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(Colectivo Tetzáhuitl)
Los datos oficiales del BCR advierten que el país tiene una economía que está a punto de caer al abismo…
Acá no hay donde perderse.
La lectura de los datos del BCR, sobre todo de la más reciente Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, revela que la situación económica de las familias salvadoreñas ha venido empeorando desde que Bukele llegó a la Presidencia en Junio del 2019.
Para principios del 2023 habían más familias viviendo en situación de extrema pobreza que al final del gobierno de Sánchez Cerén.
Ahora hay 170 mil 700 familias en esa condición, el doble de los 87 mil 400 hogares que habían en el 2019.
Estas personas deben sobrevivir con menos de $2 dólares diarios, es decir, $60 dólares al mes.
Su dieta alimenticia no pasa de una ración de tortillas y frijoles.
Difícilmente pueden tener acceso a huevos, leche, vegetales y ya no digamos pollo o carne.
A finales del 2022, la canasta básica de alimentos costaba $171 dólares para una familia promedio de 4 miembros.
Con los ingresos de los hogares viviendo en situación de extrema pobreza, estas familias tienen ahora un déficit mensual de más de $100 dólares.
Por eso es que se conocen como pobres extremos o pobres absolutos, porque no ganan lo suficiente para comprar sus alimentos y menos para tener acceso a servicios básicos como agua, luz, salud, educación, vestimenta y vivienda.
La encuesta del BCR muestra que el consumo de agua y energía ha caído con respecto al 2019.
Hoy en el 2023 hay menos hogares que hace cuatro años con servicios de energía eléctrica y agua.
La calidad de vida ha empeorado.
Los más importantes indicadores sociales en Salud y Educación se han deteriorado en estos 4 años de gobierno de Bukele.
Y esto no lo asegura la oposición sino los datos oficiales del BCR que respaldan esta información.
El aumento del costo de la vida medido por el aumento de los precios de los productos de primera necesidad, especialmente de los alimentos, no ha podido ser frenado por el gobierno.
De hecho no existe ningún plan de contingencia para hacerle frente al encarecimiento de estos productos o bienes esenciales.
Bukele ha cerrado o desfinanciado los programas sociales que en los gobiernos del FMLN le permitían a la población mayores niveles de bienestar.
El Ministerio de Desarrollo Local, que absorbió los programas sociales que en el pasado administraban el FISDL, la Secretaría de Inclusión Social y la Secretaría Técnica de la Presidencia, apenas entregó 38,377 raciones alimenticias en el 2022.
En un país con 528 mil familias en pobreza (extrema y relativa), solo siete de cada cien recibieron una ración que a lo sumo alcanza para dos semanas.
Una medida que paliaría esta situación es la aprobación de la eliminación temporal del IVA para los alimentos y las medicinas.
La medida por supuesto no puede aprobarse sin que se haya modificado el marco normativo del gobierno de modo de otorgarle la capacidad de verificar y regular precios.
Aisladamente la eliminación del IVA solo provocaría que el comerciante se quede con el impuesto, en lugar de bajarle el precio a los productos que vende.
En los cuatro años de gobierno de Bukele, por lo menos una docena de programas sociales han sido cerrados y una docena más de estos programas han sido desfinanciados.
Para la mayoría de los economistas, el país ha entrado en un ciclo recesivo que tiene estancado el crecimiento.
Hasta Marzo de este año, la tasa de crecimiento, según el BCR, no pasaba del 0.8% y las proyecciones para el primer semestre son de apenas el 1%.
De seguir este comportamiento, lo más probable es que El Salvador no crezca arriba del 2% como lo proyectó el gobierno cuando presentó el Presupuesto a la Asamblea Legislativa para su aprobación.
Este ciclo recesivo se explica por la caída de la inversión pública y de la inversión privada, tanto nacional como extranjera.
Para 2023, la Asamblea proyectó una inversión pública de más de $1,600 millones de dólares. Sin embargo, hasta Mayo el gobierno solo había invertido el 14.3% de lo aprobado.
En activos físicos (obras de infraestructura), el gobierno solo ha invertido el 4% del total.
En formación de capital humano, la inversión no llega ni al 5%.
Ministerios claves para mejorar las condiciones de vida de la población, sobre todo de las familias de menos ingresos, como el Ministerio de Desarrollo Local al mes de Mayo de este año solo había invertido y gastado el 19% de lo aprobado por la Asamblea.
Lo mismo ha ocurrido con los Ministerios de Salud, Educación y Obras Públicas.
En cambio, Ministerios como el de Relaciones Exteriores, que muy poco tiene que ver con las condiciones de vida de la población, o el Ministerio de Defensa o la Secretaria de Prensa y la de Comunicaciones han invertido en 5 meses más del 50% de los presupuestos aprobados.
El Presupuesto 2023 presenta además un faltante de $1,915 millones de dólares, de un total proyectado de más de $9 mil millones.
Estamos hablando de un desajuste presupuestario del orden del 21% de lo que el gobierno necesita para cumplir con sus metas.
A la caída de la inversión publica se suma el estancamiento de la inversión privada.
