligaciones en derechos humanos.
-¿Qué opina de la Ley de Reconciliación?
El Sistema Interamericano en su jurisprudencia y estándares jurídicos nos han dicho que las leyes de amnistías en tema de violaciones de Derechos Humanos no puede ser aplicada bajo ninguna circunstancia. Y las graves violaciones deben investigarse, no puede haber ningún vencimiento de responsabilidad, llámese amnistía o indulto, o se tomen medidas que lleguen a fortalecer la impunidad de los responsables; esto no puede ser permitido.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy clara sobre esto y el nuevo intento de una ley, que llaman de reconciliación, y genera los mismos efectos de una amnistía, estaría generando el incumplimiento de la sentencia que de la corte IDH, porque deja en riesgo el acceso a la justicia de las víctimas, y en el caso en concreto de la masacre de El Mozote y sitios aledaños sería de desacato al cumplimiento de la sentencia. Es por esto que la Corte IDH pidió a la Asamblea Legislativa abstenerse de continuar con el trámite de la comisión ad hoc, con el proyecto de Ley de Reconciliación, que representa un riesgo irreparable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas.
