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Julia Evelyn Martínez
El discurso hegemónico sobre la reforma de pensiones ha logrado colocar en el imaginario popular salvadoreño la idea que la reforma del sistema de pensiones es un tema técnico, y que no debe politizarse. Al amparo de este discurso, la clase trabajadora y las organizaciones sociales populares se han autoexcluido del debate sobre las pensiones, y pasivamente han asumido el rol de simples espectadores a la espera que expertos e iluminados encuentren la milagrosa fórmula que permita reformar el sistema previsional sin tocar los intereses del Capital Financiero.
La despolitización de la sociedad y de los debates económicos es una vieja treta del pensamiento conservador neoliberal usada con la finalidad de debilitar a la clase trabajadora en la lucha de clases. Funciona en base a una estrategia relativamente sencilla. Primero, se convence a la opinión pública que la política es algo indeseable, detestable y/o abominable (al estilo House of Cards o de Game of Thrones). Luego se desprestigia a las personas que participan en política, representándoles como incapaces, adictas al poder personal y esencialmente corruptas. Como corolario, se apela al sentido de decencia y al sentido común de la ciudadanía para que no se involucre directamente en la solución de sus problemas y que traslade la solución a los mismos en personas y/o instituciones (consultores, tanques de pensamiento, universidades) que supuestamente poseen la capacidad y neutralidad necesarias. Al final, solo es cuestión de tiempo para que los intereses económicos de una minoría se impongan sobre los derechos de la mayoría, bajo el disfraz de soluciones técnicas.
Frente a la estrategia de la despolitización de los temas económicos, es importante recordar que la economía es por definición un campo de acción inseparable de la política. En la introducción al ensayo “Principios de Economía Política y Tributación”(1817), David Ricardo nos advierte que el objeto de estudio de la economía es determinar los principios que determinan la distribución del producto social entre las clases sociales. Esto significa que en la medida que los temas o problemas analizados involucren un componente distributivo entre clases sociales, estos no pueden analizarse y/o resolverse al margen de las relaciones de poder entre las clases sociales que pugnan por tener una mayor participación en la riqueza social.
La reforma al sistema de pensiones es un tema político por excelencia, porque involucra una distribución primaria del excedente económico entre el Trabajo y el Capital que se expresa en la siguiente disyuntiva: ¿mejores pensiones para la clase trabajadora o mayores ganancias para la clase capitalista? Esta es la Economía Política de la reforma de pensiones.
La clase capitalista representada por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) puja por continuar obteniendo ganancias extraordinarias de la administración de un fondo de pensiones privadas, que no garantiza el derecho a una pensión digna a la clase trabajadora, y en particular a las mujeres. Mientras tanto, la clase trabajadora y el movimiento social popular carecen de conocimientos, de voces y de votos en esta lucha política por la distribución del excedente y con su inacción, sin proponérselo ceden progresivamente más espacio a la propuesta de reformas de su clase antagónica.
El gobierno por su parte, debilitado fiscal y políticamente, se limita a reivindicar únicamente la posibilidad de usar los fondos de pensiones para pagar los costos financieros y sociales de la privatización de las pensiones, sin cuestionar en ningún momento el modelo privatizador instaurado en 1998, que convirtió el derecho humano a una pensión en una mercancía.
Los sistemas públicos de pensiones son derechos de ciudadanía social conquistados por la clase trabajadora en coyunturas históricas de posicionamiento ventajoso en la lucha de clases. El Estado de Bienestar y la organización sindical fueron piezas fundamentales en el reconocimiento y garantía de este derecho. Esto explica por qué ambos instrumentos han sido y siguen siendo combatidos con tanto ahínco por el capitalismo neoliberal. En consecuencia, si la dirigencia de la clase trabajadora y del movimiento popular quieren recuperar el terreno perdido en la lucha por un sistema de pensiones público, solidario y universal, deben volver la mirada al ejemplo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Chile NO + AFPP y a su experiencia en la re-politización sindical y popular después de cuatro décadas de anomia social. A diferencia de 1998, en esta ocasión, Chile sí puede ser un buen ejemplo de lo que debe hacerse con las pensiones.