Los empresarios nacionales están invirtiendo mucho menos que lo que invertían hace 4 años.
Esto explica que sectores como la Construcción, la Agricultura, la Industria y el Comercio han caído en su crecimiento.
Hasta Mayo de este año, el volumen de las exportaciones se redujo en -0.5%, mientras que el valor de éstas cayó en -7.2% con respecto al año pasado.
Igual ha ocurrido con las importaciones de materias primas y bienes de capital.
Si ahora se compran menos materias primas y menos maquinaria y equipo es porque se está produciendo menos que antes.
La recaudación tributaria en los primeros 3 meses del año ha sido menor que lo colectado en el mismo período el año pasado.
Contrario a lo que afirma el Ministro de Hacienda, la recaudación tributaria cayó hasta el mes de Mayo en -0.5% en relación a lo colectado en el mismo período del año pasado y cayó en
-4% con respecto a lo presupuestado, es decir, el gobierno recolectó $141 millones de dólares menos que lo que se había proyectado en el Presupuesto 2023.
Si se cobran menos impuestos, en un contexto de combate a la evasión fiscal, es porque la gente está consumiendo menos y por tanto, pagando menos IVA y menos impuestos específicos.
De hecho, el consumo privado ha caído en -0.5% y el medio circulante es -0.7% menor al del año pasado.
Similares consideraciones hay que hacer con respecto a la Inversión Extranjera Directa (IED).
En el 2022, El Salvador cerró el año con una desinversión o saldo negativo de -$101.1 millones de dólares, una cifra muy distante de los $314.48 millones que entraron en el 2021, lo que marca un fuerte contraste con el resto de países de la región.
Todos los países centroamericanos, con la excepción de El Salvador, no solo tuvieron saldos positivos sino que aumentaron sus flujos de inversión extranjera con respecto al 2021.
La lista es encabezada por Costa Rica con una IED de $3,673 millones de dólares. Le sigue Panamá con $2,513 millones. Luego está Guatemala con $1,352 millones. Nicaragua con $1,294 millones de dólares. Honduras con $1,082 millones y finalmente El Salvador con -$101.1 millones de dólares.
Nuestro país, según la Revista FORBES, ni siquiera figura en la lista de los 10 países de América Latina considerados como los más atractivos para hacer negocios y por tanto, para atraer inversionistas privados.
Es obvio que el mejor clima de seguridad, que se expresa en bajos niveles de homicidios, no ha contribuido a atraer empresarios extranjeros que deseen invertir en el país.
Ni siquiera la tan publicitada Ley del Bitcoin ha logrado ese objetivo, a pesar de que fue una de las justificaciones que el gobierno y los Diputados oficialistas usaron para su aprobación express.
El Salvador es además de los pocos países donde la Deuda Pública (Externa e Interna) aumenta aceleradamente al mismo tiempo que aumenta la pobreza.
La Deuda Pública ha pasado de $19 mil millones de dólares como la dejó el FMLN a más de $26 mil millones, equivalente al 81% del PIB.
Simultáneamente, la pobreza aumentó en cuatro años (2019-2022) de 22.8% a 26.6% de los hogares salvadoreños.
Este aumento de 4 puntos porcentuales en la pobreza ha ocurrido a pesar de que Bukele ha contado con suficiente disponibilidad de recursos, tanto externos, provenientes de préstamos y de la cooperación, como del Presupuesto Público.
Qué ha ocurrido entonces?
Todo apunta a que el gobierno ha aumentado el despilfarro y los gastos superfluos y que una parte importante de esta Deuda ha ido a parar al bolsillo de los grandes empresarios y de los funcionarios públicos.
Esta es una realidad constatable y que ha sido documentada ampliamente por la prensa pero que la población no alcanza a percibir y procesar y de ahí los altos niveles de aprobación de Bukele y su gobierno a pesar de que la economía nacional va rumbo al despeñadero.
Bukele no ha cumplido con la mayoría de sus promesas electorales y es casi seguro que no lo hará en un segundo mandato.
Si algo caracteriza la gestión de Bukele, además de su autoritarismo, es la frecuencia con la que le miente a la población y le crea falsas expectativas.
Dijo que gobernaría para los pobres y que combatiría la pobreza y la concentración de la riqueza, pero hizo todo lo contrario.
En cuatro años se han generado más pobres que antes y la riqueza nacional ha aumentado su concentración en cada vez menos familias.
Una investigación de OXFAM revela que solo 160 millonarios en El Salvador concentran una riqueza equivalente al 87% de la producción nacional.
De hecho, un solo grupo empresarial oligárquico, que lidera Roberto Kriete, es propietario de activos que sobrepasan los $6 mil millones de dólares en un país con un PIB de $32.4 mil millones hasta finales del 2022, es decir, más del 20% de la producción nacional.
Qué ha pasado entonces con la promesa de reducir el poder económico y la influencia política de aquellos grupos económicos que Bukele llamó “los dueños de la finca”?
No ha pasado nada, absolutamente nada.
Lejos de eso, en estos cuatro años de gobierno los ha favorecido y tiene una alianza de gobernabilidad con algunos de ellos.
A los hechos nos remitimos.
Ya había ganado Bukele las elecciones presidenciales del 2019 cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo, controlada por GANA, falló a favor de condonar la deuda que el Grupo Avianca tenía con el Ministerio de Hacienda por más de $30 millones de dólares, en concepto de impuesto del IVA por consumo de combustible en la terminal aérea de Comalapa.
En estos cuatro años, el Ministerio de Medio Ambiente ha autorizado al menos 4 proyectos urbanísticos de importantes y poderosos grupos empresariales que impactarán negativamente en el ecosistema, la flora y la fauna del país.
Son proyectos que fueron autorizados y están siendo ejecutados en áreas protegidas en las que se encuentran estratégicas zonas de recarga acuífera.
Nayib Bukele es de los pocos Presidentes de América Latina y el Caribe que se han resistido a firmar el Acuerdo Escazú, que impide la autorización de proyectos de inversión que pueden tener impactos negativos en la protección del Medio Ambiente.
Se sabe, además, que está por derogar la Ley contra la Minería que cerró proyectos mineros nocivos para las comunidades pobres, como los impulsados por la transnacional canadiense Pacific Rim Corporation.
La Asamblea oficialista aprobó recientemente la Ley del Agua, propuesta por el Ejecutivo, que favorece los intereses empresariales de los dueños de Ingenios Azucareros, de empresas dedicadas a la producción de Cervezas y Bebidas Alcohólicas, así como de empresas que se dedican a producir y comercializar agua embotellada, refrescos y gaseosas.
Todo esto en detrimento de las comunidades pobres donde escasea el agua y donde sus habitantes pagan más por el agua consumida.
Esta misma Asamblea aprobó una reforma previsional que aumenta las ganancias de las AFPs y que no asegura la cobertura del sistema ni la rentabilidad y sostenibilidad financiera del Fondo de Pensiones.
Incluso, con la reforma promovida por Bukele y apoyada por el oficialismo en la Asamblea, el gobierno acaba de confiscar una parte del Fondo de Pensiones en clara violación al artículo 106, inciso final, de la Constitución.
El préstamo con el Fondo de Pensiones para cubrir una parte del déficit presupuestario y poder financiar las elecciones del próximo año son una especie de confiscación de las pensiones de los trabajadores en la medida que el gobierno, a través del Instituto Nacional de Pensiones, no está obligado a pagar intereses como sí los habría pagado si el dinero hubiese provenido de la banca privada nacional o de la colocación de bonos del tesoro público en el mercado internacional.
Bukele no solo no ha afectado a los “dueños de la finca” sino que los ha favorecido y pretende formar parte de esa pequeña lista de propietarios del país.
La gente no toma conciencia de esta realidad de la misma forma como no relaciona el deterioro de su situación económica familiar con la gestión pública que ha hecho Bukele en todos estos años.
A este efecto ha contribuido la millonaria campaña propagandística que Bukele comenzó a impulsar desde el primer día en la Presidencia.
Si Bukele no cumplió con la mayoría de sus ofertas electorales y aún así mantiene alta aceptación entre la población, por qué ahora va a necesitar cumplir las promesas que formule en esta campaña y que ya adelantó en su discurso de cuarto año de gobierno en la Asamblea?
El rumbo de la economía, el mal manejo de las finanzas públicas, el aumento de la pobreza y las desigualdades económicas y sociales no son suficientes para derrumbar la imagen positiva de Bukele.
Tal como hemos venido sosteniendo, en otras circunstancias un Presidente que ha manejado mal la economía del país y que ha descuidado y no ha impulsado políticas públicas que mejoren sensiblemente las condiciones de vida de la población tendría una mala imagen ante el electorado.
Bukele no enfrenta ese problema, al contrario goza, según las encuestas de opinión, de una alta aceptación entre la población que le asegura su reelección, por muy inconstitucional y fraudulenta que sea su candidatura.
La mayoría de la gente no alcanza a percibir la violación a la Constitución y mucho menos lo perjudicial que esta violación puede resultar para el futuro de la democracia salvadoreña.
La gente tampoco alcanza a relacionar el deterioro de su economía familiar con la gestión gubernamental y menos con la falta de interés de Bukele por la población de escasos recursos.
En esta falta de conexión no solo influye la millonaria propaganda de CAPRES a favor de Bukele y su gestión gubernamental, sino el estado actual de la oposición.
Una oposición dividida, en la que la mayoría de los partidos que la integran velan por sus propios intereses y que para colmo enfrenta un grave deterioro de su imagen y de su capacidad de representación política, contribuye indirectamente a mantener alta la aprobación ciudadana del Presidente.
Así es como nos encontramos a solo 7 meses para que se celebren las elecciones generales en el país.
El escenario electoral y político, al menos en estos momentos, está caracterizado por una oposición débil y desorientada que no tiene capacidad de enfrentar a un Presidente con una imagen fuerte y muy arraigada entre la población.
A menos que algo excepcional ocurra en los meses que faltan para el evento electoral, el segundo mandato continuo de Bukele es una “victoria anunciada”, mientras la estrepitosa derrota de la oposición es una “muerte anunciada”
